La Corte, el nuevo «cuco» de la Barrick

Por Adabelrto Trotta

El máximo tribunal judicial tiene a estudio una juicio que reclama la plena aplicación de la Ley de Glaciares y su correspondiente estudio de impacto ambiental. Hace dos años, la Corte falló a favor de hacer ese mismo estudio para la tala de árboles en Salta. Si aplica ese criterio con la Ley de Glaciares, proyectos como Pascua Lama deberán ser frenados por tiempo indeterminado.

“Debemos enfocarnos en la protección del ambiente, que es nuestro gran deber con las generaciones futuras”, dijo ante decenas de jueces y periodistas el 22 de febrero de este año en el cuarto piso del Palacio de Justicia el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar el “año judicial”, es decir la agenda del máximo tribunal para 2011.

¿Tendrá para la Corte la cuestión minera la misma prioridad que ya lograron en ella el eternamente contaminado Riachuelo porteño o la tala de bosques en Salta? Hay quienes creen que sí y que un fallo al respecto podría esperarse para los próximos meses. Esta semana hubo otra señal de parte del mismo juez. “El modelo de desarrollo se lleva por delante al planeta. Estamos ante una opción trágica: desarrollo o medio ambiente”, expresó Lorenzetti.

“Si la Corte fuera consecuente con lo que dijo hace dos años sobre la Ley de Bosques y su aplicación en Salta, ahora debería frenar todos los emprendimientos mineros en San Juan, o al menos el de Pacua-Lama,  hasta tanto se realice el estudio dispuesto por la Ley de Glaciares”, razonó ante plazademayo.com un abogado involucrado en las cuestiones ambientales y que prefirió mantener su nombre en reserva para no entorpecer su relación con el máximo tribunal.

Traducido: la Corte frenó la tala de bosques en Salta por la falta de un informe sobre el impacto ambiental previsto en la Ley de Bosques. Ahora se le pide que frene las explosiones provocadas por las compañías mineras en la Cordillera, por la ausencia de un informe que diga si las mismas afectan los glaciares. Siguiendo ese razonamiento, la Corte debería parar la industria minera en San Juan (o al menos para Pascua-Lama) hasta que sea elaborado el informe previsto en la Ley de Glaciares. Ese fue el criterio  aplicado con la tala de árboles en Salta. Hay indicios que señalan que la Corte irá por ese mismo camino.

La demanda

Sagrado último recurso judicial, la Corte tiene en estudio un planteo ambiental que debería funcionar como caso testigo: se trata de una de las tantas demandas contra la minería a cielo abierto, más específicamente contra la firma canadiense Barrick Gold, que explota la mina Veladero y va camino a hacer lo propio en la aún en construcción Pascua Lama –o Lama Pascua, como prefieren llamarla del lado argentino-, un multimillonario emprendimiento binacional con Chile. Si el máximo tribunal llegara a hacer honor a su reciente historia y jurisprudencia, podría darle más tranquilidad a los sanjuaninos y habitantes de al menos otras cinco provincias argentinas.

La demanda para frenar Pascua-Lama fue entablada directamente ante la Corte por Ricardo Vargas, un ciudadano sanjuanino. Está dirigida contra Barrick Exploraciones Argentinas Sociedad Anónima (BEASA) y Exploraciones Mineras Argentinas (EMA), subsidiarias ambas de la firma madre, la canadiense Barrick Gold.

La novedad es que en los últimos días se sumaron a ese reclamo cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que también están en contra de la minería “a cielo abierto” que deja el cianuro “a la buena de Dios” y al alcance de las aguas que luego consumirán los habitantes de esas provincias.

Una de esas ONGs es Greenpeace. La cuestión minera y específicamente la Barrick y Pascua-Lama son hoy el principal objetivo de esa organización en la Argentina, según se observa en su página web (www.greenpeace.org.ar). Las otras cuatro ONGs que apoyan el reclamo son la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Diálogos por el Ambiente y la filial argentina de la ONG española Amigos de la Tierra.

¿Qué piden el demandante Vargas y su abogado, el ex diputado provincial Diego Seguí, junto a las ONGs que se sumaron a la demanda que hoy está a estudio de la Corte? La  la suspensión de la obra hasta que sea de plena vigencia la aplicación la llamada Ley de Glaciares, lo cual incluye un relevamiento sobre las congeladas aguas en peligro.

De acuerdo con la demanda, el proyecto Pascua-Lama viola la prohibición establecida en el artículo 6 de la ley 26.639, ya que desarrollaría su actividad sobre glaciares y ambiente periglaciar.

La ley, sancionada tras un polémico veto presidencial, está frenada en sus artículos clave en la provincia de San Juan por orden del juez federal Miguel Angel Gálvez a pedido de la Cámara de empresas mineras que operan en la provincia, el propio Gobierno local y hasta el sindicato de trabajadores del sector. Ya se dijo en plazademayo.com, a propósito del plebiscito que aprobó la posibilidad de la re-reelección del gobernador José Luis Gioja: la industria minera es fundamental para explicar el crecimiento económico sanjuanino, muy por encima de la media nacional.

 

El antecedente

El tema es que hace poco más de dos años, el 26 de marzo de 2009, la Corte frenó el desmonte y la tala de árboles en cuatro departamentos de la provincia de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) bajo el argumento de la ausencia de un informe de impacto ambiental, algo parecido a lo que se pide ahora respecto de la minería en San Juan.

