La lucha por la tierra en Gelay Ko


Continúa el conflicto en la comunidad mapuche Gelay Ko, por los emprendimientos extractivos de la empresa Apache. Las consecuencias del modelo extractivo en Neuquén.

 

 

 

 

Después de casi una semana de toma en la planta compresora de gas, ayer se realizó una mesa de negociación en la que también participó el Gobierno de la provincia de Neuquén, pero que terminó sin acuerdo. Si bien la empresa continuó sus actividades, la no resolución del conflicto podría significar una futura paralización. Por su parte, Martín Maniqueo, werken de la Confederación Mapuche, responsabilizó al gobierno por su “complicidad” con la empresa y manifestó que no existe voluntad para resolver la problemática. Las autoridades de Gelay Ko solicitaron la creación de una comisión especial de evaluación de la situación ambiental, social y cultural de la comunidad, y una comisión de control y monitoreo ambiental.

 

La toma de Apache comenzó el lunes pasado para denunciar la contaminación y pedir por el cese de actividades llevadas a cabo en las tierras que les pertenecen. Cerca de Zapala, los pobladores mapuches están en una situación límite. A la sequía y la contaminación ambiental, se suman los efectos nefastos que la cenizas volcánicas provocaron en el abastecimiento de zonas rurales.

 

La planta está situada en la zona del Alticlinal a 30 kilómetros de Zapala y a cerca de 200 kilómetros de la ciudad de Neuquén. En ese mismo territorio habitan alrededor de 18 familias de la comunidad Gelay Ko que cuenta con personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el instrumento legal que les permite a los pueblos originarios acceder a sus tierras y en 2004 la provincia delimitó su espacio territorial, otorgándoles 24.800 hectáreas. En un principio la personería jurídica fue impugnada por el gobierno provincial de Neuquén, el mismo que otorgó la concesión para que la empresa de origen estadounidense pudiera llevar a cabo su actividad productiva dentro del territorio comunitario y sin consentimiento alguno. Como manifestó Maliqueo: “ No se nos respetaron los derechos, no se nos informó nada de toda esta explotación masiva que está llevando a cabo la compañía. En el territorio de la comunidad hay 200 pozos perforados en producción. Creo que acá también cabe la responsabilidad del Gobierno nacional. La comunidad Gelay Ko tiene personería nacional y no ha habido ningún tipo de pronunciamiento del INAI, que está haciendo la vista a un costado y viendo pasar toda esta situación de violencia y de violación a los derechos que tiene la comunidad”.

 

La figura de consulta previa, está prevista por el Convenio 169 de la OIT, al que Argentina suscribe y establece que: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Sin embargo, este derecho no fue garantizado por el gobierno provincial.

 

Desde hace una década, los Gelay Ko vienen batallando contra los gigantes de los hidrocarburos. Dentro del territorio mapuche existen alrededor de 250 pozos de petróleo y gas, y funcionan otras plantas compresoras de gas, baterías, oleoductos y gasoductos. Repsol YPF fue la primera que comenzó a operar en la zona y, a partir del 2000 una nueva concesión fue otorgada a Pioneer Natural Resources, empresa que vendió en 2006 sus activos a su compatriota Apache Corporation. Esta empresa está llevando a cabo perforaciones para la extracción de lo que se conoce como gas no convencional. A diferencia de otras actividades hidrocarburíferas tradicionales, este tipo de extracción demanda un nuevo tipo de tecnología e implica la ruptura del suelo a través de la presión del agua. La técnica para explotar este tipo de yacimientos, conocida como “fracking” demanda en promedio entre 19 y 23 millones de litros de agua por pozo, según Anthony R. Ingraffea, profesor de ingeniería de la Universidad de Cornell; y una vez utilizadas, el grado de contaminación es tan alto que no pueden ser recicladas para riego o agua potable, lo que produce a largo plazo una mayor aridez en las zonas afectadas.

