Derechos humanos a los golpes

Requisa, golpes y amenazas en la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

El pasado viernes 10 de febrero, Rubén Shaposnik, delegado de ATE de la secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires estaba conversando con una compañera cuando, repentinamente, apareció en su oficina Juan Ignacio Manaza, encargado de seguridad, junto con dos desconocidos buscando “unas llaves”. “Vamos a tener que hacer una requisa, así que no jodan porque no es asunto de ustedes” dijo el vigilante del edificio de siete pisos ubicado en la calle 47, entre la 11 y 12 en la ciudad de La Plata. Las tres personas revolvieron los cajones de los escritorios en búsqueda de esas preciadas llaves que se les habían perdido insultado a los presentes y advirtiéndolos que no debían hacer preguntas. Manaza había ingresado a trabajar en la secretaría el 30 de enero de este año luego de presentar un CV y por pertenecer al Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República, más conocidos en la jerga diaria como los patovicas. Según Shaposnik “nadie ingresa a la secretaría ni al Estado en general, sin un contacto, una banca”. Ese viernes, luego que el delegado de ATE y otros cinco compañeros pidieron una audiencia, en carácter de urgente con el Director provincial de Promoción y Protección de los DDHH, Manuel Oteriño, el flamante vigilante, demostró que tenía sus contactos.

–          “Oteriño, no es la primera vez que pasa esto, los métodos violentos que vivimos a diario no se soportan más. No se puede reclamar por las condiciones económicas en las que nos encontramos, no se puede opinar, no se puede nada, el hombre nuevo que pusieron les retiene los DNI a las personas que se acercan a esta secretaría a denunciar a personas del servicio penitenciario y a la policía bonaerense. Es un disparate. ¡Les retiene el DNI y revisa sus datos! Usted sabe que aquí llegan personas que quieren conservar su anonimato por temor a represalias y nosotros los asustamos así…”.

La reunión en el despacho del Director Provincial no había superado los diez minutos pero prometía un desarrollo muy tenso. En ese momento, la secretaria de Oteriño escuchó a un grupo de patovicas que a los gritos pidieron reunirse con él, inmediatamente. “Está reunido”, dijo la mujer con calma para no enojar a los “muchachos”. “Por eso mismo, en esa reunión tenemos que estar”.  Schaposnik, el representante de ATE quien el 15 de diciembre del 2010 había creado una línea interna más combativa llamada Claudio “Pocho” Lepratti, aún no puede creer la película de una hora de duración en la cual fue protagonista a poco de haber comenzado la entrevista con Oteriño. Durante ese lapso de tiempo, siete robustos hombres molieron a seis hombres indefensos que no salían de su asombro mientras el Director Provincial observaba la situación impávido: “Sabían a quién pegarle y quiénes éramos porque a Oteriño ni lo tocaron y, el más grandote, se ubicó en la puerta para no permitir que nos pudiéramos escapar”. Uno de los compañeros terminó en el hospital con un severo dolor entre las costillas. Los golpes fueron de la mano de amenazas y advertencias como “con el compañero no se jode”, “se les van a ir las ganas de joder, zurdos de mierda” y “cuidado con lo que salen a decir”.

Pero Rubén Schaposnik y otros compañeros como La Turca y Beto, no les hicieron caso y el lunes pasado consiguieron una reunión con el vicegobernador, Gabriel Mariotto, quien les manifestó que iba a investigar el caso y que las autoridades de la secretaría tenían los días cortados. Al día siguiente, una persona muy allegada a las autoridades provinciales, era terminante: “El gobernador no les va a quitar el apoyo ni a Sara ni a Fernando”.

Sara es Dorotier de Cobacho, ex compañera de la Comisión de Memoria junto con Estela de Carlotto durante la gestión del gobernador Felipe Solá. Los años pasaron y, a pesar de sus graves problemas de salud, Cobacho permanece en distintos cargos en la secretaría. Luego del paso de Edgardo Binstock, cercano al Movimiento Evita de Emilio Pérsico, quien asumió en los difíciles momentos del secuestro de Jorge Julio López, llegó el turno de la madre de dos hijos detenidos- desaparecidos durante la última dictadura militar quien, al asumir, colocó como mano derecha a Fernando Cano, persona con un pasado oscuro, pues, no son pocas las fuentes que lo vincularían con un grupo de abogados que manejan el negocio de los accidentes de tránsito “inducidos o provocados”, al estilo “Carancho”. Cano fue ascendiendo escalones y se asentó aún más al casarse con la nieta de Sara, Amanda quien también se desempeña en la secretaría. Las amenazas, los aprietes y, ahora, los golpes,  parecen ser una constante en ese espacio tan sensible del Estado provincial.

 

 

Mientras que los trabajadores realizaban una marcha en la ciudad de La Plata, el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República, emitía un comunicado en repudio a lo sucedido, advirtiendo que “el hecho escapa al sindicato”. Los trabajadores agredidos, que ganan un sueldo en promedio de 2800 pesos mensuales, aún no han vuelto a trabajar y esperan respuestas. Sus 60 compañeros, están asustados y hasta temen por la información que se guarda en la secretaría en donde se reciben importantes denuncias contra la “maldita policía” alguna vez llamada la “mejor del mundo” y contra los presos políticos de la cárcel de Olmos y de los ex presos de la unidad Nº9.

 

 

En un contexto en que los vecinos son salvajemente reprimidos en el norte argentino y ex trabajadores de una empresa multinacional eran infiltrados por Gendarmería Nacional tal como reveló el periodista Diego Rojas al descubrir el Informe X, los hechos ocurridos en una secretaría de Derechos humanos, muestran que la persecución hacia el disidente no es una excepción sino la peligrosa regla no escrita en que se basa el gobierno para silenciar al otro.