Por Sergio Serrichio y Gabriel Levinas

Gustavo Grobocopatel es presidente de uno de los más importantes grupos de agronegocios. El empresario habla sobre las críticas al modelo sojero y reclama mayor control del Estado.

 

 

Gustavo Grobocopatel es presidente y máximo ejecutivo de Los Grobo, un grupo de agronegocios que factura 900 millones de dólares anuales entre sus actividades en la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bautizado hace años como el “rey de la soja” y elegido por una encuesta realizada entre 370 ejecutivos como uno de los tres empresarios argentinos más admirados por sus pares, Grobo apunta ahora a llevar a Colombia la frontera sudamericana de la oleaginosa, aunque rechaza el mote de “ideólogo” del modelo sojero al mismo tiempo que celebra que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al presentar recientemente en Tecnópolis el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, haya convertido sus ideas en credo oficial, pero le reclama un mejor Estado.

 

Las críticas al “modelo sojero” incluyen desde el aumento de malformaciones congénitas, casos de cáncer y cardiopatías por el uso extensivo del glifosato y otros agroquímicos, hasta la pérdida de bosque nativo (unas 5 millones de hectáreas en los últimos 20 años), el desplazamiento forzado de comunidades y poblaciones indígenas por el avance de la soja y la pérdida de fertilidad de los suelos (distintos estudios estiman que la reposición de nutrientes es de entre un cuarto y un quinto de los que se pierden en el proceso productivo).

 

Pero Grobocopatel rechaza una por una esas críticas, dice que el exceso de “sojización”  es consecuencia de las políticas gubernamentales que castigan otras producciones e insiste en el rol del Estado. “El Estado debe determinar un ordenamiento territorial, qué se puede hacer, qué no, y dónde; la ausencia del Estado en estas cuestiones ha llevado a guerras internas entre productores y comunidades originarias”, explica. Y reclama un apoyo impensado. “La izquierda tiene que entender que hicimos la revolución agraria que no se pudo hacer antes”, afirma. “Esa revolución democratizó el acceso a la tierra y generó una movilidad social enorme”.

 

Además, Grobocopatel dice que el proyecto oficial de ley de tierras que discute el Congreso “va en contra del interés nacional” y servirá a lo sumo para que los terratenientes locales compren la tierra más barata (Recuadro).

 

En jeans y zapatillas, enchufado con los auriculares a una conversación de negocios por su celular, Grobo llega temprano a su oficina, en el edificio de la Bolsa de Cereales. El mismo nos abre la puerta. “Estoy acostumbrado a levantarme a las seis de la mañana”, dice. E invita a las preguntas.

 

– ¿En qué consiste su negocio?

 

– Los Grobo es una empresa proveedora de servicios, pues el campo es cada vez más un consumidor de servicios. Gracias al avance de la tecnología, las tareas que antes realizaba una sola persona ahora se dividen entre especialistas. Entonces se terciariza en proveedores. Nosotros ayudamos al proveedor agropecuario en distintos tipos de servicios: financieros, de logística, de gestión del riego, de transferencia tecnológica. La empresa es en un 70 por ciento proveedora de ese tipo de servicios, un 80 por ciento a pequeños productores y un 20 por ciento a grandes productores. Y la otra actividad de la empresa es la agricultura, a través de un sistema de contratos. No existe la tierra propia, sino que se alquila. Este negocio está integrado al de los servicios, porque la producción se hace con contratistas, dueños de tierras, proveedores de insumos, de servicios. Trabajamos en red, para producir el grano de soja o de trigo. Una parte se exporta o se vende al consumo interno y otra se industrializa, se transforma ese trigo en harina y se vende a las panaderías. Y también vamos a producir pasta con marca propia. Somos una empresa cuyo modelo de negocios es la integración vertical, que está en distintas partes, que coordina todos los procesos dentro de la cadena de valor. Esa coordinación es el proceso más eficiente y por lo tanto el más competitivo. Es el toyotismo aplicado a la agricultura.

