¿Quiénes mataron a Aramburu y Rucci?

Por Juan Gasparini

“Una memoria solamente es confiable cuando es imperfecta, y una

aproximación a la precaria verdad humana se construye solamente

con la suma de los recuerdos imprecisos, unidos a la resta de los

distintos olvidos … La verdad suele ser confusa: es la mentira que

tiene siempre los contornos demasiado nítidos”.

Héctor Abad Faciolince, Traiciones de la memoria, Alfaguara, 2009.

Una investigación periodística sobre las incógnitas de dos operaciones emblemáticas de los Montoneros en las que subsisten aspectos oscuros: los asesinatos de Pedro Eugenio Aramburu y José Rucci. Recordatorio de las imprescriptibilidades de la Corte Penal Internacional, el Frente Farabundo Martí y el fusilamiento del poeta Roque Dalton, en El Salvador, y la competencia del derecho a la verdad.

 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU instauró en 2010 al 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad de las Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos humanos. La jurisprudencia define las responsabilidades de los Estados para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero designar un Día Mundial de la Verdad abre las puertas a un debate sincero, e invita tácitamente a los grupos beligerantes no estatales, al careo generoso con la historia.

El tema atañe a varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, donde perduran zonas grises en los asesinatos del Teniente General (RE)  Pedro Eugenio Aramburu, ex presidente de la República durante la dictadura de la Revolución Libertadora, y del  Secretario General de la Confederación General de Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci, perpetrados en los años 70 por los Montoneros. Sería de justicia que algunos de sus militantes que han sobrevivido y están en condiciones de testimoniar, rindan cuentas, valiendose de las grandes posibilidades que les ofrecen las tecnologías modernas de los medios de comunicación (sitios web, blogs, facebook, twitter, etc.), en esta hora propicia para asumir deberes y espantar los misterios que subsisten.

El referente salvadoreño

Compuesto por 47 Estados elegidos a través del voto secreto de la Asamblea General de la ONU, de acuerdo a una distribución equitativa por regiones del planeta y mediante una renovación anual del tercio de sus miembros, este Consejo determinó la fecha para conmemorar el derecho a la verdad en homenaje al prelado salvadoreño Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Ghandi latinoamericano.

El arzobispo sucumbió el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. El homicida le perforó el corazón de un balazó. Hay tres sospechosos: Marino Samayoa Acosta, un subsargento de la Guardia Nacional, Héctor Antonio Regalado, jefe de seguridad del lider de extrema derecha, Roberto D’Aubuisson, y un mercenario argentino emboscado, a sueldo del régimen opresor que asolaba a la nación centroamericana.

El magnicidio de Romero en San Salvador se halla impune. Igualmente el del celebre poeta Roque Dalton, acaecido el 10 de mayo de 1975, pasado por las armas de sus propios compañeros del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), que posteriormente integrara el Frente Farabundo Martí, los insurgentes convertidos en partido político, hoy en el gobierno que preside Mauricio Funes.

¿Cuál sería la razón para aplicar un doble rasero, y reclamar entender lo acontecido a Romero, menospreciando a Dalton, con tres de sus victimarios denunciados públicamente?: Jorge Meléndez, estrecho colaborador de Funes; Joaquín Villalobos, consultor político de prestigio a nivel regional, columnista del cotidiano español El País, y Edgar Alejando Rivas Mira, cerebro del ERP, de ignoto paradero.

La conducta debe ser pareja para saber lo que pasó en los dos casos. Convendría sacarse de encima la coerción intimidatoria de la ley de aministía, vigente desde 1993, que veda el juicio y castigo para los que pelearan en la guerra civil de 1980 a 1992, causante de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. La ONU ha recomendado insistentemente su abrogación. No obstante, su ambigua retroactividad, la haría ilimitada hacia atrás en el tiempo, alimentando el falso pretexto que bloquea la legítima aspiración de esclarecer las tragedias de Romero y Dalton. (1)

La imprescriptibilidad argentina

El derecho a la verdad asiste a los familiares y a la comunidad en general para conocer el destino y lo sucedido a los que padecieran violaciones graves de derechos humanos, independientemente de que los autores materiales e intelectuales sean o no condenados legalmente, fueran perdonados, sobreseídos o permanezcan en la sombras.

La iniciativa de este compromiso voluntario con la verdad, que de momento es una exigencia moral, no jurídica, se gestó en la cancillería argentina durante el mandato del defenestrado ministro Jorge Taiana, ex-preso político acusado de “subversivo montonero”, quien lo promocionó como un derecho autónomo, objetivo diplomático de los gobiernos del matrimonio Kirchner.

Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. El disfrute de unos no puede limitar el goce de los demás. Establecen la ideología de Naciones Unidas, reflejada en sus dos pactos fundacionales que proponen el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, junto a nueve convenciones que censuran la discriminación racial, la tortura y las desapariciones forzadas, y protegen a los niños, mujeres, discapacitados y trabajadores migrantes.

Hasta la aprobación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas en 2006, que repudia su realización por agentes de la fuerza pública y también los que “sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, Naciones Unidas ha elaborado reglas vinculantes exclusivamente para los Estados.

