La cultura del secreto

Si un ciudadano no conoce que derechos lo asisten, qué políticas públicas lo involucran, qué está haciendo su administración, en qué instancia está su trámite en cualquier dependencia del Estado, no es un ciudadano pleno.

 

El derecho a la información no es una cuestión técnica, reservada a los profesionales de los medios, sino un pilar constitucional, sin el cual no pueden ejercerse el resto de los derechos por el simple hecho de que nadie puede reclamar lo que no conoce, ni el ciudadano tendría forma de controlar lo estatal, que dejaría de ser público para quedar en mano de la aristocracia en el poder.

 

Originalmente, este derecho se asociaba a la libertad de expresión establecido en textos fundacionales para las democracias como la Declaración Universal de los Derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Pero siglo y medio después, la Declaración de las Naciones Unidas lo instituyó como un derecho humano fundamental, que implica no solamente la potestad de expresar las opiniones. Porque ningún pensamiento es completamente libre si no se fundamenta en información cierta, ninguna opinión es válida si no se expresa con cabal conocimiento de la materia. De ahí que la mayoría de los países en el mundo han incorporado el derecho de acceso a la información pública en sus normativas. Menos Argentina, que mantiene el dudoso mérito de encontrarse entre los dos países latinoamericanos, junto con Paraguay sin una legislación de ese tipo.

 

En una entrevista que Adriana Amado, colaboradora de plazademayo.com, le realizó a Álvaro Herrero, director de la ADC (Asociación por los Derechos Civiles), conversaron acerca del acceso a la información y de los problemas que enfrentamos los ciudadanos a la hora de conocer la información que necesitamos para ejercer nuestros derechos con plenitud.

 

Álvaro Herrero sostiene que es imprescindible bajar el derecho a la información a la lógica cotidiana, que debe incorporarse como una herramienta ciudadana. Claro que este ejercicio se enfrenta con una “cultura de secreto” históricamente instalada en el gobierno, en todos los niveles: “Tiene que ver con el tipo de Estado que tenemos, por factores históricos, por el legado, por distribuciones políticas, que tal vez vengan de la época de la colonia. Pero sin duda se hace muy poco énfasis en brindar información, en que la información sea del ciudadano y que cada ciudadano tenga derecho a recibirla. El gobierno nacional está muy atrasado sobre todo en esas políticas”.

 

La organización que dirige Herrero, la ADC, participa activamente en pedidos formales de información al Estado desde hace varios años, y saben por experiencia propia que es un proceso arduo, que no obtiene pronta respuesta. O peor, se obtiene en forma tal que no es posible procesarla, como cuando se brindan formularios burocráticos ilegibles. Herrero comentó que eso ha obligado muchas veces a la organización a acudir a la justicia para que una repartición brindara la información que es por esencia pública: “Por ejemplo, cuando pedimos al INDEC que explicara la medición de la inflación; cuando pedimos material sobre la publicidad oficial. Nos pasa que brindan información contradictoria, heterogénea, incorrecta, eso atrasa el trabajo de análisis”.

 

En épocas en donde se habla del Estado transparente, en la medida en que las nuevas tecnologías permiten hacer accesible de manera directa la información a través de sistemas que puedan ser consultados por los ciudadanos, resulta inadmisible que la información sea brindada en pilas de papeles o en archivos que no puedan se ser procesados de manera directa. Por eso, para el especialista no se trata únicamente de que la información deba ser pública, sino claramente accesible.

 

“Hace un tiempo atrás le pedimos a la presidente Fernández de Kirchner una copia de su recibo de sueldo, porque es el documento que respalda la erogación del Estado del salario de la presidente”, comentó Herrero. “No solo no obtuvimos esa información y fue necesario recurrir a la justicia para ver cuánto ganaba la presidente de la Nación, sino que al mismo tiempo le mandamos la solicitud por correo electrónico al en ese entonces presidente de México, Felipe Calderón, para que nos envíe una copia de su recibo de sueldo y lo hizo de inmediato. O sea, con México obtuvimos toda la información por mail y con nuestro país tuvimos que recurrir a la Justicia Federal para que nos den una información que es a todas luces información pública”.