 

– ¿Cuántas hectáreas están sembrando por año?

 

– Unas 280.000 hectáreas. Y proveemos servicios a productores que siembran un millón de hectáreas. Y nos prestan servicios a nosotros unas 4.000 pymes proveedoras de servicios. Entre pymes proveedoras (de servicios) y pymes productoras (agrícolas) estamos involucrados con 10 mil pymes.

 

– ¿Y cuántas hectáreas propias explotan?

 

– No existen hectáreas propias de Los Grobo. Sí tengo individualmente y con algunos socios, pero es individual, no de la compañía.

 

– ¿Cuál es la facturación anual?

 

– La facturación anual del grupo Los Grobo es de 900 millones de dólares en total. Entre 40 y 45 por ciento es en la Argentina, un 40 por ciento Brasil y cerca de un 15 por ciento Uruguay. Lo de Paraguay es muy pequeño. Y ahora estamos viendo la posibilidad de Colombia. Hablé con los presidentes Santos (actual) y Uribe (anterior). Colombia tiene tierras aptas para la soja.

 

– ¿Qué se puede hacer para amortiguar la situación que sufren quienes son desplazados, por ejemplo, mediante títulos falsos de propiedad? Porque al final de ese camino tan costoso siempre está el sojero.

 

– El estado debe determinar un ordenamiento territorial, o sea, determinar qué se puede hacer, qué no, y dónde. Una vez definido eso, crear las reglas de juego para que la gente interactúe. La ausencia del estado en estas cuestiones ha llevado a guerras internas entre productores y comunidades originarias. Se necesita una ley pro activa, no prohibitiva, algo que oriente el proceso. La globalización es una oportunidad para las comunidades, que debería ser aprovechada para estos procesos de desarrollo. Es fundamental que sean incluidas. Todos los proyectos deben ser colectivos.

 

– El hecho es que la soja está asociada a estos problemas, por su propio éxito. Ya se cultivan 18 millones de hectáreas y según el Plan Estratégico Agroalimentario del gobierno, para 2020, de 42 millones de hectáreas agrícolas, 22 millones serán para el cultivo de soja.

 

– Si lo está es por la no intervención del estado. Los procesos de desarrollo se hacen en conjunto, entre la sociedad y el estado. Hay dos riesgos: detener algo que no debería detenerse o dejar que funcione algo que no debería funcionar. (Por eso) el proceso colectivo es muy importante.

 

– ¿Es factible que se garantice que el que arrienda las tierras tenga que devolverlas en las mismas condiciones en las que las encontró?

 

– Sí. La agricultura en Argentina se hizo de manera muy irracional y muy agresiva con los recursos naturales desde la década del treinta hasta la del ochenta. Con el advenimiento de la siembra directa se frena el proceso de erosión y degradación de los suelos que se venía dando. Lo más importante es que haya siembra directa, y después rotación de cultivos. El problema fueron las políticas públicas que fueron en contra del productor y a favor de la soja, queriendo o sin querer. La sojización es una respuesta a políticas de estado con incentivos al revés. Si vos no podés exportar maiz, o trigo, se achica la torta y se siembra menos y se implementan otras políticas que son las que permite al productor mantenerse vivo. Entonces, hacen falta rotaciones, que no son problemas de incentivo de los productores, sino de políticas de Estado, que hay que reactivarlas para ponerlas a favor (de la rotación de cultivos). Otra cuestión, otro error del Estado, es que los contratos en la Argentina son por un año, si fuesen por 3 ó 5 se incentivarían las rotaciones. La siembra directa fue impulsada aquí por la asociación de productores de siembra directa (Aapresid, una entidad que en 2008 el kirchnerismo tildaba de golpista y que la presidenta Cristina Fernández reivindicó expresamente en su reciente discurso en Tecnópolis) y por quienes alquilábamos los campos, no por los productores, que no la veían. A los que alquilamos nos importa el campo, por que nos importa que nos renueven el contrato. A mí me conviene cuidarlo, para que la gente me elija a mí para alquilarlo y no a otro.