La génesis de este cambio abreva en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), adoptado en 1998, que al definir las desapariciones forzadas  reprueba “la aprehensión (captura o arresto), la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, (…), seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

La CPI observa que las desapariciones forzadas pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad, es decir imprescriptibles, en equivalencia con prácticas similares de asesinato, esclavitud, encarcelamiento, deportación, exterminio, tortura, apartheid, persecuciones a colectivos con entidad propia y violación sexual.

Para que así lo sea, cada una de esas atrocidades, agrupadas o individualmente, deben ser “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Tendrá por consiguiente que demostrarse “la comisión múltiple de actos” de esa naturaleza, en “conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.

Una vez anuladas las leyes de punto final y obediencia debida, abolidas en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina dispuso que la dictadura militar (1976-1983) había incurrido en esos delitos imprescriptibles, por lo que se reiniciaron los  juicios a lo largo y ancho del mapa nacional.

La Cámara Federal de Buenos Aires valoró de  manera análoga los ilícitos de las Tres A, aquellos paramilitares alentados por José López Rega, el superministro de la presidenta María Estela Isabel Martínez de Perón,  previos al golpe de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976, en un sumario donde se han reunido 681hechos criminales sobre la base de tres criterios. Los actos fueron masivos, sistemáticos y se efectuaron al abrigo del Estado. (2)

Por no reunir ninguno de esos tres elementos, la misma Cámara Federal de Buenos Aires desestimó con  antelación que la voladura de una central policial en Buenos Aires, el 2 de julio de 1976, episodio “aberrante” que ocasionara “inconmensurable daño”, cobrándose 23 muertos y 60 heridos, pudiera permitir reprochar a los Montoneros haber consumado crímenes de lesa humanidad. El 22 de marzo de 2011, la Cámara Nacional de Casación Penal respaldó el fallo que exime a los Montoneros de tales culpas. (3)

En línea con lo estipulado por el Código Penal y mal que le pese a los integristas de las dictaduras militares y de la derecha del peronismo, que desencadenaran las hostilidades y todavía las reivindican, fomentando los desquites de los Montoneros, que suprimieran a Aramburu y Rucci, esas dos muertes fueron delitos comunes, infracciones ordinarias, jamas violaciones graves de los derechos humanos.

Tampoco crímenes de lesa humanidad, que por flagelar masivamente a las poblaciones civiles, requieren una capacidad de planificación y control del territorio que esos guerrilleros nunca dispusieron. Salvadas semejantes diferencias cualitativas, inherentes a situaciones de conflicto interno, nadie debería eludir, en la Argentina o en El Salvador, los imperativos del derecho a la verdad, al margen de procedimientos judiciales que hayan prescripto, estén vigentes o se incoaran en el futuro.

El “aramburazo”

Esclavos de lo que dijeron y dueños de lo que callaron, Mario Eduardo Firmenich y Esther Norma Arrostito, dos de los fundadores de Montoneros, relataron en septiembre de 1974 cómo murió Aramburu. Lo hicieron en el semanario La causa peronista, dos meses después que falleciera el General Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. El periódico reflotó comunicados en que la formación se adjudicara el hecho, y un cruce de cartas con Perón, quien lo avaló. (4)

El anuncio detonó la fuga hacia adelante de los guerrilleros peronistas, en un contexto de acoso y derribo. Pasaron a la ilegalidad, relegando la organización y movilización de masas como herramienta preponderante de militancia. Retomaron la lucha armada en tanto instrumento principal de combate, método que habían abandonado el 11 de marzo de 1973, cuando el triunfo electoral del justicialismo.

El reportaje navega en Internet. Traza la ingeniería de la operación, y ofreció una tribuna de prensa a los dos montoneros para autoincriminarse y fundamentar el gesto. Agregaron la participación de otros protagonistas abatidos en los cuatro años transcurridos desde que liquidaran a Aramburu, citando a Fernando Abal Medina, Emilio Maza, Gustavo Ramus y Carlos Capuano Martínez, pero no hicieron alusión a José Sabino Navarro, a quien no debían confidencialidad a su memoria.

En efecto, carecían de reservas para declinar revelar un antecedente que, desde la mística tocante a una confesión coral, ennoblecería a Navarro, caído heroicamente tres años antes en Córdoba, el 21 de julio de 1971. El “Negro Sabino” guiaba un grupo absorbido por la célula madre porteña de los incipientes montoneros capitaneada por Abal Medina, incorporación producida poco antes del bautismo de fuego contra Aramburu,  donde los “sabinos” cooperaron fuera del escenario y en preparativos colaterales para afrontar complicaciones que podían surgir. Sin embargo, al retrato del elenco le faltó un actor clave. Su no identificación ha sido utilizada por algunos, bien o mal intencionados, para suplantarlo por un hipotético agente infiltrado de las Fuerzas Armadas que usurparan el poder entre 1966 y 1973, desnaturalizando la osadía guerrillera.

Firmenich y Arrostito corrieron el riesgo de no sacar a luz todo lo ocurrido, dejándole al lector la posibilidad de apelar a su imaginación para colmar la falta de información que se le retacea. La brecha ha sido aprovechada por incautos, adversarios o detractores, que les imputan haber sido manipulados por el gobierno anticonstitucional del general Juan Carlos Onganía, en perjuicio del cual supuestamente conspiraba Aramburu.

