Durante los últimos días se registraron graves ataques a periodistas en el país.
El ataque que Jorge Lanata y Magdalena Ruíz Guiñazú sufrieron durante su disertación en la inauguración del Cuatro Congreso organizado por el Foro de Periodismo Argentino, dio estado público a situaciones que muchos periodistas del país deben enfrentar diariamente. Durante las últimas dos semanas, otros tres episodios de agresión fueron denunciados en el interior y tuvieron repercusión en FOPEA, sin embargo para el gran público esta seguidilla de intimidaciones y atentados continúa ignorándose.
El incidente más notorio ocurrió en la Universidad de Palermo cuando ambos periodistas compartieron con Gabriel Michi, el panel «Diálogo sobre el estado actual del periodismo argentino: realidades y desafíos». Durante la presentación, personas que aún no fueron identificadas comenzaron a arrojar piedras desde una terraza lindera al edificio al grito de: «callate, gordo de Clarín» y «Aguante 6,7,8″.
Las agresiones fueron fuertemente repudiadas por colegas y políticos como una expresión más de un clima de intolerancia que progresivamente parece instalarse. Sin embargo, la situación de los periodistas que trabajan en el interior del país y su ejercicio para mantener un lugar de independencia forman parte de un clima mucho más precario, que en la Ciudad de Buenos Aires.
En Córdoba cuatro periodistas fueron agredidos en el polo sanitario de dicha ciudad, mientras realizaban la cobertura de una protesta de gremios del sector salud. No era la primera vez que algo así ocurría: en 2008 y 1009 varios profesionales resultaron heridos por gremialistas locales en las manifestaciones realizadas cuando se discutió la reforma previsional. En esta oportunidad, Luis Kempa, de La Voz del Interior confirmó que fue atacado por un integrante del Sindicato de Empleados Públicos (SEP); cuando preguntó qué había ocurrido “los del SEP habían dicho que los de UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) le habían arrojado ‘una lluvia de piedras’. ¿Qué lluvia de piedras, pregunté yo, porque no había visto? Ahí me insultaron y después fue la agresión», explicó. Durante la misma manifestación, el cronista de Canal 10 Nicolás Gerchunoff y su camarógrafo Mario Ruarte, fueron increpados -según sus declaraciones- también por trabajadores del SEP, quienes les arrojaron piedras y atacaron los equipos de trabajo que llevaban.
En Junín el diario La Verdad es el medio gráfico de mayor tirada en esa localidad, según apunta su director Omar Bello. El lunes pasado la planta impresora fue incendiada, provocando la destrucción de su principal máquina impresora, lo que dejó al medio sin posibilidades de salir a la calle. La hipótesis de “accidente” fue descartada por los damnificados, que consideraron que se trató de un atentado a partir de las pruebas como trapos mojados con kerosene, que se hallaron en el lugar. Bello, que presentó una denuncia penal ante la fiscalía de turno de Junín, opina que el ataque tiene relación directa con las investigaciones sobre narcotráfico en la localidad que desde La Verdad se estaban llevando a cabo: “desde hace tres años vengo librando una lucha solitaria contra el tráfico de drogas que, como ya ocurrió en México, empieza a copar la periferia de Buenos Aires con apoyos varios y poderosos”, manifestó desde su blog. Por otra parte, responsabilizó al gobierno municipal del radical Mario Meoni por lo ocurrido y en referencia a otros incidentes pasados, recordó que “la cadena de complicidades municipal, judicial y policial es tan grande que, además de encontrar escaso eco a mis denuncias cotidianas, sufro amenazas (algunas ya están en el Congreso), operaciones políticas, intimidaciones personales, y citaciones constantes a tribunales que por supuesto terminan en nada”. El gobierno local se hizo eco de las acusaciones de Bello y Javier Gabrielli, vocero de la municipalidad, contestó a FOPEA que consideran las denuncias del periodista “infundadas” y “malintencionadas”, deslizando una segunda explicación: los conflictos entre directivos del diario podrían haber sido el disparador del episodio.
En Misiones, ocurrió otro caso, cuando menos, confuso que aún no se ha esclarecido; cuando el periodista de FM Show, Alejandro Barrionuevo fue agredido físicamente por un grupo de extraños el lunes pasado en una calle céntrica de la ciudad. Los agresores se dirigieron a Barrionuevo y comenzaron a golpearlo en la cara y el cuerpo, hasta tirarlo al piso. Si bien aún no se conoce la identidad de los autores, el periodista supone que pueden estar vinculados a una serie de denuncias sobre un presunto robo de energía en la empresa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA), por las que había recibido amenazas telefónicas con anterioridad. Actualmente, la denuncia está radicada en la Seccional Primera de Policía de Posadas, y existen videos del lugar que serán analizados para determinar si las imágenes registraron lo ocurrido.
Más allá de los casos particulares y las conjeturas que se tienen sobre los motivos y agresores, lo cierto es que en casos como estos la estabilidad laboral de los profesionales, su integridad física y el ejercicio para libertad de prensa, pueden verse fuertemente vulnerados por las múltiples presiones internas y externas, los conflictos políticos, y la extrema dependencia que medios y periodistas pueden tener en provincias donde el poder político aún sostiene la vara de lo que se puede decir.