El relevamiento reclamado ahora consiste en identificar los glaciares o “periglaciares” que podrían ser afectados por la industria del oro, un multimillonario negocio que en el caso de Veladero consume diez toneladas diarias de explosivos para volar montañas y diez mil litros diarios de agua extraídos de los ríos subterráneos alimentados por los glaciares para limpiar con cianuro las rocas que luego se transforman en el vil metal exportado a Suiza a modo de lingotes.

En marzo de 2009, a pedido de representantes de la comunidad indígena wichi, el máximo tribunal de la Nación rechazó un planteo de la provincia de Salta y la conminó a realizar el estudio de impacto ambiental. La decisión de la Corte fue que mientras ese estudio estuviera en ejecución, mientras tanto, la Provincia estaba obligada  a “suspender todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución” en esos cuatro departamentos. La provincia no tuvo otra opción que obedecer y cinco meses después –tenía tres de plazo- presentó el estudio ante los jueces en el expediente “Dino Salas y otros c/Salta, provincia y Estado Nacional”. Entre medio, sancionó dos leyes al respecto.

Los desmontes denunciados por los wichí ante la Corte habían sido autorizados en su mayoría en el último trimestre de 2007, cuando era inminente la sanción de la Ley de Bosques y llegaba a su fin el tercer gobierno del luego senador Juan Carlos Romero, identificado con el menemismo y el ala derecha del peronismo. Desde entonces la provincia es gobernada por el recientemente reelecto Juan Manuel Urtubey, quien debió lidiar con este problema heredado y está más cercano a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora se da una situación parecida respecto de la industria minera con el gobierno sanjuanino de José Luis Gioja, quien, a diferencia de Romero, está identificado con el kirchnerismo y el ala izquierda del Partido Justicialista (PJ). Gioja quiere ir por un tercer período consecutivo de gobierno y enmendó de mala manera la Constitución provincial para lograr volver a postularse. Muchos atribuyen ese afán al negocio minero que él impulsó desde su llegada al poder, en 2003. Su antecesor, Alfredo Avelín, de Cruzada Renovadora (un partido identificado con la derecha), se había pronunciado contra la industria minera –tal como está planteada hoy en la Argentina- y fue destituido. Su hijo y él mismo son hoy aliados de Fernando “Pino” Solanas, un defensor del medio ambiente que amenaza meter cuña entre los grandes partidos.

 

 

LORENZETTI, CON ONG PROPIA

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, será el principal orador el  martes 31 de mayo de la presentación formal del Proyecto Expoterra, una fundación por él auspiciada y que se propone promover el “desarrollo económico sustentable”. Su participación da una idea del involucramiento del máximo tribunal en el tema ambiental, una cuestión que quedó clara desde su intervención en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, hace ya cinco años.

“El tema ambiental no puede quedar sólo en manos de los ambientalistas. Hay que lograr un cambio cultural, que involucre a todos los sectores sociales”, expresó Lorenzetti en los últimos días al referirse a su intervención en Expoterra, un espacio que planea nuclear a sectores sociales, culturales, académicos e institucionales.

“El actual modelo de desarrollo consume el planeta, y frente a esto hay dos opciones. Una es el conflicto, que queda en evidencia en el enorme número de causas por temas ambientales y que se debate entre dos opciones trágicas, optar por el desarrollo o por el ambiente, aunque esta última opción genera desempleo. La otra opción es la convocatoria para encontrar un camino de soluciones, un cambio cultural, una nueva economía”, abundó el titular del máximo tribunal de la Nación.

Esas palabras cayeron como un bálsamo en los ambientalistas sanjuaninos que se quejan por el avance de la minería y temen perder su bien más preciado: el agua. “Hay que replantear el modo en que la sociedad y la economía se relacionan con la naturaleza, ya que si esto no se modifica, la próxima generación va a tener un desastre total que ya se está viendo”, sentenció también Lorenzetti, para beneplácito de quienes buscan un amparo de la Corte contra el freno a la Ley de Glaciares en la provincia de San Juan.

 

 

EL ANTECEDENTE SALTEÑO

“En el presente caso se ha demostrado claramente que se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones. La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la audiencia pública del día 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo.”

El párrafo figura en el fallo emitido por la Corte el 26 de marzo de 2009 que ordenó a la provincia de Salta frenar la tala de árboles en esa provincia hasta la realización de un informe de impacto ambiental. Se trata del mismo problema que existe en San Juan con la industria minera. Si bien la demanda contra San Juan a estudio del Alto Tribunal está referida al emprendimiento Pascua-Lama, las inquietudes del foro ambiental creado en la capital de esa provincia son las mismas que las de los salteños.

La provincia gobernada por José Luis Gioja tiene en marcha cuatro minas en etapa de producción, pero los proyectos llegan a casi dos centenares de explotaciones. El principal problema, explican los ambientalistas de esa provincia, son los “cateos”. Así se le llama a las perforaciones que se hacen sobre la misma Cordillera de los Andes para determinar si debajo hay metales. Los pozos no son tapados. Y el calor que emana de ellos altera las condiciones naturales del aire en la zona e impide la formación de nieve. La nieve es fundamental para alimentar los glaciares cuyo deshielo en verano deriva en los ríos de los que se toma el agua para el consumo de las poblaciones y el riego de los viñedos y otras plantaciones.

 

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