Cuatro años más tarde de la publicación a dúo, Arrostito fue envenenada en su cautiverio del centro clandestino de detención implantado en la ESMA, el domingo 15 de enero de 1978. Firmenich reside en España, aparentemente sumergido en aguas académicas. Las declaraciones en tándem no han sido desmentidas, ni por sus correligionarios de la época, deudos, allegados o familiares.

Al contrario. Portavoz de una lectura piadosa de la trayectoria de los iniciadores de una de las vertientes de los Montoneros, las confirmó y amplió en 2005 el abogado Lucas Lanusse, en un libro que insertó a Ignacio Vélez, todavía vivo, y a Carlos Maguid, cuñado de Arrostito, desaparecido en 1977, en sendos casilleros vacíos del “ajusticiamiento”. Lanusse no quiso, o no pudo porque no lo supo, referirse al gran enigma que esta crónica pretende contribuir a dilucidar, o sea el perfil del personaje que estuvo a solas con Abal Medina en el instante de quitarle la vida a Aramburu, circunstancia que merecerá enseguida su oportuno desemboque. (5)

Eramos doce personas, entre los de Buenos Aires y los de Córdoba. En el operativo jugamos diez”, afirmó Arrostito en la sonada entrevista, que piloteó el periodista Ricardo Grassi, quien la evocara en un artículo del diario argentino Clarín del 30 de mayo de 2010, sacando interesantes conclusiones. (6) La nota, escrita hace 36 años, arranca detallando que esos diez pioneros de la guerrilla urbana se concentraron en una casa de Villa Urquiza, en Buenos Aires. Y el 29 de mayo de 1970, de mañana, fecundaron la sigla Montoneros secuestrando a Aramburu. Para Norma Arrostito fue la “obra maestra de la propaganda armada”, estimaría en la ESMA, al hilo de un documento mecanografiado o dictado presuntamente por ella el 21 de diciembre de 1976, 19 días después de su caida. (7)

Para aproximarse y anticipar la retirada del apartamento en que habitaba el símbolo del antiperonismo, en la calle Montevideo 1053 de la Capital Federal, los “tupamaros argentinos” emplearon 5 vehículos: una Renoleta blanca, propiedad de Arrostito, un taxi Ford Falcon del que era titular Firmenich, y una Gladiator 380 de la madre de Ramus. Los dos restantes, un Peugeot 404 blanco y una pick-up Chevrolet, que fueran robados, los usaron en la captura de Aramburu.

Capuano Martínez manejaba el auto, secundado por Vélez, ambos de civil, delante de Emilio Maza y Fernando Abal Medina, portando ropas del Ejército. Los cubría la Chevrolet, conducida por Ramus, disfrazado de colimba (soldado), con Firmenich vestido de cabo de policía, Arrostito luciendo peluca rubia “y un poco pintarrajeada”, en tanto Carlos Maguid calzaba sotana de cura. Por supuesto, los ocho estaban armados.

No lejos del teatro de lo que sobrevendría, la Renoleta quedó estacionada con alguien de sexo masculino en su interior, en Pampa y Figueroa Alcorta. Vacío, al taxi Ford Falcon lo cerraron con llave, en las inmediaciones de Aeroparque. Cerca se parapetaba la Gladiator para entrar en escena, cuyo guardián, y por lo que le tocaría hacer de inmediato, se transfiguraría en el correr de estos 40 años en el gran interrogante de las violentas peripecias de la Argentina, que engendrara el derrocamiento sangriento del general Perón en 1955.

Maza, arropado de capitán, y Abal Medina, de teniente primero, subieron al octavo piso donde se domiciliaba Aramburu. Vélez se mantuvo en el séptimo “con la puerta del ascensor abierta, en función de apoyo”. Al general de la Nación que interrumpiera la marcha constitucional de la República en 1955, lo paralizó el factor sorpresa. El impacto de atuendos de una institución que era la suya quizá lo neutralizaron. Pareció convencerse que no valía la pena desobedecer a jóvenes que desenfundaran sus pistolas, y lo apuraban a seguirlos. Pudo conjeturar que cumplían órdenes, sabiendo que el rigor castrense era no dar explicaciones. Oponerse contradecía el sentido común. Sintiéndose apto para comparecer ante quienes presumió debían encarnar la voluntad de detenerlo, se dejó llevar sin protestar.

Los cuatro se hicieron cinco en el Peugeot, partiendo raudos hacia la Facultad  de Derecho, escoltados por la Pick up y sus cuatro ocupantes. Antes de llegar,  se desprendieron del auto, amontonándose en la Chevrolet. Maguid recuperó su indumentaria de civil, a la par que Maza, quienes luego abandonaron la caravana con Arrostito y Vélez, acarreando “los uniformes y parte de los fierros”.

