Santa Cruz: cómo se espía a trabajadores en el sur

Por Lucía Salinas @salinaslucia (Desde Santa Cruz)

El gobernador Daniel Peralta eliminó un organismo que practicaba inteligencia ilegal. Denuncias de espionaje en la provincia presidencial.

 

“Para que nadie dude de que en mi Gobierno se respetan los derechos constitucionales” fueron las palabras de Daniel Peralta al anunciar la eliminación del Departamento de Información Policial (DIP) de la institución policial de Santa Cruz.

La sorpresa para muchos pareció confirmar lo denunciado por la Mesa de Unidad Sindical (MUS) que reúne a más de 11 secretarios generales de los Gremios estatales de la Provincia: “En Santa Cruz las fuerzas de seguridad son utilizadas para espiar e investigar a manifestantes, delegados gremiales”.

Días atrás la MUS (que se reunió para organizar un plan de lucha por aumentos salariales) emitió un documento después de ser trabajado en un plenario del que participaron más de 300 trabajadores, en el mismo se pidieron explicaciones sobre la implementación del Proyecto X en Santa Cruz, sus alcances y antecedentes. La disconformidad entre los representantes sindicales fue unánime al conocerse las explicaciones de la Ministro de Seguridad -Nilda Garré-. La respuesta ante las denuncias sobre el Proyecto X como programa de espionaje a manifestantes, delegados gremiales, con la explicación de que dicho programa sólo es una herramienta informática y que las fuerzas de seguridad nunca procederían antes las organizaciones sindicales sin una orden judicial, fueron rechazadas por unanimidad desde la Mesa de Unidad Sindical y condujo a una ratificación de la denuncia.

“Pedimos al Estado Provincial nos informe sobre el alcance del Proyecto X en Santa Cruz y repudiamos todo tipo de metodología de espionaje e investigación a trabajadores”, fue parte del Documento emitido por los Gremios santacruceños.

Desde el Gremio de Judiciales su Secretario General indicó que “la implementación de programas desde las fuerzas de seguridad han sido permanentes en Santa Cruz. Durante el 2007 hubo una oficina de la policía habilitada donde se tenían fotografías de delegados gremiales, sus datos personales, incluso números de patentes, lugares de trabajo, teléfonos, dirección. Era una panel lleno de fotografías”.

“Voy a enviar a la legislatura un Proyecto de Ley para dar una nueva estructura orgánica de la policía, que viene a reemplazar la legislación que data del año 1972. Buscamos mayor eficiencia en la optimización y organización de los recursos  en beneficio de la comunidad”, fueron parte de los fundamento del Gobernador Peralta cuando comunicó la supresión de la DIP.

El DIP Departamento de Informaciones de la Provincia de Santa Cruz existe hace décadas, figurando dentro del organigrama policial como una dependencia de Operaciones. Fue creada en la época del Gobierno militar en los 70. En sus inicios se buscaba que sirviera como brazo de la justicia pero quienes conocen en detalle el funcionamiento del DIP explicaron que “en realidad su misión fue poner bajo investigación a todo y a todos para detectar cualquier movimiento que se pudiera considerar ‘subversivo’”.

Cuando en Argentina retornó la democracia, se buscó reencausar el DIP y hacerlo funcionar bajo su inicial razón de existencia.

Paralelamente, en Santa Cruz existía la SIDE provincial que dependía directamente del mismo organismo a nivel nacional. Su principal función era asistir en la investigación de delitos federales, tráfico de drogas, secuestros, entre otros. Pero en la década del 90, se decidió la supresión de la SIDE Provincial para unificar con la DIP, hasta la finalización del edificio para la instalación de la SIDE Nacional en Río Gallegos.

Durante los Gobiernos de Néstor Kirchner la DIP fue el organismo de confianza considerando que la SIDE ya no dependía de la Provincia. Fuentes del propio Departamento que se disolverá en días, afirmaron que el organismo cumplía funciones de vigilancia de carácter político y gremial. Los gremios sostienen y han denunciado tal metodología en diversas oportunidades de conflictos que involucraban sindicatos. Pinchaduras de teléfonos, infiltraciones en los movimientos sociales, fotografías proporcionadas a la Justicia, investigaciones sobre datos personales de dirigentes gremiales, son algunos de las acciones que la Mesa de Unidad Sindical denunció.

Con los consecutivos reclamos de los Sindicatos de la Provincia, el anuncio realizado por el Gobernador Peralta el día de la sesión inaugural, no pareció un hecho aislado ni mucho menos ajeno a la mediatización de la denuncia sobre la implementación del Proyecto X.

Desde la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) su Secretario General hasta enero de 2012, Pedro Muñoz, explicó que “este tipo de metodologías como el Proyecto X ha sido utilizado en Santa Cruz, respondiendo a una línea de conducta del gobierno kirchnerista en la Provincia. Lo hemos visto en diferentes conflictos del sector docentes por años”.

