Los entes reguladores: controladores sin control

Por Soledad Villarino

El Neoliberalismo riojano de los noventa los creó y el Nacandpopismo de esta década afianzó a estos organismos escenográficos que simulan controlar a las privatizadas y nos cuestan como si fueran de verdad.

Los entes reguladores de las empresas de servicios públicos fueron creados como complemento de las privatizaciones, en la década del ’90. Estos organismos dependientes del Estado tienen una misión específica, que es controlar el desempeño de las empresas concesionarias de los servicios. Con ese propósito fueron creadas la Comisión Nacional de Comunicaciones (telecomunicaciones), el ENRE (electricidad), el Enargas (gas) y el ETOSS (agua).

Además de monitorear el servicio de las licenciatarias, los entes de control deben verificar el cumplimiento de las inversiones, tal como hayan sido comprometidas. En resumen, es desde éstos organismos del Estado donde se le debe garantizar a los usuarios la calidad del servicio, a los precios previamente pactados.

 

Al menos, en teoría. A casi dos décadas de su creación, la actuación de los organismos de control dista mucho aquel objetivo original.

 

SIN CONCURSO

El primer problema que presentan estos organismos de control es que no tienen una representatividad genuina, señalan a coro las entidades de usuarios.

Ocurre que sus directores, lejos de ser designados por concurso público y antecedentes -como indica la ley- han sido elegidos a dedo, por la vía del decreto del Poder Ejecutivo. “Esta es una carencia fundamental. Significa que desde el vamos ya tenemos un problema”, apunta Pedro Bussetti, titular de DEUCO, una de las entidades de usuarios que participa en los organismos.

Tanto la ley 24.065, por la cual se creó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), como la ley 24.076 que creó el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) establecen la modalidad del concurso público para sus directivos. “Eso no se cumple”, aseguró Bussetti.

 

Un ejemplo de la intromisión del poder político en los entes reguladores, se vio claramente en diciembre del año pasado, cuando la sobredemanda de electricidad produjo prolongados cortes de energía en varios puntos de la ciudad. Quien salió a hablar de la posiblidad de rescindir el contrato a la empresa prestadora del servicio y de las posibles multas a aplicar, fue el ministro de Planificación Julio De Vido, cuando, en realidad, debería haber sido el ente regulador.

 

 

CONTROL TARDÍO

Otro problema grave que presentan los entes reguladores es que los contratos establecieron que el control sobre el accionar de las privatizadas debían ser hechos sobre los resultados, de modo que las compañías deben rendir cuentas mientras dura el proceso de las inversiones.

“En otros países del mundo que tuvieron procesos similares de privatizaciones, se crearon primero, entes reguladores fuertes y luego se concretaron las privatizaciones”, explicó Héctor Polino, ex diputado y representante legal de la asociación Consumidores Libres.

Ese mecanismo de control tardío no sólo impide una verificación más cercana del cumplimiento de las inversiones. Además, si una distribuidora equis propusiera un plan de acción, el ente regulador no tiene potestad para analizarlo antes de que sea instrumentado, de modo de prevenir problemas para los usuarios.

Un ejemplo son los apagones de diciembre del año pasado, que dejaron a oscuras a miles de hogares durante los festejos de Navidad. “Eso no habría ocurrido si el ENRE hubiese controlado la realización de los trabajos de mantenimiento necesarios”, apuntó Bussetti. Unos meses antes, en febrero del 2010, hubo una serie de tormentas que también afectaron el servicio de luz en la Ciudad. “Si se hubieran impermeabilizado previamente los cables, algo que no requiere demasiada inversión, aquellas lluvias no hubieran afectado el servicio”, agregó el titular de DEUCO.

 

LA TERCERIZACION DE LA DEFENSA

Cuando se producen los daños económicos para los usuarios, ya sea por cortes de electricidad o rotura de electrodomésticos, no es la presión de los entes reguladores la que la que finalmente consiguen algún tipo de resarcimiento para los damnificados, a pesar de que debería ser una acción básica de este tipo de organismos que cuentan con grandes estructuras y presupuesto asignado por el Congreso.

La defensa efectiva suele caer en cabeza de las entidades defensoras de los derechos de los usuarios, que son ONG’s que cuentan con subsidio del Estado, pero con una batería de recursos, tanto de infraestructura como de personal, infinitamente inferior a la de los entes reguladores.