Se apearon en Pampa y Figueroa Alcorta. Allí estaba la Renoleta que pertenecía a la única mujer de “Pindapoy”, apodo del mito precursor de Montoneros. Aramburu había sido trasbordado a la caja de la camioneta, inaccesible a las miradas externas, rodeado de Abal Medina y Firmenich, mientras Ramus acogía a Capuano Martínez de acompañante en la cabina. En las páginas de La causa peronista no hay mención de quién había esperado en la Renoleta, acaso por lo intrascendente de su misión, y el Peugeot se disuelve entre las líneas.

Por Aeroparque conectaron con los rodados dispuestos para encarar la segunda fase de la operación. Desecharon velozmente a la Pick up Chevrolet, que a su turno se borra de la narración. Capuano Martínez montó de chofer en el taxi Ford Falcon, adelantándose en el camino para avisar por walkie-talkies si las fuerzas policiales se interponían en la travesía. El custodio de la Gladiator se acomodó atrás, vigilando a Aramburu con Abal Medina, camouflados por un toldo y fardos de pasto. Delante, Firmenich auxiliaba a Ramus, al volante de la camioneta de su madre.

Consumieron varias horas de viaje por rutas secundarias previamente exploradas hasta La Celma, el casco de estancia que la familia Ramus poseía en Timote, a unos 350 kilómetros al sudoeste de la Capital Federal. Arribaron al atardecer. Capuano Martínez retrocedió a Buenos Aires y Ramus se puso a entretener al capataz encargado de la finca, vecino de la casona, para que no reparara que en el dormitorio tenían encerrado a un prisionero. Esa noche empezó el “juicio revolucionario” a Aramburu, la fase terminal de la operación.

El tribunal lo concertaban Abal Medina, Firmenich y el “anónimo”, recuerda Grassi, denominado el “tercer montonero” por el abogado Lanusse, alias Julio, en la novela de José Pablo Feinmann, un “desconocido” en la prosa del escritor José Amorín, hasta acá el cuidador de la Gladiator. El trio culpabilizó a Aramburu de los bombardeos a la Plaza de Mayo, de las represalias contra civiles y militares de junio de 1956, que decapitaran a los sublevados antagónicos al golpe de Estado que volteó a Perón; del hurto y sepultura a escondidas en Italia del cadáver embalsamado de María Eva Duarte, Evita, y de buscar “la integración pacífica del peronismo a los designios de las clases dominantes”. (8)

Es sabido por fuentes convergentes de los náufragos de Montoneros, que la idea de acabar con Aramburu fue de Emilio Maza, punta de lanza de los cuatro ex cadetes del Liceo Militar General Paz de Córdoba, que cuajaran la célula primigenia en esa provincia, la cual debió aliarse con su homologa de Buenos Aires para  aniquilarlo. Mancomunados, esos dos núcleos, no congregaban “una quincena”, resume el documento asignado a Arrostito que conservaban sus captores en la ESMA, exactamente 14, contabilizando los nombres y apellidos exhumados por el abogado Lanusse en su tesis hecha libro. (9)

Prosiguiendo con esas fuentes, un porteño, Abal Medina, y un cordobés, el pasajero de la Gladiator, ejecutaron la sentencia de muerte pronunciada en la noche del 1 de junio de 1970. Al despuntar la madrugada, Aramburu fue descendido al sótano de LaCelma, y a Firmenich lo mandaron “arriba a golpear sobre una morsa con una llave, para disimular el ruido” de los estampidos. Ramus no estaba.

Abal Medina acertó un plomo de 9 milímetros en el pecho de Aramburu. “Después hubo dos tiros de gracia con la misma arma y uno con una 45”, pero Firmenich, ausente en el sótano, no dice quién los descerrajó. Tal vez el cordobés de la Gladiator metió baza en la faena. Y pudo haberselo contado al periodista Rodolfo Walsh, de quién ulteriormente fuera su alter ego en el servicio de inteligencia que tuvieran los Montoneros.

Walsh no se rindió a los sicarios de la ESMA y cayó el viernes 25 de marzo de 1977. Su segundo en tamaña aventura política, aún circula por este mundo. Ha sido un montonero con suerte. Desencriptando el proverbio chino que “el lugar más oscuro está justo debajo de la lampara”, por lo pronto, son a lo sumo tres los antiguos guerrilleros peronistas que pueden completar la versión que diera La Causa Peronista.

 “Traviata”

Exceptuado Luis Fernando Beraza, biógrafo de Rucci, cuatro otros autores le endilgan a Juan Julio Lino Roque, haber tenido alguna relación con  Traviata, seudónimo de la operación con la que los Montoneros despacharan a José Ignacio Rucci el 25 de septiembre de 1973. El dato lo consignó en 1986 Eugenio Méndez, abogado y periodista, transcriptor de  inverosímiles  delaciones de un ficticio Oficial de la organización, texto desprovisto de credibilidad. En el 2000, Miguel Bonasso lo insinuó por una descripción del atentado que le hiciera Roqué en una cena cogotuda, anécdota que no lo inculpa. José Amorín, en 2005, coloca a Roqué resolviendo en solitario dictaminar la muerte de Rucci, insólitamente respaldado por un implícito consenso de una dirección guerrillera colectiva, convocando a un comando de 9 hombres, aunque no le consta su eventual incursión en forma directa. Solo Ceferino Reato en 2008 es taxativo e instala a Roqué, fusil en mano, barriendo al Secretario General de la CGT, oficiando inclusive de taquígrafo del pensamiento guerrillero al dar la muerte. Los Montoneros no suscribieron nada, arrojando un manto de silencio. (10)