 

La masiva demanda de agua que esta explotación supone se incrementará en los próximos años. Y los nuevos descubrimientos de gas y petróleo en Vaca Muerta, Neuquén parecen confirmar esta tendencia. Estos yacimientos prometen convertir a Argentina en el tercer mayor proveedor de gas de esquisto, después de China y EEUU. Luego de anunciar la novedad con bombos y platillos, Cristina Fernández aseguró compromisos de inversiones por 1.150 millones de dólares con las multinacionales Exxon Mobile Corp, AES Corp, y Apache; poniendo de manifiesto que este tipo de producción llegó para quedarse.

 

Como contrapartida, las comunidades aborígenes ven cómo sus recursos y su forma de vida van desapareciendo de la mano de la evolución industrial. La cría de ganado, que es su principal actividad, se vio seriamente afectada ya que muchos de ellos murieron a causa de la sequía, la contaminación del agua o las enfermedades respiratorias. “Vivimos una realidad donde la gente se calefacciona con leña, se alumbra con lámparas a kerosén teniendo pozos a 150 mts. de las casas, donde se está quemando el gas. Tenemos tendidos eléctricos que pasan a 200 o 300 mt. de las casas y la gente no tiene luz; no tiene los servicios básicos para la vida, por ejemplo no hay agua en la comunidad. Entonces hoy no tenemos los elementos básicos para vivir, para desarrollarnos, la gente no puede tener una huerta en su casa porque no tiene agua. Esto ha cambiado de gran manera la forma de vida y desarrollo de la gente de nuestra comunidad”, relató Maliqueo.

 

El saqueo de recursos, la usurpación de territorios, y la violación de los derechos comunitarios son parte de la regla general. En el caso de los hidrocarburos “desde la década del ’90 se están visibilizando los conflictos originados a partir de la concesión de territorios indígenas para la exploración y explotación petrolera”, según explica Hernán Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur. El primer caso de resonancia pública fue el de Loma de Lata, un importante yacimiento de gas en Neuquén. El disparador del conflicto fue la proyección de la planta separadora de gases MEGA, luego de que se detectaran afecciones que padecían los los integrantes de la comunidad Paynemil y Kaxipayiñ, a causa de metales pesados en el organismo. Más tarde comenzaron a visibilizarse otros conflictos, como los de Cutralcó, de Lonco Purrán, de Catriel en el sur de Bariloche, de San Martín y Rivadavia en La Pampa, entre otros. En distintos puntos del territorio nacional, actualmente existen alrededor de 50 comunidades afectadas por cuestiones vinculadas directa o indirectamente, a territorios en disputa con empresas de extracción de hidrocarburos. Para Scandizzo este escenario se hace posible en los últimos años “a partir de que el Estado Nacional transfiere a las provincias de la propiedad de los hidrocarburos, (ya que) las provincias han empezado a licitar y a concesionar áreas para la exploración y explotación”.

 

Las comunidades aborígenes son vulnerables a los proyectos económicos toda vez que sus tierras se visibilizan como áreas atractivas y rentables. Los gobiernos provinciales actúan las más de las veces, en favor de las empresas, dejando a la justicia como el último y endeble recurso para reclamar por sus derechos. Existen dos casos en que la justicia falló a favor de los originarios, el primero, cuando la Corte Suprema de Mendoza resolvió en 2005 mantener la prohibición de explotar hidrocarburos en la reserva de Laguna Llancanelo, que sirve como precedente para frenar la entrada de Repsol en las numerosas áreas protegidas en donde la empresa tiene concesiones. En el segundo, se falló a favor de la comunidad mapuche Wenctru Trawel Leufú, de Picun Lefú, luego de que la comunidad resistiera el ingreso de la petrolera Piedra del Águila a su territorio para realizar tareas de exploración y explotación. La justicia rechazó el recurso de amparo presentado por la empresa para que le garantizara el ingreso a la comunidad porque consideró que la provincia había incumplido previamente el derecho a la consulta previa. Como puntualiza Scandizzo, a diferencia del fallo de Laguna Llancanelo, relacionado con el derecho ambiental, en este caso se trata de una resolución vinculada al derecho indígena. Un importante precedente, pero sólo un primer paso para un arduo camino a recorrer.