Los narcos duermen tranquilos

Por Isaias Blejerovich

Estrategias desde la Procuración General de la Nación y el Gobierno Nacional para no enfrentar el narcotráfico.

 

 

 

Los fracasos en la lucha contra el narcotráfico tienen un callado responsable: Esteban Righi, que se desempeña como Procurador General de la Nación desde 2004, ha decidido en una campaña de hermetismo total, no publicar las estadísticas de delitos correspondientes a los dos últimos años, que regularmente se venían realizando desde el 2000. Los últimos datos publicados en la página oficial www.mpf.gov.ar datan de 2009 y según la información consignada para ese año, sólo 15 causas por venta de drogas se habían iniciado en Capital Federal. Exactamente la misma cifra que para el año 2000. Es sugerente constatar cómo los números permanecen iguales durante todo el periodo. ¿Es posible que los casos por narcotráfico no hayan aumentado en los últimos diez años?

 

Por su parte, los medios hacen mención a procedimientos de incautación de drogas que parecen más un producto de la casualidad que la consecuencia de una red cada vez más amplia de delito organizado. Algunos recordarán por ejemplo, el caso del velero de bandera estadounidense con un cargamento de 444 kilogramos de cocaína hallado en las costas de Olivos por la Prefectura y que mereció todo un despliegue escenográfico de la Ministra de Seguridad, Nilda Garré.

 

La inactividad en el ámbito judicial para contrarrestar la situación, no parece ser otra cosa que el resultado de una serie de decisiones intencionales para favorecerla. O al menos eso cabe pensar luego de hacer un breve sumario sobre las medidas aportadas durante los últimos años. Cómo explicar la disolución de la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas y Crimen Organizado (UFIDRO) que luego de su creación bajo la Resolución PGN 72 obtuvo exitosos resultados y una muy bien ganada fama en el exterior. La disgregación del organismo se dió en 2008 bajo circunstancias poco claras, luego de que dos casos que involucraban al poder político se hicieran públicos: por un lado el escándalo de las valijas que transportaban cocaína con destino a España a través de la línea Southern Winds en el que aparecían figuras como la de Ricardo Echegaray, responsable de la Dirección General de Aduanas, muy cercanos al gobierno de los Kirchner El segundo, la revitalización de la causa por corrupción y narcotráfico que implicaban al entonces intendente de Quilmes, Aníbal Fernández.

 

Luego de la disolución de la UFIDRO, se creó en su reemplazo un Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Como presidente de dicho comité científico, asumió la Fiscal Nacional Mónica Cuñarro, quien sorprendentemente fue propuesta por el propio Procurador General, ya que su fiscalía nunca registró caso alguno por narcotráfico, ni su currículum experiencia en el tema.

 

Hasta el momento, el único logro del flamante organismo –al menos públicamente conocido- fue la propuesta para despenalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal. El cambio radical de agenda fue respaldado por Aníbal Fernández, quien durante su desempeño como Ministro de Justicia trabajó en colaboración con Esteban Righi para clausurar de una vez por todas la UFIDRO y hacer campaña para desestigmatizar al pobre consumidor.

 

Como consecuencia, hoy los fiscales federales del país trabajan por cuenta propia, sin algún tipo de respaldo por parte del Procurador General. Acaso eso sirva de explicación para la inexplicable escasez de respuestas sobre el caso Juliá en el que luego de comprobado el contrabando de cocaína a España en un avión, aún hoy no se sepa en dónde se cargó la mercadería. ¿Por qué ningún fiscal viajó de inmediato para interiorizarse sobre la causa española? ¿Es posible que algún magistrado extranjero pueda confiar en el trabajo de Righi con estos antecedentes?

 

Sin embargo, este no es un caso aislado, sino parte de una política consecuente con sus resultados. El plan de radarización tantas veces anunciado por el gobierno nacional va en la misma línea. “Escudo Norte”, el plan desarrollado en la provincia de Santiago del Estero, incluye la instalación de radares con un radio de solo 200 kilómetros que, de ninguna manera pueden servir para controlar las zonas de frontera.

 

Por eso todos los legisladores deberían atrabajar en la creación la Comisión Bicameral Permanente de Relaciones Institucionales y Seguimiento del Ministerio Público de la Nación , creada por la Ley N º 24.946.

 

A esta altura no se puede hablar de negligencia sino de un plan que por absurso o por decisión tiende a ocultar información y desarticular la lucha contra el narcotráfico. De otra manera no se entiende que el narcotráfico haya aumentado en nuestro país a ojos vista y para la Procuración General de la Nación todo este como en el año 2000.