La familia de Roqué por boca de su hija mayor, María Inés, quien filmó un documental sobre la odisea de su padre registrado en You Tube, niega saber si estuvo envuelto en el luctuoso epílogo de uno de los más audaces gremialistas que parió la Argentina en el siglo XX. Los sobrevivientes de la ESMA no oyeron a los represores que le dieran caza a Roqué en mayo de 1977, y quemaran sus restos en los pastizales del predio, motivar el ensañamiento dando crédito a que hubiera ultimado a Rucci. La revista Somos, vocera del establishment militar en la guerra sucia, descartó de ponerla entre las exacciones que le encajaron al notorio rebelde en la edición que lo aupó en portada. (11)

¿Quién era Juan Julio Roqué y qué hacía dentro de los Montoneros en la fecha que fulminaran al patrón del sindicalismo argentino, pieza importante del pacto social con los empresarios motorizado por el general Juan Domingo Perón, plesbicitado Presidente dos días antes con el 60% de los votos? El cordobés Roqué (1940) fue un típico fruto de los levantamientos populares que abonaron el brote de la guerrilla urbana al fin de la década del 60 (“cordobazo”, “rosariazo”, “viborazo”, “tucumanazo”, “mendozazo” y “rocazo”).

La docencia había sido su vocación, hasta que se lanzara a catalizar la irrupción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), una de los cuatro afluentes de los finalmente consolidados Montoneros, abarcando a “Descamisados” y sectores relevantes de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Transitó del comando “Santiago Pampillón”, en la insurrección del barrio Clínicas de Córdoba en 1969, a la eliminación del general y torturador, Juan Carlos Sánchez, Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, el 10 de abril de 1972, en Rosario. Tuvo dos matrimonios, y tres hijos, un hermano mayor con vida, Aníbal, y un hermano menor desaparecido el 11 de diciembre de 1979, Daniel Malelo Alberto Roqué, maestro universitario y empleado municipal en Córdoba. (12)

Licenciado en Ciencias de la Educación en la universidad nacional de esa provincia, rector y profesor de un colegio secundario, Juan Julio Roqué pasó a la clandestinidad en junio de 1971. A principios de 1973 fue encarcelado por el general Alejandro Agustín Lanusse, quien cerró el ciclo de la dictadura 1966-1973. Compartió la penitenciaria de Villa Devoto con su segunda pareja, la Rata Gabriela Yofre. Liberado al advenir el gobierno popular de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, el 25 de mayo de 1973, resultó, a la postre, uno de los pocos Oficiales Superiores de los unificados Montoneros, la docena de jefes máximos de la flamante organización “político militar”.

En abril de 1973, Mario Eduardo Firmenich, Roberto Cirilo Perdía y Roberto Quieto, le presentaron a Perón en Europa la naciente unanimidad de los Montoneros. Su construcción, para la que designaran a Roqué Secretario Nacional de Prensa, se fue armonizando una vez conquistada la victoria en las urnas del 11 de marzo de 1973, que restituyera la institucionalidad democrática a los argentinos, conculcada desde hacía 18 años.

El 20 de junio de 1973, Roqué sintió personalmente que la derecha del justicialismo les declaraba la guerra, para impedirles avanzar en una perspectiva de negociación política en el seno del Movimiento Peronista, con un líder viejo y enfermo. Al aproximarse su ineluctable extinción física, el legado era objeto de disputas entre el ala conservadora y retrograda de los burócratas sindicales y políticos, y la “tendencia revolucionaria” de la Juventud Peronista y los Montoneros, que pugnaban por la “Patria socialista”.

Con Firmenich, Quieto y Carlos Hobert, asimismo Oficiales Superiores de Montoneros, Roqué encabezó la marcha de unos 3 millones de argentinos, que acudieron a Ezeiza a recibir a Perón ese 20 de junio, quien retornaba del exilio en Madrid. Asomaban en el ómnibus marrón verdoso que se ve en la fotos, al frente de la marea humana que iría inocentemente al matadero. El septuagenario caudillo los hizo infundadamente instigadores de la masacre, aunque hubieran sido los agredidos de la jornada, ofrendando la inmensa mayoría de los 13 muertos y 365 heridos, consignados en los cables oficiales.

A pesar que Ezeiza los convenció que Perón había decidido destruirlos antes de su eclipse natural, para que no heredaran su conducción unipersonal del Movimiento Justicialista, los Montoneros no ensayaron retirada alguna, ni modificaron el mecanismo puesto a punto para la fusión, que recién sería anunciada el 12 de octubre de 1973, a los 17 días que tumbaran a Rucci, en plenos festejos de la investidura del tercer mandato del caudillo justicialista.

