“Formosa está alambrada”

Por Milva Benitez y Josefina López Mac Kenzie

Continúa la toma de viviendas en Ingeniero Juárez. Cercadas por la policía, más de 80 familias temen un desalojo. “Nos vamos a encadenar porque no tenemos respuesta de nada”, dijo una de las mujeres que reclaman acceso a la vivienda en la provincia de Gildo Insfrán, donde protestar se paga caro pese al fantasma de La Primavera. Daniel Cabrera, el abogado del Servicio Jurídico de los Pueblos Indígenas detenido por apoyar un reclamo habitacional y ahora liberado por la Policía formoseña describe un panorama preocupante.

 

 

“Venga, doctor. Le vamos a informar sobre las actividades que van a desarrollar los antimotines”, le dijeron al abogado Daniel Cabrera en la comisaría de Juárez. Pero enseguida se corrigieron: “Queda detenido por el delito de instigación a cometer delito”. Lo liberaron a los dos días.

 

Su “delito” fue asesorar a la población que está ocupando viviendas en el centro de Ingeniero Juárez hace más de diez días. Unas 80 familias criollas humildes, cada una con 5 o 6 hijos, que ocupan dos complejos habitacionales. El San Martín tiene 60 casas, se construyó en 1993 y ya había sido tomado hace ocho años (y despejado con una promesa). El San Cayetano tiene 50 viviendas, se levantó en 2004 y tampoco se adjudicó.

 

Los ocupantes dicen que no se van a ir, que se van a quedar a vivir. Que la única solución que aceptarían es la adjudicación, “la parte legal”, para empezar a pagar. En los alrededores está apostada la policía de Formosa con decenas de agentes armados. Con perros y caballos, no les permiten ir a comprar alimentos, ni leña, ni los niños pueden salir para ir a clases.

 

“La gente tiene miedo, y lo más triste es que el juzgado está reacio a dar información”, explica Cabrera. Por ahora no hay orden de desalojo. Pero los datos personales recolectados por  profesionales del Instituto de la Vivienda de la Provincia (IPV) los primeros días de la toma, con la excusa de tramitar una adjudicación, sirvieron para encausar a 25 personas por usurpación. Otras 20 personas fueron imputadas por “instigación a cometer delito”, entre ellos el abogado Cabrera (dos días preso y varios más con el celular secuestrado), que en esta entrevista enfoca la trama policial-judicial que arrincona a estas familias formoseñas.

 

 

 “El problema habitacional es muy grave en toda Formosa”

 

Cabrera vive en Las Lomitas (departamento Patiño); desde allí desempeña su profesión en el Servicio Jurídico de los Pueblos Indígenas (Servijupi). Su contacto con la toma se produce cuando los manifestantes le piden ayuda para corroborar su situación judicial: “Me llaman para que desde el juzgado de las Lomitas pueda averiguar la causa que se les imputó el delito de usurpación, primeramente en el sumario preventivo Nº 155/11. Son 25 personas de las que fueron identificadas cuando gente del IPV fue a ver la situación, pidió nombres y apellidos, y les dijeron: ‘bueno nosotros acá vamos a hacer los papeles para que se les adjudique’. Fue mentira, lo utilizaron para imputarlos. También fueron un abogado y dos asistentes sociales del IPV, amenazándole a la gente con que iban a sacarles los planes, las asignaciones familiares y durante un término de 10 años nunca más van a poder solicitar y ser adjudicatarios de vivienda alguna”.

“La ocupación −clarifica Cabrera− se produce el sábado antes de las elecciones primarias en dos complejos habitacionales. En barrio San Martín se construyeron 60 viviendas hace ya 18 años, en ese tiempo algunas se estuvieron ocupando por personal de gendarmería, por personal del hospital, médicos, enfermeros… El problema habitacional es muy grave en toda Formosa. En el barrio San Cayetano hay 50 viviendas que construidas hace 7 años, no fueron adjudicadas, por lo tanto hubo robo de puertas y ventanas, que nunca se investigó. Las familias al ingresar han limpiado todo el predio, que era un basural. Y sabemos que San Martín, que está cerca el hospital nuevo Eva Perón, de Juárez, era oscuro, sucio y se cometían muchos delitos”.

 

¿Se identificó la gente del IPV que se acercó a la toma?

−Sí, se identificó un abogado del IPV y dos asistentes sociales. Fueron más a amenazar que a dar una solución. Al tomar yo conocimiento de la causa que se les instruía en el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de Las Lomitas −tercera circunscripción judicial de la Provincia−, a cargo del doctor Sergio Rolando López, Secretaría del doctor Darío Villamayor, procedí a ver el sumario. Claramente no existe una denuncia del IPV. Dice que la denuncia solamente se efectúa por instrucción policial. También se comenta cómo fueron ocupadas esas viviendas y en el estado en que se encuentran: sin instalación eléctrica, sin agua, sin puertas, sin ventanas. Eso lo detalla el primer informe policial y así también que algunas casas se encontraban sin terminar, sin techo y algunas, por la mitad.

