Desnutrición infantil en Formosa: denuncian nuevos aprietes para ocultarla

Por Josefina López Mac Kenzie y Milva Benitez

Por presiones recibidas para callar el estado de un bebé internado, se tensó el clima en comunidades wichíes del norte de Formosa. Denuncian coimas y amenazas en torno a este caso, dos muertes recientes y un panorama nutricional grave. Está pendiente una respuesta del gobierno provincial de Gildo Insfrán y del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que fueron instados por la Defensoría del Pueblo nacional a garantizar con urgencia salud, alimentación, fumigación de viviendas y acceso al agua potable.

 

 

 

Un chico de un año que pesa 3 kilos permanece internado en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa capital. Los wichíes de Barrio Obrero, Ingeniero Juárez, en el departamento Matacos, denuncian que policías, funcionarios y médicos los presionan para que no se difunda el estado de desnutrición severa de este niño oriundo de Potrillo, que fue derivado desde el hospital central de Juárez hasta la capital provincial y está internado hace dos meses.

“Si usted da información lo vamos a meter preso por no cuidar a su hijo”, le dijeron al padre en Formosa, según fuentes de la comunidad. A la madre, en tanto, buscan convencerla de que se vaya y deje al niño a disposición de algún servicio social. Los padres no leen ni escriben en español, y tienen otros cuatro hijos, que quedaron en Barrio Obrero.

Tampoco pueden acercarse al Hospital de la Madre y el Niño otros miembros de la comunidad, porque los médicos los echan, les dicen que no se metan, que no tienen nada que hacer ahí, y llaman a la Policía. “Y arman papeles”, agregan, al tiempo que confiesan el miedo de los padres del menor “a que les vendan el chico”, y enumeran otros casos de desnutrición recientes.

Por un lado, mencionan a un chico desnutrido que murió hace dos meses en la comunidad y cuyo caso fue “tapado”. “Los médicos no nos dicen nada, tapan todo”, expresan.

Por otro, hablan de la muerte, ocurrida hace veinte días, en el hospital Eva Perón de Juárez, de otro bebé de la comunidad con edad y peso similares a los del chico internado en Formosa.  En sintonía con lo que difundió el miércoles último la agencia de noticias Copenoa, en este caso denuncian además que “a la mamá le dieron $600 para que no diga nada”, y responsabilizan a Diego Kaplan, director del hospital. Esta mujer, madre de otros niños, recibió el dinero pero luego lo contó llorando, aseguran en la comunidad.

Las muertes de chicos que en los certificados de defunción figuran como “paro cardíaco” o “accidente” sin referencias a su estado de desnutrición venían siendo denunciadas por el dirigente Félix Díaz, de la comunidad qom formoseña La Primavera. En Barrio Obrero, fuentes con acceso a los registros hospitalarios de peso y talla de los niños denuncian una situación análoga. Concretamente, afirman: “Sabemos bien de la desnutrición en Juárez. Hay muchos chicos desnutridos”, y extienden la situación al departamento aledaño Ramón Lista.

 

 

Se requieren acciones urgentes

La situación expuesta coincide con un diagnóstico realizado por la Defensoría del Pueblo de la nación, que a fines del año pasado recorrió en dos oportunidades comunidades qom, pilagás y wichíes de los departamentos de Patiño, Laishi, Pilcomayo, Pilagás y Matacos, de la provincia de Formosa. “Ellos vinieron personalmente a recorrer los barrios, sacaron fotos y nos preguntaron”, confirman desde Barrio Obrero, que fue incluido en la segunda de estas visitas. Allí viven 1.800 de los 40.000 wichíes de nuestro país que estima el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, publicado por Unicef en 2009.

El diagnóstico de la Defensoría que surge de su trabajo en el territorio fue remitido al Ministerio de Desarrollo de la Nación y al gobierno de Insfrán y forma parte de los fundamentos de la “Exhortación Nº 107/11”, cuya respuesta está pendiente. Según este texto, en poder de la Defensoría obran testimonios, fotografías y videos que,  aunque no están disponibles en la web oficial, habrían sido remitidos a las autoridades interpeladas.

Allí, los agentes públicos señalan que en estas comunidades poblacionales asentadas en zonas rurales hay pocos puestos y agentes sanitarios; además, advierten graves dificultades como la falta de medicación, inexistencia de ambulancia para traslados, así como una provisión insuficiente e inaccesible al agua potable. Y el mal de chagas surge como un dato preocupante ya que “la mayoría de las viviendas de los aborígenes NUNCA han sido fumigadas contra la vinchuca”.

En cuanto a la provisión de alimentos por parte de las autoridades provinciales indican que “hay comunidades que reciben una caja alimentaria por familia cada tres o cuatro meses” y que “la caja recibida resulta absolutamente insuficiente para la alimentación del grupo familiar”. Incluso algunas comunidades manifestaron a la Defensoría no recibir ninguna caja, salvo en época electoral y que, “para que ello suceda, se los obligó a entregar sus documentos de identidad”.

Esta práctica punteril es confirmada por las comunidades, que además expresaron: “Hay familias que no cobran planes aunque hacen trámites, hay mucho desempleo, desnutrición, y no tenemos médico”. En la sala ubicada en Barrio Obrero, dijeron, “atienden solamente a criollos. Si sos aborigen no te atienden de la misma forma y te dicen andá”.

 

 

La estrategia del miedo

El jueves pasado a la mañana, agentes de la policía provincial salieron a recorrer casas de Barrio Obrero para averiguar si alguien había denunciado algo vinculado a la situación de desnutrición en la comunidad. “Ellos tienen  miedo al corte de ruta”, aseguran los wichíes.

Es que las condiciones inhumanas en que viven suelen exponerlas en el único lugar que los hace visibles: la ruta. Por eso hay muchos dirigentes con causas abiertas en la Justicia Federal por haber participado en piquetes, como los que suelen hacer sobre la 81 para reclamar por vivienda, trabajo, salud y educación.

El armado de causas para reprimir la protesta y las amenazas para evitar que se haga público el estado nutricional de los chicos indígenas o sus muertes –que suelen estar subregistradas, encubiertas bajo causas que no dan cuenta del estado general– son estrategias frecuentes para meter miedo. La otra estrategia es la represión en manos de las fuerzas de seguridad. El último episodio que tomó estado público es el de La Primavera, donde a fines del año pasado hubo muertos, heridos graves e incendio intencional de viviendas.