¿Miente Esteban Righi?

Por «La Leguleya»

La respuesta del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, al pedido de informes de Fernanda Gil Lozano sobre los departamentos de Zaffaroni demuestra un manejo poco transparente de la causa.

Las respuestas del Procurador General de la Nación al pedido de informes sobre la denuncia que recibió en 2009 por los prostíbulos que funcionaban en propiedades de Eugenio Zaffaroni, no hacen más que sembrar dudas sobre su accionar en la causa. Si, como Esteban Righi afirma -en referencia a la investigación que estaba a su cargo- ni él ni los ministros de la Corte tienen la potestad de investigar delitos; cómo entonces es posible que Eugenio Zaffaroni justifique este “montaje mediático” por sus investigaciones y lucha contra el paco. Por otra parte, el artículo 33 de la ley 24.946 orgánica de los fiscales indica con claridad que éstos están en condiciones de ejercer una acción penal por sí mismos. ¿El procurador se habrá enterado? Una cosa es que tome la decisión de no investigar y delegue esa tarea en fiscales de menor jerarquía ¿pero declararse incompetente para asumir dicha tarea a su cargo?

Righi dice además que “lo que procede en derecho es que (la causa) sea judicializada” pero según consta en el informe que él mismo presentó, la causa recién fue presentada ante un juez casi un mes después y sólo incluye 40 de los más de 600 casos. El Ministerio Público Fiscal se quedó con los otros cientos y los fueron presentando con cuenta gotas. ¿No era que debían judicializarlas?
Otra significativa omisión de la nota dirigida a la diputada nacional, Fernanda Gil Lozano, es la afirmación de que “en lo sucesivo deberán ser presentadas eventuales” denuncias ante los fiscales que intervienen, sin embargo, en ningún momento se identifica al fiscal federal que interviene en el caso de trata de personas. Finalmente, la nota le enrostra a la diputada que resulta absolutamente improcedente “una ocultación intencionada” por parte del Ministerio Público Fiscal. Veamos si no las hubo:
1)El Fiscal de la UFASE (Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) no informa quiénes son los titulares dominiales de los departamentos investigados. La identificación de los titulares es uno de los datos básicos de una investigación de estas características, por lo cual parece altamente improbable que el fiscal lo desconociera. ¿Es un ocultamiento intencionado? ¿Cumplió una orden del Procurador General? El argumento es que dicha investigación se apoya en un cuádruple método de constatación y no incluye los domicilios. No hay muchas opciones: ocultamiento de la información a la diputada o negligencia.

La denuncia presentada por La Alameda es calificada como una “lista de datos”, minimizando su carácter, ya que en realidad, se trató de una denuncia formal que incluía domicilios concretos. Sin embargo se arrogan el éxito de la investigación que permitió la identificación de los lugares.
2)La Procuración General de la Nación aún conserva datos e informes de los domicilios denunciados por La Alameda que no fueron presentados ante ningún juez de instrucción. ¿Eso no constituye un caso de ocultamiento? ¿Estará entre aquellos domicilios alguno que corresponda a los departamentos mencionados?

3) El Procurador oculta tácitamente el resultado de las denuncias presentadas ante el Fiscal federal y ante el Fiscal correccional Nº 7. Más de un año de investigación y después de todo el escándalo ¿Es posible que Righi aún no sepa nada sobre sus resultados? ¿Ni siquiera a resultas de la nota que le presenta la diputada.

Como frutilla del postre se puede agregar un dato adicional: el Dr. Zaffaroni ha sido el jurista invitado para el concurso de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Ni más ni menos que el tribunal de apelación por los casos de proxenetismo en la ciudad de Buenos Aires. La terna la tiene el Ministro de Justicia.