Espías, punteros macartistas y represores

Investigación periodística Paula Pimentel

¿Quiénes son los comuneros del PRO? Secretos y sorpresas de los jefes barriales.

 

Seis años después del dictamen de la Ley Orgánica de Comunas, los votantes porteños eligieron por primera vez a los jefes de los distritos comunales, durante las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. El recuento de votos fue altamente favorable a los candidatos del PRO, que disputaron y ganaron en las 15 comunas de la ciudad. Sin embargo poco o nada se sabe sobre la trayectoria de los candidatos, que en varios casos esconden desagradables sorpresas. Tareas de espionaje a vecinos, causas judiciales por agresiones, enriquecimiento ilícito y una corta historia de conflictos con los interlocutores barriales, fueron algunas de sus actividades de campaña.

 

 

En otros casos, como el del dirigente de la Comuna 15 -que abarca los barrios de Agronomía, Parque Chas, Chacarita, La Paternal, Villa Ortuzar y Villa Crespo-, Ignacio Crevena; ni siquiera las denuncias por espionaje surtieron efecto para impugnar su candidatura. La trayectoria de Crevena, que junto con los otros candidatos macristas sacó un 41,18% de los votos, incluye trabajos como asesor jurídico y como Director General de Gestión y Participación Ciudadana en la Legislatura. Sin embargo, el punto más sobresaliente de su carrera política fue cuando el 30 de junio del año pasado, se hizo pública una denuncia que tuvo eco en la Legislatura: la policía Metropolitana “hizo tareas de seguimiento e inteligencia” durante un encuentro vecinal, tal como lo publicó el sitio del legislador Rafael Gentili. Como pudo comprobar un veedor de la Defensoría del Pueblo, tres agentes vestidos como civiles infiltrados en la reunión por invitación de Crevena, acopiaban información de los vecinos en dos computadoras que registraban nombres, domicilios, teléfonos y correos.

 

 

Durante la citación de la Legislatura porteña para dar explicaciones, Crevena negó lo sucedido, pero la policía Metropolitana se encargó de desmentirlo cuando se la instó a presentar un informe sobre el caso. La legisladora María Elena Naddeo, que oportunamente realizó el pedido de informes, tiene como hipótesis que la “invitación” de Crevena estaba relacionada a un conflicto con algunos vecinos que se opusieron a la construcción de una comisaría en las inmediaciones del Parque de los Andes. Algunos vecinos presentaron un comunicado exigiendo la renuncia del comunero PRO por este incidente y por la acusación de “actas adulteradas, manejos discriminatorios y amenazas de grupos provocadores” durante los Consejos Pre Consultivos.

 

 

El de Crevena no es un caso aislado de conflicto con los vecinos. Osvaldo Vega, quien se desempeña como jefe de la Comuna 10 y ocupó el tercer puesto en la lista comunal de las últimas elecciones, también fue protagonista de episodios confusos en reuniones vecinales. Los vecinos de Versalles, Liniers, Villa Real, Monte Castro y Villa Luro sufren diariamente los efectos de las zonas liberadas, los delitos de mafias organizadas y la inacción policial. Tanto, que recientemente La Alameda confeccionó un documento detallado que dibuja un mapa del delito en esa zona y que fue entregado al Ministerio de Seguridad nacional y la Jefatura de Gabinete comandada por Horacio Rodríguez Larreta. El informe, que había sido elaborado conjuntamente con los vecinos, evidenció la metodología del crimen organizado y permitió identificar 30 prostíbulos, 24 talleres clandestinos y 15 lugares de venta de estupefacientes. Durante una Mesa Barrial de Participación Comunitaria en Seguridad, organizada el 19 de julio, se produjo el incidente: Osvaldo Vega irrumpió para dar por terminada la reunión, según fuentes periodísticas, “alcoholizado” y descargó una batería de desagravios contra los presentes. Como afirma Lucas Schaerer, militante de La Alameda y vecino de Versalles: Vega “Se presentó como vecino y fue a romper la mesa y se dedicó a atacar a los vecinos con comentarios macartistas” Según Schaerer, el comunero se presentó acompañado de dos hombres, uno de ellos que “es un barra brava del club All Boys y es puntero del PJ tradicional, atacó a los vecinos y empezó a gritar en la reunión” Plazademayo.com intentó comunicarse con Vega en reiteradas oportunidades sin éxito; sin embargo, en otro medio periodístico, lejos de desmentir su exabrupto argumentó que “29 vecinos no pueden ser la voz de Versailles” y, con respecto a la presentación del mapa del delito: “la forma de encarar la reunión con dibujitos… Yo eso lo viví cuando era joven, los del PC te pasaban películas con dibujitos para convencerte”.