Aderezada para la lucha política y la autodefensa militar, en la carpintería  montonera cohabitaban pautas “funcionales” y “territoriales”. Tenían por ambición saltar de la “integralidad”, acuñada durante el “foco” 1969-1972, en el que cada uno debía operar militarmente, hacer trabajo de base y dirigir movilizaciones de masas; a la “especialidad”, donde los adherentes se abocaban a labores singularizadas, específicamente en cuestiones políticas, sindicales, estudiantiles, de prensa, militares y logísticas, en sintonia con la ambición de transformar la guerrilla en un movimiento político.

Aparejaban una Conducción Nacional colegiada de tres miembros (Firmenich, Quieto y Perdía), por encima de los Secretarios Nacionales de política, militar, prensa y relaciones internacionales (aspecto funcional del aparato), y de los jefes de las 7 regionales en que habían dividido el país (asentamiento territorial de la arquitectura). Todos eran Oficiales Superiores y articulaban el Consejo Nacional de Montoneros, órgano supremo en la cadena de mando. (13)

Fuentes con acceso directo a ciertas figuras de esa vertiginosa coyuntura, anudadas en una trama comparable a la que ya permitió reconstruir el ocaso de Aramburu, evidencian que, además, los Montoneros concibieron un pelotón militar especial para responder a las provocaciones de las bandas fundamentalistas de la derecha peronista que estallaran en Ezeiza, prefiguración de las Tres A, que se preparaban para empezar a firmar sus extravíos terroristas en noviembre de 1973.

Armaron un equipo a tiempo completo, para replicar a la codicia funesta del vandorismo, apelativo en el idioma montonero del “enemigo interno”, que dominaba la plana mayor del peronismo y los quería borrar del mapa político. Advierten esas fuentes que, en el intervalo previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, escasas dos operaciones fueron dirigidas por Oficiales Superiores: el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, el 19 de septiembre de 1974 (Roberto Quieto), y el intento de copamiento del cuartel de Formosa el 5 de octubre de 1975 (Raúl Clemente Yäguer).

Se trató de opciones capitales para la guerrilla peronista. Con ellas aspiraban a acopiar los recursos financieros para solventar su proyecto, y desafiaban al Ejército a dirimir el control del Estado. Coinciden dichas fuentes que llama la atención, por incoherente con esa lógica de preservar el centro de gravedad del Consejo Nacional, que hubieran destacado al Oficial Superior Roqué, inmerso en las dificultades de desarrollar una prensa propia, cercada por el hostigamiento que sufrían,  mudándolo de puesto para que saliera a limpiar fanáticos de la derecha peronista, un cometido subalterno que no lo justificaba.

Desgajados de la cúpula montonera, que mantuvo incólumes a sus Oficiales Superiores en las disciplinas originalmente programadas, siete Oficiales Mayores, el segundo escalón en la graduación guerrillera, recibieron la instrucción de la Conducción Nacional de alistarse para ir a vengar la matanza de Ezeiza, apuntando a Rucci, confiriéndole un papel insustituíble en el asedio que soportaban. Insisten esas fuentes que los dotaron con viviendas debidamente compartimentadas, sigiloso pertrechamiento logístico, aislados del esqueleto que tradicionalmente se le conociera a la organización, prohibiéndoles contactos con potenciales simpatizantes que tuvieran actividades de superficie, o quién fuere que trajinara despachos gubernamentales.

Se lo encomendaron a Eduardo Tomás Miguel Molinete, el “Gallego Guillermo”, apuntalado por Horacio Antonio Arrue, “Pablo Cristiano”, hijo de un legislador justicialista, y Marcelo Daniel Kurlat, “Monra”. A los otros cuatro, las fuentes auscultadas les han perdido las huellas. Acribillaron a Rucci en Buenos Aires, “peor que un crimen, un error”, reza el adagio, una equivocación significativa, cuyo móvil podría interpretarse que fue el de “tirarle un fiambre a Perón”, para presionarlo a torcer el rumbo, quién incentivó la escalada contra ellos en lugar de apaciguarla.

Gabriela Rata Yofre desapareció en la ESMA el 25 de octubre de 1976, postrando a Juan Julio Roqué en la viudez, quién el 29 de mayo de 1977, en un chalet de Haedo,  Buenos Aires, prefirió envenenarse antes de que lo agarraran vivo los esbirros de la ESMA. Desangrándose, ahí llevaron a expirar a Kurlat, apresado herido el 10 de diciembre de 1976. A Arrue lo masacraron en la tortura, el 20 de septiembre de 1976, en Campo de Mayo.

Molinete tuvo dos ocasiones más de exhibir sus cualidades militares en el asesinato de Arturo Mor Roig, ex ministro de la dictadura 1966-1973, el 15 de julio de 1974, y en el secuestro contra pago de rescate de Heinrich Dieter Metz, empresario de Mercedes Benz, el 23 de octubre de 1975. El cuerpo exánime de Molinete apareció en una casa de Villa Cabrera, Córdoba, al apagarse un feroz enfrentamiento con el Ejército, el 9 de marzo de 1977.

Los Montoneros incorporaron el sensible ingrediente de inscribir su derrotero en la continuidad histórica de la resistencia peronista inaugurada en 1955, apegada a distintas expresiones de violencia. Las corrientes progresistas del justicialismo los visualizaron como su brazo armado, justicieros de los excluidos, pobres y  desposeídos. Se incrustaron en el sentimiento popular de rechazo a los 18 años de proscripción de Perón, acoplándose a su dispositivo para  juntar al “campo nacional” y vencer a la “camarilla militar”.

