Castigados por el pecado de luchar

Por Andrés Hansky y Diego Rojas

La política de represión judicial a trabajadores que luchan está en alza. Presos políticos, procesados y embargados forman parte del mar de manifestantes amenazados por la justicia. Un panorama inquietante.

 

 

 

 

 

Un hombre espera en el sur

 

 

 

Víctor Oñate, de 37 años, ve a sus tres hijas –que tienen 8, 11 y 15 años– una vez por mes. Fue detenido en julio de este año por liderar una protesta petrolera en el norte de Santa Cruz, región de grandes yacimientos y combatividad obrera. Una zona en que las distancias se potencian debido a los paisajes repetidos de desiertas estepas patagónicas. Oñate fue trasladado cinco veces desde que fuera apresado y su último reducto de detención es una cárcel de máxima seguridad en Perito Moreno, distante a 180 kilómetros de Las Heras, ciudad en la que vive y trabaja. Las Heras es una pequeña ciudad de casas bajas, muchas de ellas sin cloacas. En el segmento “ocio y esparcimiento”, ganan por afano los prostíbulos. Hace unos años –antes de las huelgas y puebladas que convulsionaron la región en los últimos tiempos- llamó la atención del país por el alto índice de suicidios adolescentes que registraba. La vida es dura en Las Heras y sus pobladores quieren hacerse oir, pero al parecer no hay derecho al pataleo. De sus apenas 17 mil habitantes, más de un centenar se encuentran procesados por “protestas sociales”. “Desde que lo trasladaron hace una semana que no lo podemos ver –cuenta Martín Oñate, su hermano–. Es difícil trasladarse para verlo, pero la mujer, las hijas y sus compañeros no dejan de visitarlo para que no se sienta solo. No está solo”. Oñate fue elegido delegado por sus compañeros de Oleosur, que reclamaban que la empresa pagara los sueldos que pagaba irregularmente. La huelga de los docentes santacruceños, que habían decidido bloquear los accesos a las plantas petrolíferas, dio impulso a los petroleros, que tomaron la planta LH3.

 

 

 

El conflicto recrudeció, se sumaron otras empresas, los comercios bajaron sus persianas y el gobierno de la provincia solicitó la intervención de la Gendarmería, que militarizó la ciudad. Los militares siguieron patrullando las calles incluso después de que el conflicto gremial hubiera amainado. Todo recrudeció cuando el juez Eduardo Quelín ordenó la detención de los líderes petroleros de la protesta. Los gendarmes ingresaban casa por casa para buscar a los delegados, que habían decidido esconderse. “Los acusaban de impedir la producción mediante el bloqueo a él y a Juan Acosta, otro activista que también fue detenido, pero que recuperó su libertad, a diferencia de mi hermano –cuenta Martín Oñate–. Cuando se produjo su orden de detención, la gente salió a las calles. Había un estado de rebelión total en la ciudad: no íbamos a permitir que detuvieran a los nuestros. Para que la cosa no pasara a mayores, mi hermano decidió entregarse a las autoridades”. Desde entonces se encuentra detenido. El juez Quelín es un hombre de convicciones: desde 2008 detuvo a 9 manifestantes en diversos conflictos y dictó procesamiento a más de cien santacruceños. Oleosur, la misma empresa que lo denunció, también decidió dejar de pagarle su sueldo. Sumado al tiempo que no cobraba debido a las irregularidades empresariales, Oñate no cobra desde hace siete meses. “De todos modos, nadie lo deja solo –explica su hermano–. Todos los meses sus compañeros de trabajo hacen una colecta que le entregan a su esposa”. En el sur, en medio de las estepas inacabables y surcadas por el viento, un hombre espera tras las rejas. Está preso por luchar.

 

 

Víctor Oñate forma parte de los 2700 procesados por llevar adelante manifestaciones y acciones de protesta política, según informa el Espacio Memoria, Verdad y Justicia -que agrupa a las organizaciones de derechos humanos independientes del gobierno y a gran parte de la izquierda política-. Miembros del espacio calculan que su relevamiento de los casos de judicialización es incompleto y que la cifra real al menos triplica ese número. En las últimas semanas se produjeron tres hechos de esta naturaleza poco antes de las elecciones generales de octubre: los atentados atribuidos a bandas vinculadas con la UTA que sufrieron los delegados de los choferes de la línea 60, la detención del dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero y el procesamiento y embargo dictados por el juez Mariano Larrea contra dos dirigentes políticos de la izquierda, Néstor Pitrola (PO) y Vilma Ripoll (MST), por haber llevado su solidaridad a los cortes de ruta que protagonizaron los trabajadores de Kraft en su larga huelga del año 2009.

 

 

A poco de asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, el gobierno fogoneó –a través de la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Eduardo Luis Duhalde- un proyecto de ley de “descriminalización de la protesta social” elaborado por los abogados Juan Carlos Capurro y Horacio González, del Comité de Acción Jurídica (CAJ). Sin embargo, su tratamiento se fue postergando hasta que perdió estado parlamentario.

