A un año del Indoamericano

Por Luis Gasulla (@luisgasulla)

La toma del parque en Villa Soldati fue la ocupación más populosa de los últimos 20 años. El trasfondo de lo ocurrido y la oscura participación de Sergio Schoklender.

 

 

 

 

 

Según los datos oficiales del Censo 2010, la población en las villas y asentamientos creció el 52,3% en los últimos diez años, lo que representa la mitad del crecimiento total poblacional en la ciudad de Buenos Aires. La villa 21-24 de Barracas, la 31 y la 31 bis de Retiro y la 1-11-14 en el Bajo Flores suman, entre las tres, 80 mil habitantes. El éxodo de paraguayos, bolivianos y peruanos desde sus países de origen (censados 65.039 habitantes más que diez años atrás) y villas que representan el 33% de la comuna conformada por los barrios de Villa Lugano, Soldati y Riachuelo, son una causa de la explosión de la demanda de viviendas que se reflejó en la toma del Parque Indoamericano.

 

El boom inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, los desalojos express, el aumento de los alquileres de los departamentos durante los últimos diez años y la devaluación del 2001, son las causas económicas que generaron tensiones entre cientos de familias que decidieron abandonar sus barrios y provincias para mudarse a villas y asentamientos de la Capital Federal y el Conurbano. Los sucesivos gobiernos de la ciudad no tuvieron respuesta para el problema estructural de vivienda en Buenos Aires.

 

El descontento de los vecinos de las villas 15 y 20, hartos de promesas inconclusas, el aprovechamiento de punteros barriales por conquistar poder territorial y la ausencia del Estado –tanto nacional como de la ciudad- en la zona sur, son las causas políticas y sociales de la toma. El Indoamericano fue la ocupación de espacio público más populosa –en su punto más álgido estuvieron presentes con sus carpas más de 13300 personas- de los últimos 20 años y dejó un saldo de tres muertos. Los ocupantes abandonaron el parque, repentinamente, luego de las gestiones del gobierno nacional que les prometió una vivienda propia. Recién en septiembre del 2011, nueve meses y medio después, el gobierno nacional y el de la ciudad comenzaron a trabajar en un plan de viviendas en conjunto, dividiendo a los ocupantes por su barrio de origen.

 

Diez días antes de la toma del Parque Indoamericano, el jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que se entregarían títulos de propiedad correspondientes a los habitantes de las villas porteñas, quienes podrían comprar y vender su propiedad legalmente tan solo pagando el impuesto ABL correspondiente. Esa supuesta medida afectó los alquileres en los barrios carenciados que representaban un 30% de los habitantes, generando una dispersión entre sus habitantes. “Si es cierto”, pensaron muchos de los beneficiarios y los vivos de siempre, “si a las villas las blanquearán, ocupemos nuevos terrenos y hacemos nuestro negocio”.

 

 

 

 

 

 

En la toma del Indoamericano se mezcló la necesidad y el negocio, el plan y la espontaneidad. Según las versiones de los vecinos, el comienzo de la toma nació por el descontento de punteros vinculados a Blanca Arce –dirigente de la villa 1-11-14- con el creciente poder  de Enrique “el comandante” Rodríguez que necesitaban hacer “caja”. La idea era presionar al poder de turno usurpando terrenos públicos y luego, ante la posible presencia de los medios, “arreglar” la salida por intermedio de suculentos subsidios. Tanto Arce como Rodríguez trabajan para los oficialismos locales desde tiempos de Aníbal Ibarra y, durante el macrismo, aumentaron sus negocios a través de distintas cooperativas, constructoras y subsidios varios. La disputa entre ambos se generó por una concesión y un contrato no entregado. El relato desde la villa 1-11-14 es que la propia Arce incentivaba a sus vecinos a “prenderse” en la toma que se estaba produciendo donde “están entregando tierras”. La historia de “El comandante” es sorprendente. Fue funcionario durante la intendencia de Carlos Grosso, en la que alcanzó el cargo de Director de Tránsito. En esa época, un programa de televisión le realizó una cámara oculta por vender licencias truchas de taxi y terminó preso por ese delito. Regresó a trabajar para el gobierno de la ciudad durante la gestión de Jorge Telerman en el Instituto Para la Vivienda –IVC- y se afianzó durante el macrismo gracias a sus estrechos vínculos con el legislador Enzo Pagani de la bancada del PRO y con su ex esposa, Karina Leguizamón, dirigente histórica del peronismo de ciudad. La fuerte llegada de Mauricio Macri en los barrios más postergados de la zona sur de la ciudad se debe a su alianza con las estructuras tradicionales y clientelares del peronismo local donde Pagani funciona como un gran moderador de necesidades. Su ex mujer y el citado legislador, con Mauricio Macri como jefe de gobierno, ubicaron a sus allegados y dirigentes del extinto partido RECREAR como Esteban Bullrich y el propio titular de la UGIS –Unidad de Intervención Social-, el joven Federico Angelini, próximo diputado santafecino del PRO. La UGIS fue una creación del gobierno macrista para gestionar cooperativas de dudosa procedencia, denuncian desde la oposición. En una de las pocas entrevistas que concedió Angelini, en diciembre del 2008, se defendía diciendo que “antes esto era un gran negociado”. Sobre “el comandante” Rodríguez, un hombre de bigotes oscuros, con más de 60 años encima y un supuesto pasado en la organización armada Montoneros, Angelini decía que las denuncias patoteriles en su contra son más políticas que serias.