Según la información proporcionada por el ADOSAC y denunciada en diversas oportunidades, en el año 2004 cuando se produjo en Zona Norte de la Provincia un importante paro docente durante el Gobierno de Sergio Acevedo, identificaron que personal de Prefectura en la localidad de Caleta Olivia, había procedido con seguimientos a delegados del Gremio como a docentes durante las movilizaciones.

Las prácticas de seguimiento y espionaje a docente, tal como denuncia el gremio, fueron constatadas durante uno de los mayores conflictos de la organización sindical en reclamo del blanqueo de un básico de $161 congelado desde 1991 tras la declaración de la Emergencia Económica por Néstor Kirchner que asumía su primera gobernación. “Durante el 2007, había personal de las diferentes fuerzas de seguridad, policía provincial y Gendarmería, que sin orden judicial iba a los establecimientos educativos a buscar datos personales de delegados gremiales. Ese año también de civil, estaban infiltrados en las movilizaciones incluso en las asambleas donde se tomaban las decisiones, e incluso antes de llevar adelante diferentes acciones ya había personal de gendarmería impidiendo el acceso”, agregó Pedro Muñóz.

El caso más emblemático que citaría como antecedente ADOSAC, sería el procesamiento de más de 50 docentes de Las Heras durante el conflicto que duró cerca de 60 días en el 2011.

Docentes Procesados

Después de que los docentes y petroleros decidieran bloquear el acceso a los principales yacimientos de Las Heras, donde YPF tiene los principales emprendimientos hidrocarburíferas, el Juez de la zona –el Dr. Quelin- inició una causa que terminó con más de 50 docentes y referentes petroleros procesados.

Lo que parecía un procedimiento atípico por parte del juez -que como antecedente tiene la mayor cantidad de trabajadores procesados-, fue remarcado por la doctoda Raquel Coronel, asesora del gremio docente. El expediente contaba con fotografías de maestros en los piquetes y otras fotografías eran de las patentes de los vehículos de docentes. Fueron las pruebas únicas en la causa e iniciales para comenzar a citar docentes, prohibiéndoles retornar a los lugares donde se mantenían los piquetes y aún más, se les impidió salir de la localidad.

Javier Fernández, delegado de la Filial de Las Heras de ADOSAC detalló que “una noche llegaron dos micros con personal de Gendarmería a la ciudad, a partir de allí se los veía vestidos de civiles en camionetas no identificadas, cerca de los piquetes fotografiando. Después comenzaron a citarnos, y vimos que nos citaban en función de las fotografías de las patentes”.

Desde la organización gremial, y los propios docentes reconocieron a un policía de apellido Angulo, quien vestido de civil se acercó en diversas oportunidades a los piquetes, después comenzó a sacar fotografías y el material fue incorporado a la causa. El mismo oficial, después admitió que ese trabajo era solicitado para ser utilizado en la causa que condujo al procesamiento de más de 50 trabajadores.

“Nunca nos mostraron ni una sola orden judicial para proceder como lo hicieron. El material recabado por Policía y Gendarmería fueron incorporados a la causa, de hecho es el único material mediante el cual comenzaron a procesar. Las fuerzas de seguridad han hecho trabajos de inteligencia desde hace años en Santa Cruz”, remarcó Javier Fernández.

El último antecedente, sería la causa abierta por el Fiscal de Estado –Dr. Iván Saldivia-. Calificados de “instigadores” se abrió expediente en contra de los Secretarios Generales de los gremios estatales después de la violenta jornada del 29 de diciembre. El 28 a la noche se instaló una carpa afuera de la Legislatura Santacruceña que se disponía al día siguiente en sesión extraordinaria, a dar tratamiento y posterior aprobación a la Ley de Emergencia enviada por Daniel Peralta. La jornada violenta, con un deficiente operativo de seguridad y 21 heridos, abrió en la Justicia un nuevo expediente. En el mismo, se encuentran fotografías de dirigentes sindicales en distintos momentos de la jornada en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. “El material fue proporcionado por personal de las fuerzas de seguridad, porque ni siquiera era material que figuraba en los medios de comunicación”, especificó Pedro Muñóz y agregó “todos los que figuran como instigadores en esa causa somos referentes de los diversos gremios provinciales”.

La Mesa de Unidad Sindical no utilizó el potencial en ningún momento, ratificó una vez más que “las fuerzas de seguridad hicieron procedimientos de inteligencia sin órdenes judiciales, fotografiaron, buscaron información que después fue utilizado para el procesamiento en diferentes conflictos docentes y de otros sectores”.

El Proyecto X pareciera abrir la puerta a la decisión del Gobernador Peralta que indirectamente termina reconociendo la utilización de la DIP. Las denuncias y repercusiones del proyecto en el seno de la Gendarmería, no sorprendió en los gremios santacruceños, quienes remarcaron que es una antigua práctica implementada en la Provincia. Vehículos circulando con patentes tapadas en una localidad que no supera los 12000 habitantes, será la síntesis de cómo se ha judicializado la protesta social con procedimientos realizados por fuerzas de seguridad.