 

Que para ejercer ese derecho sea necesario recurrir a la Justicia, aleja la información pública del ciudadano común, de ahí la necesidad de una ley que regule claramente su ejercicio. En Argentina existe desde 2003 el Decreto 1172 que habilita el acceso para la información del Poder Ejecutivo Nacional, y también existen algunas provincias con leyes de acceso parciales. Sin embargo, el marco legal es insuficientes y su concreción sigue siendo complicada. Es que es sabido que la sanción de normas no garantiza nada si no se trabaja además en cambiar factores culturales muy arraigados a la administración pública como es una actitud de secreto y de opacidad de la gestión pública.

 

Por eso es necesario se convierta en una demanda social concreta, un desafío del ciudadano, de las organizaciones civiles, de los medios de comunicación. Se trata de explicar claramente la necesidad del acceso a la información pública.

 

Prácticamente la totalidad de la información que tiene el estado es pública, lo que significa que incluso debería ser puesta en Internet o estar presentada en algún formato que permita su fácil consulta y utilización. La calidad de los servicios que brinda el estado va de la mano de la relación entre la información que tiene para dar, las nuevas tecnologías y el ciudadano. Se deben transparentar algunos sectores del Estado. Cualquier ciudadano tendría que poder pedir la información a cualquier repartición pública sin ni siquiera justificar por qué razón la quiere.

 

Sin embargo, en nuestro país se ha naturalizado la falta de explicaciones por parte del gobierno y que no haya una adecuada rendición de cuentas de las autoridades. La ausencia de conferencias de prensa en la que se pueda preguntar, los discursos de los funcionarios en los que se hacen anuncios sin ninguna posibilidad de interrelación, la poca información útil que brindan los sitios web de las reparticiones son factores a los que los ciudadanos argentinos no debemos acostumbrarnos.

 

De la misma manera, para solicitar información del Estado no debe hacerse ningún tipo de justificación de por qué y para qué quieren la información. Es a la inversa, en todo caso el gobierno es quien debería aclarar por qué esa información es confidencial o reservada, y según Herrero, “son muy limitadas o muy pocas las excepciones en que se puede decir que esa información es reservada, como podría ser que uno le preguntara sobre la ubicación de bases secretas militares o planes de defensa”. Pero la mayoría de la información del Estado no responde a la restricción de seguridad nacional, sino que se trata del interés cotidiano por los actos de gobierno de municipios, de una provincia o de una repartición pública nacional. Es para esos trámites diarios en que es necesario cambiar la cultura de opacidad en invertir la lógica: no es el funcionario el dueño de la información, sino el ciudadano.

 

Herrero insistió en que aunque “políticamente este tema no existe en la agenda parlamentaria, se trata de un tema clave para los derechos humanos y civiles, una deuda clarísima”. Por eso señaló que “Este año vamos a seguir trabajando como todos los años de manera coordinada con el tema de la ley al acceso a la información pública. Nuestro plan es seguir impulsando una discusión legislativa, hablar con referentes de todos los bloques políticos, insistir en la necesidad de sancionar una ley. Actualmente existe una media sanción de un proyecto que no tiene los estándares ideales pero son mucho mejor de lo que tenemos hoy fundamentalmente porque prevé autoridades de aplicación. En este sentido la ley es un avance.”

 

El hecho de que no exista una ley sancionada no exime al estado de entregar información pública que pueda requerir un ciudadano o un periodista. Solo dificulta su acceso ya que no existe ningún tipo de autoridad de aplicación autónoma idónea. Sin embargo, según Álvaro, “no debería haber ningún obstáculo de tipo legal en que el estado de información al ciudadano o al periodista sobre todos los ámbitos de su actuación”.

 

El estado transparente sería una suerte de superación al acceso, donde cualquier persona, no solo pueda acceder a la información, sino también obtener un espacio de debate y opinión dentro de cualquier página o informe público que brindaría todo municipio.