“Al debate sobre la extranjerización de la tierra hay que sumarle la mirada campesina e indígena”

Por Milva Benítez y Josefina López Mac Kenzie

Hugo Soria, referente santiagueño del Instituto de Cultura Popular, desmenuza las leyes del monte en esa provincia. Explica por qué no basta con un freno legal a la extranjerización. E invita a cuestionar a fondo al modelo productivo: “Hay una pérdida de la ciudadanía rural. El monte es basura, luego es basura quien vive en él y se lo llevan puesto las bandas armadas o el que viene de prepo”.

 

La precariedad en la tenencia de la tierra es paradigmática en Santiago del Estero. Más de 20.000 familias campesinas que han habitado una misma tierra por décadas están en una situación dominial irregular. La escena de empresarios con supuestos títulos de propiedad que pretenden expulsarlas se repite. Y “un proyecto de ley que declara la emergencia territorial para los sistemas de vida campesinos duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados”, completa Hugo Soria, referente santiagueño del Instituto de Cultura Popular (Incupo), una asociación civil de cuño cristiano que trabaja con comunidades originarias y campesinas del norte del país. Pero desde el asesinato de Cristian Ferreyra “el estado del movimiento campesino es permanente, así que esperemos que pueda llegar a salir”, se entusiasma.

Soria sabe que “sin una base social que las active y las ponga en acto, las leyes no alcanzan”. Por eso propone: “Al debate sobre la ley de extranjerización de la tierra tenemos que sumarle la mirada del Movimiento Nacional Campesino Indígena, del Frente Campesino Indígena y de la Asamblea Campesina Indígena del norte argentino, que en conjunto lograron establecer una mirada estratégica en pos de un ordenamiento del territorio. Lo que no se está visibilizando —continúa— es la problemática rural asociada a un marco jurídico y a acciones incumplidas por parte de los gobiernos”.

En diálogo con plazademayo.com, pasa en limpio el estado de las leyes que más inciden en la vida de campesinos y comunidades originarias de su provincia.

Las tierras de campesinos

 

 

 

—¿Qué posibilidades administrativas y judiciales hay para que las familias campesinas regularicen su situación en una provincia donde la tenencia de la tierra es de las más precarias e irregulares del país?

—Lo grave es que lo primero que se les está pidiendo a los campesinos es que cumplan con la regularidad de la cuestión dominial sobre la tierra. Esto es un grave tema de discusión interna; sobre todo porque, bajo mucha presión, se han aprobado proyectos de desmonte que vienen con padrinazgos políticos. El actual Director de Bosques —Soria se refiere al ingeniero Publio Araujo— ha sufrido algún atentado porque como parte de su misión se ha permitido observar proyectos de desmonte que se presentaban hasta por 6 millones de pesos, y recortarlos”. A casi una semana del asesinato de Cristian Ferreyra, el joven dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) que se resistió a ser corrido de su tierra, el gobierno de Santiago del Estero anunció suspensión por el término de 180 días, de las autorizaciones de planes productivos que involucren actividades de desmonte, así como los permisos ya otorgados y los que se encuentren en trámite de aprobación y cualquier otra práctica que conlleve a la deforestación de bosques nativos.

 

Además de violenta, la situación es básicamente injusta: “Las familias campesinas están teniendo que hacer dobles o triples esfuerzos para demostrar que los lugares en que viven y resguardan el bosque nativo les pertenecen en un sentido más amplio que el de la propiedad. Este es un dato de la realidad que no tiene cabida ni en un renglón de legislacionesque lo primero que observan es la cuestión dominial”.

“En los 27 departamentos que tiene Santiago del Estero hay cuestiones de regularización dominial que tienen que ver con tierras fiscales. Eso podría estar solucionado desde acciones administrativas; la cuestión pasa por la decisión política de querer hacerlo”.

“La otra es la tierra que tiene dominio a nombre de quien esgrime una escritura, el que tiene el papel y no vive hace mil años aquí en Santiago. Hay elevados casos de una absoluta ilegalidad sobre cómo se presentan los papeles; hay un tráfico de documentación, una suerte como de estructura casi mafiosa que maneja el negocio de la tierra y está asociada a los registros catastrales. Hay un modo de gestión de la tierra como un valor mercantil y no como un bien social. Se vendieron pueblos enteros en el departamento de Copo”.

 Las tierras de comunidades originarias

 

 

 

—Hace poco se conoció un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) que menciona un convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos indígenas y la Universidad Nacional de Santiago del Estero para hacer el relevamiento de tierra indígena que obliga la ley nacional 26.160, de emergencia territorial para comunidades originarias. ¿Se hizo?

—No, y pareciera que hay hasta una mirada de clase en esto. Cuando el sujeto histórico, sea campesino sea indígena, es invisible, mal puede ser un sujeto de derecho y menos, un sujeto económico. Estas cuestiones son las que están en el fondo y son los esquemas de acción.

La aplicación de esta ley, prorrogada hasta 2013, tiene cuestionamientos a lo largo y a lo ancho del país.

Ley de bosques

 

 

 

En Santiago de Estero, la Mesa provincial de Tierras, que Soria integra, fue el marco para un proceso participativo que fue gestando una ley de ordenamiento territorial del bosque nativo incluso anterior a la nacional, de presupuestos mínimos. “Cuando ésta se aprueba (en 2007), la provincia ya tenía los deberes hechos —sostiene Soria, pero señala—: Lo curioso fue que después se cerraron las puertas de la participación campesina en el Consejo de Bosques”.

Al referirse al impacto que puede tener la actual suspensión de la deforestación, por seis meses, Soria advierte que “nada garantiza que, finalizada la moratoria, la cosa no va a seguir igual. Hay que estar en alerta máximo para ver por dónde se está moviendo la topadora que las organizaciones siguen denunciando”.

El modelo

 

 

 

Hugo Soria pone el acento en los riesgos que trae el “Plan Estratégico Territorial para la Instalación del Modelo Agroindustrial Descentralizado de Desarrollo Humano Sustentable de Santiago del Estero (2007 – 2016)”, desarrollado por la gobernación provincial y un gabinete de asesores integrado básicamente por ingenieros y del que no se hizo partícipes a las poblaciones rurales: “La provincia hoy tiene políticas de promoción productiva parecidas a las de los noventa, con el agronegocio como gran potenciador. Si se está diciendo que la provincia va a tener 3 millones de hectáreas de tierra para agricultura y 6 millones para ganadería, ya son 9 millones de los 13 millones de hectáreas que tiene la provincia. Obviamente, en ese esquema no están los campesinos ni los pueblos originarios. Ahí están los invisibles. Un campesino, para lograr hacer una obra de agua, para mejorar los techos de su casa, para tener superficie de captación de agua, recibe migajas. Hay dinero que viene del Estado, también hay programas del estado nacional, del viejo programa social agropecuario y de agricultura familiar; pero son todas cuestiones coyunturales que en la ecuación final siguen siendo migajas. El resto es parte del gran juego del negocio de la tierra, los desmontes para soja o para ganadería son los que los que se llevan las de ganar.”

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