 

O sea que la Policía accedió a la información relevada por el IPV.

 

−La misma Policía desde el sábado se apostó en el lugar y fue trayendo policías de toda la Provincia… realmente más de 100 policías en esa localidad. Trajeron perros y unos trailers que ponían en los barrios. En un primer momento la gente lo que hizo fue limpiar los predios, limpiar las viviendas, limpiar el frente e ingresar. Algunas con sus chicos. Madres solteras con 4 ó 5 chicos ingresaban al lugar y el sábado, domingo y hasta el lunes la Policía ingresaba sin orden judicial y a estas madres, en total desprotección, les sacaban todas las cosas a la vereda sin ninguna autorización. O sea, las desalojaba en forma encubierta, diciéndoles que no podían ocupar, y ahí inmediatamente ocupaba personal policial. Traían unos colchones, los tiraban la piso, dormían ellos ahí y a la gente que lo ocupó antes la dejaban afuera. Estas familias no se retiraron y quedaron durmiendo en la vereda, al frente de las viviendas.

 

 

“Te vamos a hacer cagar”

 

“El martes después de tomar conocimiento del sumario me llamaron para que los asista −continúa Cabrera−. El miércoles a la tarde, a las 5.30 aproximadamente, llegué de Lomitas a Juárez, a 150 km, y paso a explicarles todo lo que significa el delito de usurpación, a hacer las presentaciones que correspondan y a hacer, caso por caso, una encuesta para ver en qué condiciones se encontraba cada una de las familias. Ahí es donde veo que los policías estaban adentro con sus perros y estaban armados. Eso también es complicado porque estaban incitando a la violencia”.

“A eso de las 9.30 ó 10 de la noche se produce un pequeño choque con una familia que los policías no dejaban entrar −detalla el abogado−. De ahí en más se reunieron más de 100 personas en un ratito e hicieron fuerza contra la Policía. Por suerte no hubo ningún lesionado. Esa noche ya me amenaza el comisario inspector Eligio Armoa. Que me va a hacer cagar, me dice, ‘dejá de hacer payasadas y retirate de acá de Juárez’, me dice. Al otro día a la mañana la gente me informa que se encontraban los antimotines en el lugar. Voy a la comisaría a ver qué estaba sucediendo, y comunico a mis defendidos que efectivamente están los antimotines y pero que no hay orden de desalojo, como me dicen en el juzgado de Las Lomitas”.

Cuando Daniel Cabrera vuelve a la comisaría a preguntar “por qué están con tanta agresividad, al choque, los antimotines” le dicen que no lo pueden atender. A los 15 minutos lo atienden: “Venga, doctor; le vamos a informar sobre las actividades que va a desarrollar los antimotines”. Y lo informan: “Queda detenido por el delito de instigación a cometer delito”. Lo trasladaron a la unidad policial 4 de Las Lomitas. Dos días preso.

 

– ¿Hubo una orden del juez para tu detención?

−Se supone que todas las decisiones pasan por el juez. Si la Policía tomó esa decisión fue ordenada por el juez. Yo fui al juzgado y no me quisieron dar ninguna información ni sobre si existía un desalojo, ni sobre mi detención. A todo esto me dicen que no  hay ninguna denuncia de nada al respecto en el juzgado.

 

−¿Hay alguna particularidad en Formosa por la cual la Policía pueda excederse en sus facultades a la hora de detener?

−Excederse siempre se excede. El tema es que los parámetros que exige el Código de Procedimiento de la Provincia son claros en circunstancias de resistencia, en circunstancias graves, digamos, pero no así en este caso. Por eso digo, y charlé con personal policial (porque metemos a todos los Policías en la misma bolsa y reconozco que no es así) que me dijo ‘nosotros no movemos un dedo si no es por orden de un juez’. Así que esta orden de detención pasó por las manos de un juez. En el juzgado no me dieron información. Me secuestraron mi teléfono sin explicarme si había orden de hacerlo. Por eso digo, dejan mucho que desear, tanto la Policía que actuó en Ingeniero Juárez como el juzgado de instrucción.

 

– ¿Cuándo te devolvieron el teléfono?

−Lo más chistoso es que yo iba a ir al juzgado con un escrito para reclamar la restitución de teléfono, lo había preparado y ayer a última hora viene un oficial de la Policía de Las Lomitas, de apellido Sosa, y me dice: ‘doctor, acá tiene su teléfono’. Me quería hacer firmar un certificado de entrega del mismo donde no constaba fecha. Le digo que no le iba a firmar nada que no tenga fecha, así que firmé aclarando fecha y hora. Se abusan nuevamente o quieren tapar el mal procedimiento llevado a cabo. Inclusive en un momento de mi detención yo tenía mi mochila, con mi computadora, mi agenda, todo, y me tuve que resistir y forcejear para que no me lo retengan sin orden del juez. Gracias a eso no me quitaron la mochila, pero sí los teléfonos.