De hecho, son una suerte de convidados de piedra en la toma de decisiones sobre la calidad de los servicios: la participación de los defensores de los usuarios en los directorios es solo “consultiva”. Es decir, no toman ningún tipo de decisión.

 

UN CASO EMBLEMATICO

En noviembre del año pasado, el Gobierno volvió a prorrogar la intervención a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que se mantiene sin normalizarse desde el año 2002. Junto con la extensión de esa intervención, el decreto firmado la presidente Cristina Fernández ratificó a Ceferino Namuncurá como interventor con las “funciones y facultades conferidas al Presidente y el Directorio” del organismo. Namuncurá cumple esas funciones desde 2004, cuando reemplazó a Fulvio Madaro, el anterior interventor. Madaro pasó a ser la cabeza de otro ente de control, el ENARGAS, hasta que fue eyectado en 2007 por el caso Skanska.
“Si hay problemas o conflictos por resolver en el ámbito de las Comunicaciones, son los relacionados a la telefonia celular, que explotó en los últimos años”, dijo Bussetti. Sin embargo, la CNC lejos de tener un marco regulatorio apropiado, se está rigiendo por normas de los años ’90 cuando la cantidad de abonados era infinitamente menor.

Actualmente el mercado de la telefonía celular es atendido por sólo cuatro empresas que manejan 53 millones de usuarios. Los usuarios no pueden dar de baja el servicio en tiempo y forma ni satisfacer ningún reclamo en forma eficaz y la CNC está para resolverles ese tipo de inconveniente. Solo recibe los reclamos y los encauza si tienen que ver con algún desperfecto técnico del servicio. Pero la mayoría de las quejas de la gente se relaciona con la facturación. Y precisamente en ese punto el ente regulador no tiene competencia.

Las empresas telefónicas deciden de manera unilateral aplicar aumentos en las tarifas de telefonía celular, con tarifas que, medidas en dólares, superan lo que se cobra hoy en EEUU y Europa, tal como reveló Plazademayo (“Telefonía celular: pague más y hable menos” ver nota). Pero además lo hacen sin ningún tipo de restricción. ¿A quién le puede reclamar el usuario si discrepa con la factura que le llegó?, se preguntan retóricamente los representantes de las entidades de consumidores.

 

Ni la telefonia celular, ni la televisión por cable (que tiene 20 millones de usuarios) ni los accesos a Internet son servicios que tengan alguna regulación y en cambio. necesitan buenas normas para una correcta prestación de los servicios.

Las entidades de usuarios, representadas en la CNC, están ejerciendo alguna presión para que se regulen estos servicios, pero por el momento sus reclamos no fueron atendidos. “Cuando se les insiste, los funcionarios de turno se defienden: ¿Qué podemos hacer si no tenemos normativa?, nos responden”, se sinceró uno de los directivos de un organismo de defensa del consumidor. “Parecería ser que el Estado no tiene voluntad política de asumir ese rol”.

 

TAMPOCO EN LA CIUDAD

El último ente creado, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, fue el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Capital Federal. Sin embargo, su grado de injerencia es bastante limitado: el transporte público de pasajeros, uno de los más importantes y más sensibles, queda bajo la órbita de la Nación, es decir de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cual -dicho sea de paso- no tiene representación de los usuarios en su directorio.

El ente porteño sólo puede actuar en la regulación del transporte escolar, en los taxis, en la recolección de residuos, en los semáforos y autopistas. Pero no hay una sola denuncia o gestión de este flamante ente que haya ganado estado público.

Polino, insiste sobre la inacción de los entes reguladores. “Las empresas muchas veces no cumplen con las resoluciones, o no hacen las inversiones que promete y no pasa nada”, resume.

Y cita otro ejemplo, de incumbencia del Ente Regulador de la Electricidad.

“Cuando ocurrió el apagón del 20 al 31 de diciembre del 2010, el ente mantuvo muchas reuniones con los usuarios y con las autoridades de las empresas involucradas: Edenor, Edesur y Edelap.

A partir de allí, el ente sacó tres soluciones, en febrero de este año, estableciendo la obligación de las empresas de bonificar a los usuarios de acuerdo a la cantidad de horas que no tuvieron luz”, explicó el dirigente. “La resolución salió consensuada con las empresas y los reintegros debían empezar a hacerse a partir de este bimestre. Dos de las empresas lo cumplieron pero Edenor resolvió apelar la medida. Y el Enre no tomó ninguna medida”.