 

– Los médicos de áreas fumigadas dicen que por la utilización del glifosato y otros agroquímicos el aumento de los casos de cáncer y enfermedades congénitas es alarmante. ¿Se puede garantizar una mejor utilización de estas cosas que pueden perjudicar la vida de la gente?

 

– Si existe una relación de causa directa, deben existir normas y controles específicos. Se debe obtener una formalización de esos procesos, cuidar más la fórmula y respetar a la gente que vive.

 

– Pero en la Argentina está invertida la situación. En su momento un juez en Europa determinó que no podían haber antenas de celulares cerca de los colegios, porque podía perjudicar la salud de los alumnos. Entonces, mientras la compañía de teléfonos demuestra que no hay consecuencias, la antena se saca.

 

– Acá ha habido una evolución en el uso de agroquímicos que benefició mucho a la naturaleza. Se reemplazaron productos y se exigen cosas que se cumplen. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar dentro del marco de la ley y de lo que el estado te dice. Lo que estado imponga nosotros lo cumpliremos, pero lo que no puede haber es una guerra entre la gente. No debe haber una confrontación, sino una serie de reglas claras que deje en claro qué se puede hacer y qué no.

 

– Puede suceder que demasiado de lo bueno termine siendo malo, puede haber un sobreuso del glifosato.

 

– Eso no existe. No puede haber una sobredosis de glifosato, porque es más costo. El productor intenta bajar la dosis, no se pelea para subirla.

 

– Pese a eso, existen muchas denuncias.

 

– Si hay un daño de más, el Estado tiene que prohibirlo. A lo mejor piensa que no es cierto lo que dicen estos médicos.

 

– ¿Cuál es tu posición?

 

– Tiene que haber un proceso colectivo. Hay que investigar sobre la denuncia que hizo la gente para que se quede tranquila.

 

– Pero produciendo en 280 mil hectáreas y prestando servicios en otro millón de hectáreas, debés tener un conocimiento y una opinión fundamentada sobre lo que se dice de estas malformaciones, cardiopatías, etcétera.

 

– Sé que existen estas cuestiones, viajo y hablo con la gente, con científicos. Y no me llegan las evidencias de que estos problemas existan como consecuencia del glifosato, sino de las condiciones en las que viven. Entonces que hay resolver el basural de al lado, el agua contaminada que toman o la falta de los servicios públicos que no tienen. Pero yo le reclamo al Estado. Nunca hablamos de su calidad, de su importancia, de su eficiencia.

 

– Se le lee una pregunta de Jorge Rulli (fundador del Grupo de Reflexión Rural, crítico del modelo sojero). “Tenemos la impresión de que en sus últimos discursos sobre el tema agrario, la presidenta ha hecho propio lo que algunos exponentes como usted venían reclamando; más aún, creemos que las propuestas presidenciales han excedido las expectativas de esos sectores en los que usted participa. No obstante, parece que se mantiene una cierta desconfianza, acaso temor, y nos preguntamos si tiene relación con las consecuencias políticas socio-ambientales de llevar adelante esos planes o con la supuesta idoneidad de recién venidos, que parecen más papistas que el Papa, y que sus supuestos errores o excesos conduzcan a colapsos políticos de otro tipo”.