 

 

La irrupción de Osvaldo Vega podría tener como correlato una demostración de fidelidad a sus referentes políticos, el legislador porteño Oscar Zago, quien a su vez es hombre de confianza de Daniel “Tano” Angelici. El “Tano”, tesorero Boca Juniors e importante empresario de juegos de azar, es además responsable del lanzamiento de los legisladores del ala radical a las filas del PRO, como el caso de Zago. Entre los activos de Angelici se encuentran las empresas Binarge, American Games, Betec y Cronopios. “Es como el Cristóbal López del PRO”, afirma Schaerer, que además considera que Osvaldo Vega y Oscar Zago “tienen una relación con el juego a través de su referente político (por eso, Vega) está de punta con nosotros porque denunciamos todo lo que es juego clandestino, mafias y estos tipos nada de eso les interesa y los pone en jaque”.

 

 

Otro interesante apartado merecen los comuneros sobre los que pesan causas judiciales. Tal es el caso de Guillermo Peña, referente de la Comuna Nº 7 quien fue acusado y procesado por formar parte de una red extorsiva dedicada a recaudar dinero a cambio de concesiones de permisos a vendedores ambulantes. La historia de Peña en los pasillos de Tribunales no es reciente: tiene dos causas iniciadas en 1994 y 1996 por enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, que según pudo constatar esta cronista fueron elevadas a los tribunales orales Nº 2 y 19 del Fuero Penal Nacional.

 

 

El nombre de Matías Lanusse, tercero en la lista de candidatos para el barrio de Recoleta, también figura en la nómina de causas judiciales, ya que fue imputado en una causa contra la controvertida Unidad de Control del Espacio Público porteña, que terminó haciendo las veces de fuerza de choque en más de una oportunidad. La denuncia caratulada como “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos” que fue impulsada por la legisladora Liliana Beatríz Parada y apoyada por el CELS, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Nación, versa sobre 19 hechos delictivos cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009 en horarios nocturnos y en espacios públicos de la ciudad, periodo en el que Lanusse se desempeño como coordinador de dicho organismo. El comunero fue citado en su momento a declarar ya que se lo imputó en 8 casos por presuntos maltratos de la UCEP ocurridos durante su mandato. Como señala Demián Kofino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de Buenos Aires, durante un allanamiento a las oficinas del organismo pudieron hallarse pruebas, que se agregan a los testimonios y videos que testimonian la presencia del propio Lanusse durante los hechos de violencia. El 1º de julio de 2011 el juez Facundo Cubas, a cargo del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, dictó la falta de mérito para Mauricio Macri, Juan Pablo Piccardo y los 32 imputados en la causa, al tiempo que envió parte del expediente a la Fiscalía Nº 13 para continuar con la investigación que, actualmente, está a cargo del fiscal Daniel Roma. A pesar del pedido de impugnación a la candidatura de Lanusse, presentado por HIJOS y el Observatorio de Derechos Humanos de Buenos Aires, que indicaba que: “Para ser miembro de la Junta Comunal se requiere poseer idoneidad moral”, Damián Kofino, abogado del Observatorio indicó que el pedido fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad a los pocos días de la presentación, “porque se trata de implicados en la causa, no están ni procesados ni acusados”

 

 

Un “macrista puro” como se autodefine Marcelo Iambrich, también tiene un pasado de trabajo en equipo con los muchachos de la UCEP, cuando impulsó el desalojo de la Huerta Orgázmika el 18 de mayo de 2009. Como manifestó un comunicado publicado por el delegado barrial Rodolfo Diringuer el año pasado: “Hoy aproximadamente a las 5 de la madrugada sin orden judicial, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri ordenó el desalojo por la fuerzade laHuerta Orgázmika de Caballito” Para el operativo de desalojo de la huerta comunitaria se utilizaron efectivos de la Policía Federal, la Policía Ferroviaria y la Guardia de Infantería, un carro de asalto para eventualidad y dos topadoras que arrasaron con las plantaciones del predio. Todo eso. El director del CGP Nº6, que antes del desalojo había hecho de mediador entre vecinos y gobierno; participó de una represalia calificada como “ilegal” por los propios ocupantes ya que en 2007 el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5 había fallado a favor de los vecinos que desarrollaban sus tareas en dicho predio, dictando la inexistencia del delito de usurpación. A pesar de ello, tras el desalojo, el lugar fue cercado y cementado para que no pudieran retomarse las actividades.

 

 

Por supuesto, estos casos no hablan por la mayoría, pero sí demuestran lo poco que se conoce a los candidatos. Luego de una campaña oficialista, muy colorida pero de escasa información, es sorprendente constatar casos como los mencionados en los que referentes que se llevaron en promedio más del 40% de los votos en todos los distritos, ostenten este tipo de actividades en tan corta carrera política. Algunos de los objetivos de la Ley de Comunas son la descentralización del poder y el fortalecimiento de relaciones de proximidad entre referentes y vecinos. Lejos de eso, los comuneros parecen, más bien, punteros políticos elegidos con el mismo dedo de siempre.