Represores a Cultura

Por Camilo Pupt

La Secretaría de Cultura, dirigida por Jorge Coscia, contrató a la empresa de seguridad Organización Anselmi para vigilar el patrimonio de varias dependencias. La empresa está dirigida por un represor acusado de delitos de lesa humanidad. El ofrecimiento de tareas de inteligencia de la compañía y su posible participación en la desparición de Julio López fueron ignorados por la institución gubernamental a la hora del contrato.

Luego de pasar a retiro, muchos represores de la última dictadura encontraron en el negocio de la seguridad privada una buena forma de camuflarse en la sociedad civil y pasar desapercibidos, aunque sin abandonar sus viejas prácticas, para las cuales se creen infalibles expertos. Uno de ellos, Rolando Oscar Nerone, encontró resguardo en la empresa de seguridad a cargo de la vigilancia de la Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por Jorge Coscia, y varias de sus dependencias.

 

La causa judicial que investiga el accionar de la Triple A –banda de choque paraestatal impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón, en particular, por su ministro de Acción Social José López Rega– da cuenta de que Rodolfo Walsh fue el primero en advertir a una célula paramilitar ligada a la Policía Federal encargada de investigar, identificar y secuestrar a exiliados políticos latinoamericanos. Un antecedente directo del Plan Cóndor de represión coordinada en Latinoamérica. El responsable de inteligencia de ese grupo, según pudo comprobar Walsh, era un comisario hasta entonces ignoto: Rolando Oscar Nerone.

 

 

 

Foto de Rolando Oscar Nerone en su legajo personal de la Policía Federal

Foto de Rolando Oscar Nerone en su legajo personal de la Policía Federal

 

 

 

Nerone se especializó en este área y formó parte de las acciones represivas de la dictadura, según consta en su legajo policial, al que tuvo acceso plazademayo.com. Sin embargo, quizás el accionar de este represor no quede impune, ya que su caso llegó a la justicia. A mediados de este año, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Nerone por la desaparición de la argentino-uruguaya Victoria Lucía Grisonas, ocurrida el 26 de septiembre de 1976 en la casa en la que vivía con su marido uruguayo Roger Julien y sus dos hijos, Anatole, de cuatro años, y Victoria, de casi 1 año y medio. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) de Uruguay.

 

 

En la tarde de ese 26 de septiembre, fuerzas del ejército argentino y el uruguayo, la Policía Federal y la Side irrumpieron en la casa de los Julien Grisonas. Roger Julien intentó defenderse con una pistola, y uno de los disparos hirió a Nerone en su pierna izquierda. Esto se encuentra asentado en legajo personal del inspector donde se detallan las “lesiones sufridas el 26.9.1976, al resultar herido por delincuentes subversivos cuando realizaba un allanamiento”.

 

 

La pareja intentó huir con sus dos hijos al hombro, pero fueron detenidos. Según la confesión del represor Eduardo Ruffo, que formó parte del operativo, ante la inminente detención Julien se tomó una cápsula de cianuro y murió en la calle a los pocos segundos, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Victoria y sus hijos fueron trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, aunque los niños fueron abandonados en 1979 en una plaza de Valparaíso, en la república de Chile, lo cual permite sostener que su destino fue decidido en el marco del Plan Cóndor de represión coordinada entre las dictaduras latinoamericanas. Los niños se transformaron, en 1983, en los primeros dos nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo.

 

 

Hasta su procesamiento, Rolando Nerone, de 64 años, se mantuvo en el anonimato. En el último tiempo se desempeñó como Director Técnico de la empresa de seguridad privada Organización Anselmi SRL, según el registro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualizado el 25 de noviembre de 2011. Un listado en la página web de la compañía indica que esta empresa trabaja actualmente para la Secretaría de Cultura de la Nación, y se encarga de custodiar al menos nueve edificios que dependen se su órbita, entre los que se destacan el Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), la Manzana de las Luces, el Museo Mitre, el Museo del Cabildo y el Instituto Nacional Sanmartiniano.

 

 

Según pudo comprobar plazademayo.com, el Palais de Glace, en Posadas 1725, y el InstitutoNacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en Montevideo 671, cuentan actualmente con los servicios del personal de Anselmi SRL, cuyo uniforme consiste en una camisa gris, pantalón negro y zapatos al tono. En el caso del Palais, son al menos 8 personas las encargadas de custodiar el edificio.

 

 

Plazademayo.com intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el secretario de Cultura Jorge Coscia para consultarlo acerca de la contratación de esta agencia de seguridad signada por los antecedentes de su directo técnico. Coscia se negó a responder personalmente. Finalmente, el departamento de prensa de esa entidad señaló a este sitio que “el vocero Manuel Sosias explica que la contratación se realizó con el dueño de la empresa y que no se conocían los antecedentes ni accionar de Nerone”.

 

 

 

 

Cabe preguntarse si no corresponde una investigación exhaustiva de las agencias de seguridad a ser contratadas por organismos del Estado, ya que ha sido comprobado una y otra vez que la mano de obra desocupada de la dictadura encontró en ellas un refugio laboral contemporáneo. “Muchos de los exonerados de las fuerzas armadas y de las policías provinciales por delitos de lesa humanidad supieron ´reciclarse´ como directivos técnicos de estas empresas, ya que se presentan como ´expertos de la seguridad´”, explica Martín Medina, autor del libro Quién custodia a los custodios.

 

 

Por otro lado, la Organización Anselmi, cuyo director es el represor Nerone, ofrece entre sus servicios la realización de tareas de inteligencia entre las que incluye el espionaje sobre “perturbadores profesionales”, la investigación de “sabotajes”, “huelgas”, “conflictos” y “faltas intencionales”. También ofrece investigar “antecedentes ambientales de trabajo” y “políticos”. Estos servicios, que llenarían de orgullo a cualquier fuerza de represión ilegal, se exhiben de manera explícita en su página web.

 

 

 

No sólo eso. En 2007, la secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de intentar dar con el paradero de Jorge Julio López, entregó a la justicia federal un listado de empresas que podrían estar vinculadas a represores de la última dictadura. Entre ellas figura Organización Anselmi.

 

Todos estos antecedentes a los que se puede acceder con la mayor facilidad fueron ignorados por la dependencia gubernamental de la que dependen los quehaceres de la cultura nacional a la hora de entregarle la seguridad de sitios que resguardan nuestro patrimonio. Un error que Coscia debería enmendar de inmediato, a la vez que dar explicaciones.