Enseña la sociología que la violencia política que reduce la distancia entre los militantes que la ejercen  y la gente a la que la proponen para liberarse de la opresión, exhortando a su movilización y obteniendo anuencia en la opinión pública, contiene el germen democrático pues se subordina al quorum de la masa. Lo que habilita y legitima esa violencia es el  modelo democrático. Pulsando el documento atribuido a Arrostito en la ESMA, late que esa luna de miel de los Montoneros con el pueblo duró hasta fines de 1975. En aquel año decretaron la extinción del peronismo y, a continuación, se precipitó el derrumbe, siendo aplastados por la hordas del Ejército, la Marina y la Aeronáutica.

El atenuante para Aramburu, radica en que, al parecer, se había desengañado de los gobiernos de facto, preconizando una salida por la senda de los valores republicanos.  El agravante para Rucci fue que del vientre del sindicalismo, cuyo poder ostentaba, salió el grueso de los grupos paramilitares anticomunistas de las Tres A, que socavaron la democracia y alentaron el golpe de Estado de 1976.

En su afán de contener ese peligro, la guerrilla terminó siendo la opositora armada de un gobierno que traducía constitucionalmente lo que se había votado, un desatino cuyo inicio hay que situarlo en la famosa nota de La Causa Peronista, dando por agotada la acción dentro de la democracia, para empuñar dedididamente las armas. Mario Eduardo Firmenich, Roberto Cirilo Perdía y Fernando Vaca Narvaja, los tres altos exponentes que les quedan en pie a los derrotados Montoneros, y muchos otros que escaparon al zarpazo genocida, no deberían sustraerse a las obligaciones del derecho a la verdad.

Notas al pie

 

(1) La “Ley de Amnistía General para la consolidación de la Paz” en el Salvador, del 22 de marzo de 1993, no fija plazo para el comienzo de su aplicación, pudiendo blanquear delitos anteriores a la guerra civil 1980-1992
(2) Cámara Federal de Buenos Aires, 14 de marzo de 2008.
(3) Cámara Federal de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2007, Cámara Nacional de Casación Penal, 22 de marzo de 2011.
(4) “La Causa Peronista, 3 de septiembre de 1974”
(5) Lucas Lanusse, Montoneros el mito de sus 12 fundadores, Vergara, Buenos Aires, 2005.
(6) Clarín, 30 de mayo de 2010 (http://www.clarin.com/zona/asesinato-Relato-secreto-confesion-Aramburu_0_271173111.html)
 (7) Documento sacado de la ESMA por Graciela Beatriz García Romero, sobreviviente de ese centro clandestino de detención. Lo cargó en una valija disimulado entre ropas, al ser liberada en diciembre de 1978, copia en el archivo del autor. Norma Arrostito había sido secuestrada en la ESMA el 2 de diciembre de 1976.
 (8) José Pablo Feinmann, Timote, Planeta, Buenos Aires, 2009. José Amorin, courriel del 22 de junio de 2010.
(9) El grupo fundador de Montoneros en el libro de Lucas Lanusse lo conforman. Célula cordobesa: Emilio Maza, Ignacio Vélez, Alejandro Yofre, Héctor Araujo (los cuatro “ex liceistas” desnudados en el documento de la ESMA, que se le arroga a Arrostito), Carlos Capuano Martínez, Cristina Liprandi, Susana Lesgart, José Fierro, Luis Losada. Celula porteña: Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus, Mario Eduardo Firmenich, Norma Arrostito y Carlos Maguid. En su análisis para la revista Lucha Armada número 2, de marzo-abril-mayo 2005 (http://www.elortiba.org/pdf/lucharmada2.pdf), Ignacio Vélez añade el nombre de la porteña Antonia Canizo, y los cordobeses Mirta Cucco y el sacerdote Alberto Fulgencio Rojas. 
(10) Luis Fernando Beraza, José Ignacio Rucci, Vergara, Buenos Aires, 2007. Eugenio Méndez, “Confesiones de un montonero” Sudamericana-Planeta, Buenos Aires 1986,  José Amorín, Montoneros: la buena historia, Catálogos, Buenos Aires, primera edición, 2005. Miguel Bonasso, Diariode un clandestino, Buenos Aires, Planeta, 2000. Ceferino Reato, Operación Traviata, Buenos Aires, Sudamericana, primera edición, septiembre de 2008.
(11) María Inés Roqué, “Papá Iván”, y sus correos electrónicos del 2 de julio de 2010. Testimonio del autor, detenido-desaparecido en la ESMA el 29 de mayo de 1977, día en que los represores traen muerto a Roqué. Somos, 10 de junio de 1977.
(12) María Inés Roqué Rodríguez (13-7-1966) e Iván Rafael Roqué Rodríguez (20-10-1969), son hijos del primer matrimonio del fenecido guerrillero con Azucena Rodríguez. La madre de Martín Miguel Roqué Yofre (9-5-1974), fue Gabriela Yofre, desaparecida en la ESMA el 25 de octubre de 1976, hermana de Alejandro Yofre, uno de los primitivos montoneros de Córdoba.    
 
