Privatización de la política (primera parte)

Por @sin_corrupcion

Lo que sigue proviene de fuentes involucradas en este proceso electoral y revela sus serias deficiencias, muy vinculadas a la falta de transparencia y la posibilidad de que los espacios de representación sean utilizados para fines no relacionados con el interés público.

De acuerdo a estos informantes, las negociaciones internas afiebradas de última hora de muchos de los partidos que participarán de las elecciones de octubre mostraron claramente una especie de privatización de algunos de los asientos legislativos (que en realidad nos corresponden a todos/as).

En primer lugar, los partidos en su conjunto optaron por desvirtuar el proceso de elecciones internas de agosto y, en consecuencia, solo presentar listas únicas. Ello contraría claramente el espíritu de la ley que apuntaba a que los distintos espacios internos compitieran públicamente y las listas fueran integradas por las personas elegidas por una buena parte de la ciudadanía (la idea consistía en que al ser elecciones internas obligatorias, esto le daría un volumen de votos relevantes que impediría la manipulación por parte de los grupos de interés dentro de los propios espacios políticos). Por ello, la verdadera interna se produjo en los últimos días previos al cierre de la presentación de las listas únicas.

Por otro lado, las campañas electorales se han vuelto cada vez más costosas. A la necesidad de difundir en cada vez más medios de comunicación (a los tradicionales se les sumaron páginas de Internet propias, medios específicos de la web, medios de comunicación tradicionales con versiones online, redes sociales como Facebook y Twitter que requieren mucha actualización, etc.) se agregan cuestiones cada vez más complejas.

Como se viene advirtiendo, se han perfeccionado en las últimas elecciones formas de acallar las voces de otros espacios y de generar dificultades logísticas el día de la elección.

En esa línea, se les paga a personas para que tapen los carteles o pintadas de partidos contrarios pero, más grave, se contrata a gente para que cuando procedan a votar quite las boletas electorales de candidaturas de otros espacios.

En consecuencia, los partidos tienen una necesidad de impresión de boletas cada vez más alta. La obligación consiste en imprimir al menos una boleta por cada potencial votante pero la dinámica mencionada lleva a que deban imprimirse aún más.

Además, este tipo de dinámicas (que se suman a otros mecanismos también muy conocidos como el voto cadena por ejemplo) genera más necesidad de contar con fiscales en cada una de las mesas. Si un partido no cuenta con fiscales en alguna mesa, no habrá ninguna persona que periódicamente verifique que sus boletas están en el cuarto oscuro. Contar con fiscales propios en tantos lugares representa un gasto sumamente elevado, incluso para aquellos espacios que cuentan con un buen número de voluntarios.

Entre otras cosas, hay que dotarlos de capacitación, prever la logística y pagar el costo de las viandas para cada uno.

En definitiva, cualquiera que conoce este tipo de detalles da fe de la enorme cantidad de recursos económicos con los que deben contar los partidos políticos y los propios políticos para afrontarlos. Ese dinero -como da cuenta Poder Ciudadano en estos días- es cada vez menos transparente.

Por estos motivos, durante los intensos días que precedieron a la conformación de las listas, se discutía en muchos de los espacios cuántos recursos económicos aportaba cada candidato. Y así se va desvirtuando un proceso que debería derivar en que contemos con los candidatos más idóneos y no con los que cuentan con más posibilidades de atraer fondos para hacer frente a una competencia en muchos casos desleal, entre los propios competidores y la ciudadanía.