A los jóvenes ni justicia

Por Marina Dragonetti (@misantapeluca)

Adolescentes que cumplen condenas que no les corresponden. Métodos violatorios de sus derechos cuando el crimen es mediático y se necesita encontrar un culpable.

 

 

 

La historia de Leandro Roig es conocida. El joven de 23 años ganó notoriedad cuando fue absuelto luego de pasar injustamente 33 meses en la cárcel de Olmos por el asesinato de Santiago Alfonso. Cuando el caso llegó a juicio oral, tanto el fiscal como la familia decidieron no acusarlo. A tal punto su inocencia era evidente que el propio abogado de la familia Alfonso y, quien ahora asesorará al joven acusado, Juan Eduardo Bellido, afirmó en varios medios que ni bien comenzó la investigación, encontró una acusación plagada de “baches”.

 

Lo que el abogado da a entender elegantemente tiene que ver con una práctica recurrente, producto de un funcionamiento deficitario y, en ocasiones, inescrupuloso de los procedimientos legales y policiales que atentan contra la posibilidad de acceder a un juicio justo. La historia de Leandro se replica en muchos otros casos de adolescentes que, como él, están en clara desventaja ante la ley. Para tener un acercamiento al tema, según la organización Arde la Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, hasta el año pasado un, 40% de las causas judiciales en las que trabajaron estaban fraguadas o sobrecalificadas, y un 80% de chicos de entre 18 a 21 años desconocen el estado de sus causas, derechos, o incluso a sus abogados defensores.

 

Esta ONG trabaja desde hace más de cinco años con adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad social. Florencia Arietto, abogada y presidente de Arde la Ciudad, comenta que el objetivo es “darles una mano a esos chicos que han sido privados de todo, porque llegar a la cárcel a tan corta edad significa que algo falló antes”. Los miembros de la asociación se encargan, no solo de prestar asesoramiento jurídico para acelerar y resolver las causas, sino también de reinsertar a estos chicos en el mercado laboral y estimular otros resortes de contención que prevengan futuras situaciones de riesgo.

 

Como explica Arietto: “el mayor nivel de conflictividad está en los chicos menores de 21, que nacieron en la época de los ’90 y no vieron a sus padres laburar y no vieron hacer otra cosa que a gente que maneja un barrio con las armas a punta de pistola. Entonces nosotros no solamente ofrecemos asesoramiento legal, sino también tratar de detectar a los chicos que aún no han cometido un delito para evitar que los cometan. Es complicado porque falta una política integral del Estado”.

 

 

– ¿Cuáles son los principales problemas de acceso a la justicia para los chicos?

 

– En términos políticos, para los funcionarios que están en el poder, un chico o una persona de un barrio humilde que, en general, vive en la ilegalidad, no va a valer lo mismo que una persona que contribuye y paga sus impuestos. En cuanto hay un asesinato, un robo de un “contribuyente”, siempre hay un impacto social muy grande. Así se genera una cacería y el adolescente pobre del conurbano es como lo fácil de tomar porque, seguramente, ese chico tuvo una vinculación anterior con la policía a través de identificación, por averiguación de antecedentes, o por lo que sea; y el policía, en vez de tomar cartas en el asunto, en términos de resortes sociales -que existen en la ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes (26.061) y distintas leyes provinciales, de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño-, lo que hace es manipularlo, liberarlo y tener retenida esa información para cuando lo necesite. Como el enemigo está construido desde ese lugar, ni vos ni yo, ni ningún televidente va a sospechar que ese chico puede no ser el autor del delito.

 

 

– ¿Existen muchos casos de chicos que están cumpliendo condenas que no les corresponden?

 

– De la experiencia que tenemos nosotros, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hasta el año pasado, el 40% de las causas no eran lo que decían que eran. Eran causas que estaban o sobrecalificadas, esto es: de un hurto, pasamos a un robo con arma seguido de muerte, o no eran los chicos que eran. Y en general se disparó a partir de 2008 porque hubo una serie de causas muy mediáticas en donde terminaron cayendo pibes que fueron condenados sin prueba.

Por otra parte, a mi me parece que hay una falencia en este juego democrático en que los fiscales trabajan de policía, los jueces de fiscales y los defensores están colapsados entonces van a negociar la pena. Más allá del chico estigmatizado, hay un déficit muy grande de investigación criminal en Argentina. No tenemos herramientas ni capacitación en la policía, mucho menos en las policías provinciales, para descular un crimen: cuando vos tenés gente imputada, procesada o condenada solamente por dichos, cuando no tenés una prueba objetiva que identifique o vincule a esa persona acusada con el delito, porque no hay huellas, no hay armas, no hay nada que no sea el testimonio de una víctima; se va a ver a cualquier morochito con gorra y pantalones anchos como el culpable.

Yo defiendo como representante de la ONG, a uno de los chicos imputados por el crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea en 2008, que fue un caso paradigmático y mediático, en que hubo un padre asesinado delante de sus hijos. Por un lado, uno trata de demostrar que están equivocados: a la persona que nosotros defendemos -hoy está acreditado después de tres años- se la ha identificado como se podría haber identificado a cualquiera. Fueron a la casa de un pibe en una villa, lo que demuestra dos cosas: que la policía tenía cierta información sobre algún tipo de banda manejada por policías de otro territorio y que no se hizo nada hasta que se cometió un hecho irreversible. Y por otro lado, en este marco de presunta connivencia entre pibes adolescentes de un barrio pobre y la policía; se eligió agarrar a un perejil para protegerlos a ellos.

 

 

– ¿Cómo es la relación entre los pibes que están detenidos y sus abogados defensores? Tengo entendido que en muchos casos, no los conocen.

 

– Sí, eso nos ha pasado más que nada cuando los pibes son trasladados a los penales. Hay un pabellón de jóvenes adultos en las cárceles de máxima seguridad, o en las federales o provinciales, que abarca la franja etaria de 18 a 21, porque hasta los 18 están en los institutos de menores. Lo que notamos es que la mayoría de los chicos tienen defensores oficiales que no están entrenados para enfrentarse a un “Estado policial”. Hay defensores oficiales que en muchos casos son buenísimos, muy comprometidos, y en otros casos, como cobran un sueldo del Estado, no van, no les interesa, y cuando llega el momento del juicio, van y le dicen tres palabritas al pibe, se come un año preso y no tiene ni idea de lo que hizo. Si tenés guita salís rápido y sino te comés tres años seas o no responsable. La situación es irregular .

 

 

– ¿Cuánto tiempo se puede estar preso a la espera de juicio?

 

– En la provincia de Buenos Aires, según la ley 13.334, que es la que aplica la 26.061, un chico que es menor tiene que estar 6 meses detenido en prisión preventiva, prorrogable por seis meses más excepcionalmente. El juez debe explicar por qué el plazo se extiende, en caso de que el caso sea complejo o que haya prófugos, y cuando se cumplen esos seis meses, o se eleva a juicio o, de oficio, se declara la excarcelación. Eso es lo que dice la letra de la ley. Si el caso es mediático en la provincia de Buenos Aires, se va comer tres años y va a ser fajado, si tiene que ser fajado, y va a ser obligado a firmar una confesión aunque no sea. La ley está y es fantástica, mientras que el hecho no sea mediático, sino van a aplicar métodos violatorios de la ley.