La conclusión del ex legislador es contundente: los organismos de control parecerían no contemplar que entre sus potestades está la de contemplar la rescición del contrato de las concesionarias, cuando éstas no cumplen.

“Es como si la rescición no existiera en el derecho administrativo argentino”.

La interna K vs Pro también juega en los entes.  

El ente regulador de los servicios públicos de la Capital Federal argumenta que no puede actuar en muchos temas del ámbito porteño por la superposición que tiene con los entes nacionales.Claudia García, una de las actuales directoras del organismo, señaló que un caso testigo son los subterráneos.  “ Teóricamente el traspaso de esa problemática hacia la Ciudad, ya está hecho. Sin embargo, la empresa concesionaria (Metrovías) sigue reconociendo a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT, un ente que durante siete años manejó Ricardo Jaime y ahora depende de Juan Pablo Schiavi) como el órgano regulador. En ese marco de indefinición jurídica, la empresa del grupo Roggio es la que termina zafando de la inspección de la Ciudad. “Metrovías no interpone recursos, no podemos multar a la empresa y siempre terminamos litigando”, dice la funcionaria. Otro aspecto que, según García, incumbe al ente es el de los residuos patogenicos y peligrosos, derivados de los centros de salud. “Hemos tenido problemas hasta para entrar a los hospitales públicos. Ellos dicen que no necesitan ser controlados y admiten, a lo sumo, el control de la Agencia de Protección Ambiental. Según García, otro tema pendiente es el de los servicios de gas, luz y electricidad, que también siguen bajo la órbita de los entes nacionales. “Creo que ese esquema estuvo bien para otra época, para lo que ocurría en la década de los ’90, pero ahora, el traspaso de estos servicios al organismo de la Ciudad debería estar haciéndose en forma gradual. Para que la ciudad sea realmente autónoma, como se pretende”, opina. Según García, la mayoría de las quejas de los usuarios tienen que ver con el sistema de Alumbrado.

 

La CNC, con las manos atadas.

A diferencia de otros entes, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) fue creada por decreto y todavía se mantiene intervenida, con lo cual, su posibilidad de gestión está bastante más limitada que la del resto de los entes reguladores, donde por lo menos hay directores, explica Henoch Aguiar. Para el ex secretario de Comunicaciones de Fernando De la Rúa, la CNC aún converva el personal técnico formado y capacitado para ejercer sus funciones como corresponde. Sin embargo, agregó,  “desde los últimos ocho años, y a pesar de contar con ese potencial, la CNC tiene las manos atadas, básicamente por la inmovilidad manifiesta de la Secretaría de Comunicaciones”. Esta cartera, hace años que no toma deciciones sobre el sector: no otorga licencias a nuevos jugadores ni interviene en conflictos de las empresas del mercado.. “No hubo licitación de frecuencias por más de un lustro”, insiste Aguiar. En este contexto, aunque haya cada vez más conectividad en el pais y a pesar de que existen cada vez más pedidos de transmisión de servicios y proliferación de prestadores en el interior del país, la CNC, -que tiene la función de regular- va a estar trabada ante la falta de resolución de la Secretaría de Comunicaciones, aseguró Aguiar.


 

Más de la CNC: ¿Marco regulatorio para los celulares?

Según Viviana Epis, de la Unión de Usuarios y Consumidores, la embestida del Gobierno contra Fibertel –la proveedora de Internet del Grupo Clarín–, resultó ser una bisagra en la comunicación entre el ente y los representantes de los consumidores. En su búsqueda de aliados, la CNC habría dado alguna muestra de permeabilidad hacia los reclamos de usuarios que antes rebotaban de manera sistemática. “En la CNC se está abriendo un canal de dialogo, hay voluntad política”, arriesga Epis. Y agrega: “ahora, por lo menos pudimos manifestar ante las autoridades de la comisión, la necesidad de trabajar en un marco regulatorio para  el mercado de celulares, por ejemplo, que sigue siendo el principal motivo de quejas de los usuarios”, dice. “Estamos un poco mejor que antes, pero todavía falta mucho”, opinó Epis.“Los entes no están comprometidos con los consumidores”.


 

 

 

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