¡Con la tierra no! Cristina

Por Marina Dragonetti

Polémica por el proyecto de extanjerización de tierras. ¿Un paso en falso para afirmar la soberanía nacional?

El proyecto presentado este año por el Poder Ejecutivo para limitar la compra de tierras a propietarios extranjeros recalentó la polémica sobre un tema que lleva años sin resolverse. Desde 1997 en adelante se han presentado 39 proyectos para regularizar esta situación y desde 2002 se convirtió en tema recurrente de la agenda de Diputados, cuando durante el gobierno de Eduardo Duhalde la crisis económica dejó como saldo cerca de 12 millones de hectáreas rurales hipotecadas a precios más que accesibles para los capitales extranjeros. El debate había avanzado un corto trecho, hasta que a fines del año pasado el Gobierno Nacional dio señales de un trabajo conjunto con las iniciativas legislativas.

 

El “Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional”, que es una de las varias propuestas que pululan en los debates parlamentarios de estos días, prevee limitar a un 20% la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros, crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y proyecta un relevamiento catastral y dominial que permita conocer el estado de situación. Sin embargo, la iniciativa recibió diversas críticas de legisladores opositores y especialistas en el tema. Algunos argumentan que el proyecto parte de una evaluación inexacta del estado de situación actual. Roberto Frenkel Santillán, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, declaró en otros medios periodísticos que si bien “Todos creen que hay un proceso de extranjerización, lo cierto es que la tierra se está argentinizando”. Actualmente, a partir de diferentes relevamientos, se estima que entre el 8 y 10 por ciento del territorio nacional se encuentra en manos extranjeras, pero estas cifras no ofrecen información fidedigna. Para Jorge Rulli, fundador del Grupo de Reflexión Rural “no hay ninguna certeza sobre cifras. Nosotros estamos manejando una cifra levemente superior a 20 millones de hectáreas, pero hay gente que maneja 38 millones. No se puede saber.”

 

Esta carencia de información tiene como correlato una explosión inmobiliaria que se inició durante la década del ’90, y que permitió el desembarco de magnates extranjeros como Ted Turner, Douglas Tompkins, George Soros, y los Benetton, entre otros, que se convirtieron en propietarios de enormes extensiones de tierra, en muchos casos, sin el debido contralor del Estado. Sobre este tema un informe de la Auditoría General de la Nación en 2008, indicó irregularidades en operaciones de compra y venta de tierras limítrofes en la Patagonia, que habían sido aprobadas por la secretaría de Seguridad Interior de la Nación; como falta de documentación, formularios incompletos, dudas sobre la titularidad de los inmuebles y sobre la existencia de bosques nativos.

 

Para la diputada nacional Verónica Benas, estas irregularidades deberían penarse con carácter retroactivo: durante la presidencia de Menem “si bien no había ley nacional que regulara la venta de tierras a extranjeros, sí había resoluciones y distintas normas -por ejemplo del Ministerio del Interior- para producir habilitaciones especiales, y muchas de esas operaciones no respetaron las normas vigentes. En algunos casos se han comprado tierras a un precio vil, y en esos casos, creo que deberían profundizarse estas investigaciones y, de encontrar irregularidades, deberían declararse nulas porque no se puede considerar un derecho adquirido ningún tipo de transacción realizada con mala fe”

 

El proyecto presentado por Benas en 2009 establece además, criterios de protección a recursos naturales, de interés cultural y zonas de frontera ya que, como ella misma aclara: “mi proyecto tiene una orientación más vinculada a la soberanía nacional, por eso es que también establezco como porcentaje máximo de venta de territorio nacional a extranjeros, el 10% en general y también por distrito, región y municipio”

 

Sobre la iniciativa del Gobierno Nacional, la diputada por la Unidad Popular opina que “se ha demorado bastante el gobierno en tratar este tema, pero es positivo que lo haga”

 

Lisandro Viale (Partido Socialista) por su parte, cree que la actitud del oficialismo y la oposición, es renuente al debate: “el oficialismo dice que quiere aprobar un proyecto de ley de tierras sobre extranjerización con consenso, pero me da la sensación que quiere su proyecto o ninguno. Por el otro lado, la oposición busca cualquier ardid para no discutir un tema tan importante para el país” Viale calificó al proyecto presentado por la Presidente como “malo”, ya que considera que el límite a la extranjerización debe estar impuesto “por unidades económicas productivas”. En su proyecto se establece la fijación de estas unidades “determinadas por el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de cada región del país, y a su vez, un tope de facturación para que no se puedan extranjerizar superficies o unidades económicas que excedan, que queden en manos extranjeras, en detrimento de las nacionales” A diferencia del proyecto del Ejecutivo, la propuesta de Viale se basa no tanto en la restricción sobre la superficie de la tierra, sino sobre la actividad que se produce en el inmueble.

 

Jorge Rulli coincide en que “el gran tema no es la tenencia, sino el uso de la tierra. Gustavo Grobocopatel -que algo entiende de este tema- fue muy claro: ningún capitalista congelaría sus fondos en tierras a razón de 10 o 15 millones de hectáreas, tendría que ser un insensato, sobre todo cuando por muy bajo precio puede utilizar las tierras de otros, se la gasta y utiliza sus capitales en actividad” Desde el Grupo de Reflexión Rural, recuerdan que “desde el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002 se señalaba la disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios (que entonces era -8,4 millones de hectáreas) y el crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contrato, especialmente, el arrendamiento”

 

Bajo estos argumentos, la conclusión es que resultaría más rentable para un gran productor la explotación de vastas extensiones de terceros que la compra de las propias. El caso de China es concluyente: este país pasaría a controlar alrededor de 330.000 hectáreas en Río Negro, lo cual significa entre un 40 y 60 por ciento de la producción de esa provincia, ni que hablar de los recursos naturales y humanos.

 

En una entrevista con plazademayo.com, Gustavo Grobocopatel, opinó que si el objetivo es “controlar el flujo de alimentos, o la seguridad alimentaria, con una ley de tierras no lo controlás, porque la gente no se lleva la tierra, se lleva los productos de la tierra. Por lo cual, si alguien quiere controlar algo, debe ser el flujo, no el stock. Entonces, si el gobierno quiere hacer algo, que prohíba las exportaciones, la salida del capital, pero no la propiedad de la tierra. La ley de tierras, tal como está, no va a generar ninguna ventaja, ningún impacto. Va a favorecer a algún terrateniente argentino que va a poder comprar un poco más de tierra más barata, o gente que no tiene tierra y va a querer comprar; pero del punto de vista del interés nacional, está en contra”

 

Estos debates dan cuenta de la complejidad de un tema que lejos de solucionarse con restricciones a la titularidad, ponen de manifiesto que el enfoque parece estar en el lugar equivocado. Bajo los efectos de la ley propuesta por el Poder Ejecutivo, el agronegocio de las multinacionales -que son las que detentan la soberanía real sobre recursos estratégicos naturales y productivos- continuaría intacto; mientras que un conservacionista como Douglas Tompkins quedará en las mismas condiciones que los testaferros internacionales que apuestan al modelo sojero.

 

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