(13) La lista tentativa e incompleta, y las afectaciones de los Oficiales Superiores del Consejo Nacional de Montoneros, y su relevo, Oficiales Mayores, que se ha podido reconstituir, durante el proceso dinámico y cambiante de la fusión de sus cuatro ramales, a resultas de tal confluencia en octubre del 73, hasta la estabilización de ese Consejo en febrero del 74, con las fechas de caidas, la forman: Conducción Nacional (todos Oficiales Superiores) Mario Eduardo Firmenich, “Pepe”; Roberto Cirilo Perdía, “Pelado Carlos”; Roberto Quieto “Negro”, 28-12,75. SecretariosNacionales (todos Oficiales Superiores, excepto uno) a cargo de: Política (Carlos Hobert, “Pingulis”, 17-12-76), Militar (Raúl Clemente Yäguer, “Roque”, 30-4-83), Prensa (Juan Julio Roqué, “Lino”, 9-5-1977), Sindical (Marcos Osatinski, “Pelado” o “Claudio”, 21-8-75), Internacional (Mercedes Inés Carazo, “Lucy”, Oficial Mayor, promocionada en 1976). Jefes Regionales (todos Oficiales Superiores, excepto uno): Buenos Aires (Fernando Vaca Narvaja), Cordoba (Fred Mario Ernst, “Freddy” o “Mormon”, 19-7-75), Rosario-Litoral (Alberto Molina, “Chacho”, 29-9-76), Cuyo (Oscar Rubén Degregorio, “Sordo Sergio”, 16-11-77), La Plata-Mar del Plata-Patagonia (Horacio Mendizábal, “Hernan”, 19-9-79),  Noreste (Juan Belaústegui, “Pata Loca”, 8-10-75, Oficial Mayor), Noroeste (Horacio Domingo Campiglia, “Petrus”, 13-3-80).  Oficiales Mayores: Arturo Lewinger, “Felipe”, 25-5-1975. Eduardo Tomás Miguel Molinete, “Gallego Guillermo”, 9-3-77. Roberto Pirles, “Palometa”, 6-1-77. Horacio Antonio Arrue, “Pablo Cristiano”, 20-9-76. Eduardo Pereira Rossi, “Carlón”, 14-5-83. Osvaldo Agustin Cambiasso, “El Viejo”, 14-5-83. Fernando Saavedra Lamas, “Gordo Damián”, 20-5-76. Norberto Habbeger, “Cabezón”, 31-7-78. Raúl Alberto Rossini, “Nariz con pelo”, 28-1-77. Marcelo Kurlat, “Monra”, 10-12-76. Elida D’Ippólito, “gorda Amalia”. 22-11-76. Juan Alejandro Barry, “Sopita”, 15-12-77. Jorge Raúl Mendé, 16-12-76. René “Turco” Haidar, 18-12-82. Jorge Luis Piotti, “Zapa”, 19-1-77. Francisco Urondo, “Paco”, 17-6-76. Marcelo Nivoli, “Pompa de jabón”. Guillermo Martínez Agüero, “Polo”. Héctor Pedro Pardo, “flaco Alcides”. Elvio Alberione, “Gringo”. Alberto Girondo, “Mateo”. Nelson Latorre,“pelado Diego”, habría sido inhumado en Ecuador, con la identidad de Miguel Angel Castiglia, en 1998.
 

Comments

  1. Victoria says:

    “El derecho a la verdad asiste a los familiares y a la comunidad en general para conocer el destino y lo sucedido a los que padecieran violaciones graves de derechos humanos, independientemente de que los autores materiales e intelectuales sean o no condenados legalmente, fueran perdonados, sobreseídos o permanezcan en la sombras.” Ese derecho a la verdad debería exigir de parte de los gobiernos, últimos responsables del mantenimiento de la memoria colectiva y de poner la historia a la luz de la verdad, incluir estos episodios que relatás y varios más, sobretodo aquellos en que se incrimina complicidad de dirigentes montoneros en la detención, tortura, muerte o desaparición de los propios militantes de dicha organización, Las grandes traiciones que permitieron que sus principales dirigentes hoy gocen de libertad, fortuna y sobretodo, vida. La muerte y desaparición de esos cuadros montoneros traicionados por sus superiores, los convierten en cómplices de delitos de lesa humanidad o sea, imprescriptibles. Por ende, al menos, debería haber alguna investigación judicial sobre la misma.Si no incluímos a todos los responsables de tanto dolor y ausencia, no existe una Memoria Viva como nos quieren mostrar.

  2. Mariano T. says:

    Porqué mataron a Mor Roig?
    Todos estos crímenes en democracia, incluyendo el copamiento de Formosa, los equipara en crminalidad con la triple A. La única diferencia es la intervención estatal en el caso de la AAA.
    Un criminal de crímenes prescriptos no deja de ser criminal..
    El paso del tiempo puede esterilizar la acción punitiva de la justicia, pero el asesino sigue siendo asesino.
    Por eso no aclaran las cosas. Por vergüenza