 

 

Hoy, las declaraciones públicas de ministros y hasta de la misma Presidenta de la Nación, apuntan a brindar apoyo político a la judicialización de la protesta. Los ejemplos más notorios fueron las imputaciones de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a poco de asumir ese cargo en diciembre de 2010, contra miembros de la agrupación “Causa Ferroviaria” por desmanes producidos en la estación Constitución, simultáneos con un corte de vías a la altura de la estación Avellaneda. A pesar de que esa agrupación presentó pruebas de la presencia de delegados del gremio de Camioneros en la batahola, la investigación nunca avanzó en ese sentido. Por el contrario, aún continúan procesados cuatro miembros de esa agrupación opositora a Pedraza, a pesar de que no se encontraban en el lugar de los hechos al momento de producirse los desmanes.

 

 

 

Veinte mil alfajores

 

 

María Rosario tiene 41 años y desde hace 20 que trabaja en Kraft, una gran fábrica alimentaria ubicada en la zona norte que emplea a 3000 obreros. Se desempeña en la línea de producción, en la parte de envasamiento de galletitas. Tradicionales galletitas produce esta fábrica, tanto como alfajores y otras golosinas que hacen a la felicidad de los niños. El antiguo nombre de la empresa era Terrabusi, hasta que fue comprada por la multinacional estadounidense Kraft, aunque el nombre de sus productos siga referenciándose en su anterior denominación. En 2009 se produjo un conflicto de grandes magnitudes cuando la empresa decidió el despido de 165 empleados. La fábrica fue tomada y se produjeron cortes de la ruta Panamericana, a la vez que organizaciones estudiantiles y de izquierda se manifestaron en la ciudad de Buenos Aires a través de cortes de calle y marchas. La fiscal Laura Capra lleva adelante una serie de procesos penales que la tienen como acusada de usurpación, coacción y lesiones. En total, María Rosario está acusada por diecisiete causas penales. El juez Mariano Larrea, por su parte, la acusa en el juzgado de San Martín por otra serie de causas por las que solicitó el embargo de sus bienes por 60 mil pesos. “Es una locura –evalúa María Rosario–. Mi sueldo básico es de 4 mil pesos. No tengo hijos, pero vivo con mis hermanas y sobrinas y están desocupadas. El peso grande del sostenimiento de mi casa cae sobre mis hombros. Mis abogados apelaron el embargo, pero si se hiciera efectivo no podría cobrar más mi sueldo. Es una injusticia enorme, me causa indignación y bronca. Veo a Menem que fue absuelto por la causa de las armas y a nosotros, obreros que nos pusimos al frente de una lucha contra los despidos, nos quieren embargar así. Me da mucha bronca”. El embargo equivaldría a que el sueldo de la obrera debería ser retenido durante quince meses. Que debería trabajar sin cobrar durante más de un año. Que debería juntar las monedas para alcanzar a comprar el equivalente a 20 mil alfajores Terrabusi cuyo costo alcanzaría a cubrir los montos del embargo. Ramón Bogado y Javier Hermosilla, dirigentes de la anterior y de la actual comisión interna de Kraft, y otros delegados tienen además causas abiertas en los tribunales federales de Tres de Febrero por los cortes de Panamericana. El juez federal Mariano Larrea los procesó sobre la base de “información de inteligencia” aportada por Gendarmería, que los identificó como los “cabecillas” de los piquetes. Los gendarmes también “individualizaron” a Néstor Pitrola y a Vilma Ripoll, quienes se hicieron presentes en los cortes de Panamericana para llevar su solidaridad con los huelguistas. Ellos también fueron procesados y embargados. El magistrado Larrea estableció una “tarifa” de $30 mil pesos por corte a la hora de dictar los embargos. De esta manera, trabajadores que en promedio ganan salarios de $4500, tienen inhibidos bienes por cifras que van desde los $60 mil hasta los $180 mil, en el caso de Bogado, o los $290 mil en el caso de Hermosilla. Esto significa que no pueden disponer libremente de sus escasos bienes (en general, no más que la vivienda familiar y un modesto automóvil) u obtener un crédito y hasta albergar la posibilidad de que sus salarios sean embargados.

 

 

 

 

 

La condena política a los manifestantes perseguidos por la justicia forma parte de los modos del gobierno. Un hecho reciente fue el apoyo sin reservas brindado por el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a la detención de otro opositor a Pedraza, Rubén Sobrero, “capturado” en la vía pública cuando acompañaba a una de sus hijas al colegio. En aquella ocasión, el ministro afirmó que el juez Yalj contaba con “semiplena prueba” para detener al ferroviario. La “investigación” (originada en el vago relato de una persona detenida desde el mes de mayo) estuvo a cargo de la Policía Federal, cuya responsabilidad política recae justamente sobre Fernández. Pocas semanas más tarde, el juez dictaba la “falta de mérito” sobre el delegado ferroviario y dejaba constancia en su fallo de las inconsistencias de la investigación. Por el momento, y a pesar de la evaporación de la “semiplena prueba” que acusó el jefe de ministros, Sobrero continúa imputado.