 

– La presidenta lo que hace en el discurso último es colocar una visión agroindustrial que venimos sosteniendo desde hace quince, veinte años. Y lo dijo de una manera impecable. Todos queremos “industrializar la ruralidad”, generar más trabajo, valor agregado, la inversión, la innovación, etcétera. Es lo que venimos haciendo, invertir en biotecnología, innovación, nuevas formas de organización, productos con valor agregado y demás. Si no hemos sido más rápidos ha sido por restricciones propias que nos han puesto desde los gobiernos. Si no, ya hubiésemos llegado a lo que la presidenta dice que llegaremos en el 2020. Hasta ahora, este proceso, por las complicaciones que se han dado por falta de estado, más los problemas sociales en el noreste, problemas ambientales no confirmados, ha sido un proceso revolucionario, profundo, impecable desde todo punto de vista, sin ningún problema importante, pese a que se decía que no íbamos a poder vender la producción y demás. No hay un temor. Estamos todos con una expectativa positiva, porque por primera vez un presidente habla sobre esta visión. Ninguno lo había hecho antes. Menem nunca mencionó la palabra “soja”. Entonces, a lo mejor es una nueva etapa que lo que hace es facilitar que este proceso ocurra. Para ello, tiene que ser parte de un proceso colectivo. Por eso el Plan Estratégico Agroalimentario me parece positivo; si bien llega a las mismas conclusiones, se hace con una legitimidad mucho mayor. Hay un gobierno que está alineado, la oposición en general tambien está alineada. Lo que falta es empezar a implementar cosas que incentiven la inversión pública, privada, que la gente se quede en el interior. No hay temor, hay expectativa, pero hay que cambiar muchas cosas que se venían haciendo mal y empezar a hacerlas en forma diferente.

 

– ¿No es paradójico que el gobierno que en su momento dijo que había que desojizar proponga llevar el total de hectáreas cultivadas a 42 millones y las de soja a 22 millones? En los últimos veinte años se desmontaron unos 5 millones de hectáreas de bosque nativo. Y según este plan, hay que incorporar casi 10 millones de hectáreas a la agricultura.

 

– Eso se puede hacer sin deforestar, el gran desafío es aumentar la producción sin deforestar. Se puede ir sobre tierras de pasturas o tierras más marginales y demás. El plan habla de soja, pero también de otros cultivos, de maíz, etcétera. Pero el mundo quiere soja. Vos no le podés vender al mundo lo que querés, sino lo que la gente quiere, y la gente quiere proteínas. Tu discusión no es si se puede vender más o menos soja, sino si se pueden vender productos más o menos industrializados. Si podés, en vez de vender la soja, vender lecitina de soja, aceite, biodiesel, carnes o lácteos, le estás agregando valor, el valor de la cultura. Ese es un gran tema para nosotros, que haya más gente integrada en el proceso productivo. La cadena más larga mete más gente, ese es el desafío.

 

– ¿Pero que la soja sea casi la mitad de la cosecha y del área sembrada no es un riesgo económico, más allá del riesgo ambiental?

 

– Yo creo que debemos ser una economía mucho más diversificada. El problema no es la soja. El problema es por qué lo otro no crece. Nosotros no tenemos un problema con la soja, sino un beneficio. Tenemos un problema con las otras cosas. Así como la presidenta está hablando de industrializar la ruralidad ¿Por qué no ruralizamos también la industria?

 

– ¿Qué quiere decir?

 

– Que la industria se copie de lo que hizo la ruralidad para ser competitiva ¿Por qué la industria no es competitiva? ¿Por qué vivió de subsidios, apoyada por el gobierno y no ha logrado subir o mantenerse? Si mañana hay o no soja es lo de menos, lo importante de la soja es que logramos ser competitivos, número uno a nivel mundial, y tenemos que ver por qué podemos serlo en soja y no en la industria. No es algo para destruir, es algo sobre lo que tenemos que aprender.

 

– Si para esta escala de producción quedaron tantos heridos en el camino, si la escala se duplica, no puede agravarse el problema. Por ejemplo, la Federación Agraria y Movimiento Nacional Campesino Indígena dicen que el plan no tiene en cuenta a los pequeños productores y que implica “más desalojos, más deforestación, más contaminación y destrucción del suelo”.