 

 

 

 

 

 

La presencia de Schoklender en la toma del Parque Indoamericano fue notoria y poco feliz. No solo apareció en los medios pidiendo la pronta recuperación del orden sino que varios testigos afirman que la noche en que se produjeron las muertes de Bernardo Salgueiro y Rosemary Puqueña, gran parte de los disparos habían sido efectuados por sus matones desde las obras de Sueños Compartidos en el barrio de Los Piletones. En testimonios tomados por la Televisión Pública , el propio Schoklender admitió que estaba presente a las tres de la mañana en el Parque cuando fue notificado de que habían intentado tomar a los tiros el obrador con anuencia de la policía Metropolitana. Luego, supuestamente, decía el apoderado de la Fundación , había ido a la comisaría a denunciar a un grupo de personas que “envenenan a los chicos con el paco” y, agregaba, viven en las villas. “Eso es lo que está construyendo Macri en la ciudad”, concluía el apoderado. Montándose en el discurso oficial, pedía la urgente presencia de la Policía Federal en la zona. Lo que no relató ante las cámaras de televisión fueron los reales motivos de su presencia en la noche del lunes. Schoklender no exigía la presencia policial ni tampoco la represión para cuidar a los niños del narcotráfico, sino porque el fin de semana anterior a las primeras dos muertes, personas provenientes de la villa 1-11-14 estaban armando sus asentamientos en una zona lindera a la obra de Los Piletones de Sueños Compartidos y no propiamente del Parque Indoamericano. Los asentamientos se levantaban en una parte periférica, donde había yuyales, matorrales, ratas y demás animales. Esto significaba una amenaza para la imagen de la Fundación y, por la noche, los matones de Schoklender que trabajaban en ese obrador y que respondían al puntero histórico de la villa 20, el ex boxeador Marcelo Chancalay, caminaban la zona e iluminaban los rostros de los ocupantes de forma amenazante, mostrándoles armas y diciéndoles que ahí los que mandaban eran ellos. Pero los primeros ocupantes no se dejaron amedrentar  fácilmente. Se acercaron a las rejas del obrador y comenzaron a golpearlos con palos. Esa madrugada, denunciaron los ocupantes, volaron piedras e inclusive sonaron disparos al aire, efectuados por la seguridad de Madres de Plaza de Mayo. Al día siguiente, el propio Schoklender se hizo cargo de la situación. Ni la Fundación de Plaza de Mayo ni su presidenta, Hebe de Bonafini,  emitieron jamás un discurso que contradijese las palabras de su apoderado, en las que vinculó la toma con bandas del narcotráfico y pidió la presencia y represión policial. El patoteo y las amenazas de Schoklender, en la zona, tampoco fueron motivo de cuestionamiento por el núcleo de la Fundación. 

 

El enfrentamiento entre vecinos, la Federal y la Metropolitana, estaba por estallar. Los gobiernos de la ciudad y de la Nación seguían mirando para otro lado, echándose culpas mutuamente.

 

 

 

 

 

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