 

– ¿La situación es que están imputados vos y esas 25 personas, la causa se sigue instruyendo pero aún no pudieron verla?

−Exactamente así. Hay 25 personas imputadas por el delito de usurpación, y alrededor de otras 20, incluido yo, acusadas del delito de instigación a cometer delito, y hay un pequeño parte informativo de la Policía de Juárez al juzgado que no tenemos visto, ni tenemos conocimiento de todo lo actuado. Como no hay nada confirmado, pero la gente tiene miedo de un desalojo y otras detenciones, presenté escritos para la eximición de prisión de toda esta gente y también lo vamos a recusar al juez para que se aparte de la causa. Se harán todas las denuncias que correspondan, hasta el Consejo de la Magistratura de la Provincia. Y también en cuanto al actuar de la Policía, que si no actúa por orden judicial, actúa por orden del ministro de Gobierno Jorge Abel González.

 

 

“Se demuestra la incapacidad del gobierno de Formosa”

 

−¿Cuál es la situación ahora en los dos barrios?

−Está la Policía en el lugar con sus casillas. El sábado a la noche amedrentó nuevamente con caballos, todos armados, a la gente y es sabido que no existía orden de deslojo. Y es más llamativo porque el viernes a la noche estuvo el juez en el lugar y tiene que tener conocimiento de que la Policía estaba apostada en el lugar.

 

−¿Hubo alguna comunicación del gobierno provincial o del nacional?

−Desde el gobierno provincial han salido a criticar el actuar de la gente, como que somos instigadores y yo uno de ellos, y pegándole al candidato a gobernador Francisco Nazar como que esto es toda una movida política, dejando de lado la situación de la gente. Hoy la gente está bien en su casita pintando, cercando, poniendo plantas y solicitan una mesa de diálogo para que se refaccionen las viviendas por ellos mismos. No quieren que se les regale nada. Quieren pagar, pero que no los saquen violentamente.

 

−¿Cuál es el panorama en Formosa para las poblaciones más vulnerables que quieren pedir por salud, educación o acceso a la vivienda? ¿Cuál es la actitud de la Justicia, de las fuerzas policiales y del gobierno?

−Netamente, criminalización de la protesta. Esta no es la primera vez que el Estado provincial criminaliza la protesta y hace oídos sordos a todo esto. De hecho es muy preocupante, alarmante podemos llegar a decir, que funcionarios nacionales nos expresen que Formosa está alambrada. Gracias a los medios, el alambre que se encuentra en la provincia de Formosa no puede impedir esta comunicación telefónica, ni internet ni nada por el estilo, y permite que la verdad pueda salir a la luz gracias a los que se preocupan y ponen su buena voluntad. Son varios hechos. Tenemos a La Primavera con Félix Díaz, criminalizado, imputado por delitos aberrantes; en 2009 la movilización wichí en la ruta nacional 81, que duró 33 días; hoy estaban cortadas la ruta 95 por los tobas de Riacho de Oro y la ruta 86 por los tobas de El Espinillo. Todo por vivienda. Y continúa la toma de la petrolera de Ramón Lista, Palmar Largo, también por problemas de vivienda. El gobierno hace oídos sordos; en estos 28 años en que se encuentra en el poder está alejado de la gente y permite reprimir. Yo creo que pesa mucho todo lo que pasó en La Primavera y solamente por eso no han sacado por intermedio de la fuerza a la gente de Ingeniero Juárez y de cualquier otro lado donde exista una protesta. La gente tiene miedo. Está asustada. Pero también se demuestra la incapacidad del gobierno de resolver los problemas sociales que hay en Formosa.

 

−¿Que Formosa “está alambrada” lo dicen funcionarios del Gobierno nacional?

−Sí, sí. Porque no pueden ingresar. Formosa no permite que ingrese ayuda o colaboración de organismos nacionales ni internacionales. Es claro ver la aplicación de la ley 26.160 del relevamiento de los territorios indígenas. Pregunten en el INAI por qué no ingresan y qué paso se dio. Ninguno. O vean el decreto 278/11 que se dictó en marzo para los DNI de niños de 12 años y mayores. No hay nada. Y así te puedo nombrar mil cosas hablando con médicos, con maestros, con directores que están totalmente indignados porque sabemos que a nivel nacional existen muchos planes y muchas leyes para aplicar y en Formosa todo debe pasar por las manos del gobernador Gildo Insfrán y eso como que el gobierno nacional lo avala rotundamente.