 

– Sin embargo, el plan tuvo la participación de pequeños productores com gente de la CANPO (Corriente Agraria Nacional y Popular, una creatura kirchnerista que alumbró el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para hostigar a la Mesa de Enlace) y demás.

 

– Entonces le creés a la conversión del gobierno …..

– Yo siempre creo. Y dejame decirte una cosa más, que no me la preguntaron. El proceso del cual vos decís que soy el ideólogo, y no lo soy, es una revolución agraria. La izquierda tiene que entender que hicimos la revolución agraria que no se pudo hacer antes. Esa revolución agraria democratizó el acceso a la tierra y generó una movilidad social enorme. En manos no de los herederos de la tierra, sino de los emprendedores profesionales que ocuparon el espacio que tenían antes los herederos. Lo que tenemos que ver es un movimiento fabuloso. Después le pusieron el nombre de “Pool”, porque había tipos que vinieron de afuera. Pero, en realidad, la esencia del pool es el inversor local, con el peluquero del pueblo, contratista, con un ingeniero, que se asociaron formando una red y generaron un proceso productivo. Esa es la burguesía nacional, que hoy es el emprendedor global que reemplaza a la burguesía nacional. Esta es una causa de la izquierda, no es algo que tenemos que combatir, es algo que tenemos que implementar mejor. La izquierda tiene que apoyar esto, porque es un proceso democrático, de movilidad social, un proceso que libera al sistema y saca al sector agropecuario del primitivismo que tuvo tradicionalmente.

 

– Si fuera así, la clave es la educación.

 

– Obvio, la nueva ruralidad no son los estancieros o los chacareros representados por la Mesa de Enlace. La nueva ruralidad son los emprendedores globales egresados de las universidades.

 

– Como empresario que, según una encuesta, está en el podio del prestigio entre sus pares, cómo te sentís entre, de un lado, un lobbysta como De Mendiguren, el titular de la UIA, que representa a los industriales, y del otro Hugo Biolcati, que tiene la lengua más larga que las ideas y representa a la Sociedad Rural.

 

– La sociedad genera instituciones, algunas son conservadoras, están para mantener. Uno es conservador en el matrimonio o en las empresas, pero las instituciones tienen que ser algo que impacten sobre la sociedad. Las instituciones, son el nuevo poder de la sociedad civil, no los partidos políticos, Es importante crear nuevos tipos de asociaciones, que no son las tradicionales, sino asociaciones en red, transversales. Por eso eso trabajo en crear asociaciones por cadena y así crear una nueva institucionalidad

 

 

Grobo y el proyecto de ley de tierras: “Va en contra del interés nacional”

– ¿Cuál es tu opinión acerca del proyecto de ley de tierras que se está tratando en el Congreso?

 

– Depende básicamente del motivo por el cual se quiere hacer la ley de tierras. Si se quiere controlar el flujo de alimentos, o la seguridad alimentaria, con una ley de tierras no lo controlás, porque la gente no se lleva la tierra, se lleva los productos de la tierra, pueden ser cereales o dólares. Por lo cual, si alguien quiere controlar algo, debe ser el flujo, no el stock. No importa quién es el propietario del stock. Por eso mi negocio no es la propiedad de tierras, sino el control de flujos. Entonces, si el gobierno quiere hacer algo, que prohíba las exportaciones, la salida del capital, pero no la propiedad de la tierra. Por otro lado, si nosotros prohibimos la propiedad de la tierra, nos quitamos la oportunidad de negociar. En cambio, si yo te digo “vos podés comprar, pero necesitás que yo te autorice”, ponés tus condiciones, con lo cual se genera un círculo virtuoso. Si prohibís, te prohibís la oportunidad de negociar este tipo de cosas. La ley de tierras, tal como está, no va a generar ninguna ventaja, ningún impacto. Va a favorecer a algún terrateniente argentino que va a poder comprar un poco más de tierra más barata, o gente que no tiene tierra y va a querer comprar; pero del punto de vista del interés nacional, está en contra.