 

 

La cabeza del gobierno, la mismísima Presidenta de la Nación, también ha dicho lo suyo. En los últimos meses, no se privó de hacer uso de la tribuna para atacar los reclamos laborales de los trabajadores del subterráneo porteño –quienes justamente están bregando por el reconocimiento legal de su sindicato de base, el AGTSyP, independiente de la UTA- o para respaldar el desalojo de los piquetes de UATRE por medio de la Infantería. Las protestas de los rurales comenzaron cuando el gobierno se negó a homologar un acuerdo salarial establecido en paritarias que estipulaba un aumento del 35% -lo que significaba un salario mínimo para los peones rurales del orden de los $3000- y lo fijó discrecionalmente en un 25%.

 

 

Por otro lado, en estos días el Ministerio de Trabajo inició acciones para retirarle la personería jurídica al sindicato de técnicos aeronáuticos agrupados en APTA y remilitarizar los controles aéreos.

 

 

Es decir, la “judicialización de la protesta social” (en estos casos, la originada en reclamos gremiales) tiene un destinatario selecto, que son los sindicalistas opositores a la burocracia sindical, pero las amenazas contra UATRE y APTA pueden considerarse un tiro por elevación a todo el movimiento obrero. Su función política sería el disciplinamiento de la clase trabajadora como condición para aplicar el ajuste –aumento de tarifas, devaluación, topes salariales- que el gobierno tiene en puerta.

 

 

 

Además de la música, ruidos en el Colón.

 

 

José Piazza es trompetista en la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón, un colectivo de músicos que fue dirigido por las más prestigiosas batutas del planeta. Piazza también es delegado y, frente a los atropellos laborales del gobierno de Mauricio Macri y del director del establecimiento Pedro Pablo García Caffi, tuvo que ponerse a la cabeza de la lucha de sus compañeros. Actividades artísticas en la vía pública, levantamiento de funciones y movilizaciones fueron las formas que encontraron los trabajadores para oponerse a traslados y ceses de tareas. “El ejecutivo avanzó sobre nosotros –cuenta Piazza–. Macri pidió judicialmente nuestro desafuero como delegados. Ocho de los diez delegados estamos procesados con ese pedido. Fuimos cesanteados primero y estuvimos dos meses sin cobrar, pero la justicia dio marcha atrás con su decisión. Fueron por más y pidieron multas que debíamos pagar que llegaban los 62 millones de pesos, que calculaban en función de las supuestas pérdidas que originaron las funciones perdidas. Si la justicia no hubiera desestimado esa resolución, cada uno de nosotros debería haber pagado más de siete millones de pesos”. Los procesos del Colón continúan.

 

 

 

 

 

Si bien la mayoría de los procesados están imputados por delitos que contemplarían condenas “en suspenso”, una condena firme podría dar lugar a su desafuero (en el caso de los que revisten como delegados) y a su despido. Por otro lado, muchos de los procesamientos son acompañados por embargos e inhibiciones sobre sus bienes por cifras que decuplican sus salarios. En varios casos, los procesos judiciales han ido más allá de las amenazas para transformarse en prisiones efectivas y se habla de ellos como “presos políticos”.

 

 

 

¿Quién dijo que era “fácil”?

 

 

Paralelamente a la ofensiva de jueces y fiscales contra huelgas, ocupaciones y piquetes obreros, comenzó a desarrollarse otra forma de represión contra la oposición al sindicalismo oficial bajo la forma de las “patotas” compuestas por dirigentes del aparato gremial y elementos desclasados y barrabravas contratados para la ocasión. Esta metodología, que en los últimos años irrumpió en las huelgas del Casino porteño, de la metalúrgica Dana o del Hospital Francés, tuvo su pico dramático en el asesinato de Mariano Ferreyra en el marco de una emboscada organizada por la Unión Ferroviaria contra trabajadores “tercerizados” del ferrocarril Roca que exigían su pase a planta. Ni en ese ni en ningún otro caso, el gobierno condenó públicamente el accionar de estas “patotas sindicales”.

 

 

 

 

 

 

 

Desde junio del 2009, cuando el “gatillo fácil” y la represión policial se cobraron la vida de tres jóvenes de los barrios pobres de Bariloche hasta el reciente asesinato del campesino Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, suman 15 los muertos en el marco de protestas sociales de distinta naturaleza.

 

 

Por todos estos motivos, un amplio espectro de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas decidieron convocar a una movilización a Plaza de Mayo para este 23 de noviembre que exija que cese la persecución a los luchadores.

 

 

Hace pocos días, la Presidenta dijo que “era fácil hacerse el revolucionario” bajo un gobierno democrático como el que ella encabeza. La realidad parece desmentirla.

 

 

 

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