Entrevista a Gustavo Antonio Gomez

Entrevista al Fiscal general Gustavo Antonio Gomez

En una charla con plazademayo.com, el Fiscal habla de los caminos posibles para frenar la depredación que produce la minería a cielo abierto en nuestro país.

Frases destacadas

“Las empresas mineras funcionan como un Estado dentro de otro Estado”
“El sistema de las empresas mineras en el país pone en duda la voluntad de los jueces y los fiscales”
“El daño económico del contrabando de minerales es un tema que hay que investigar en profundidad”
“Hay que hacer cesar el delito ambiental que se está cometiendo, este es el eje de la cuestión”
“La única solución para frenar la minería en Argentina es la militancia”

Desgrabación completa de la entrevista

Gabriel Levinas: Estamos con el Fiscal Gustavo Gomez, que es Fiscal general de tres provincias: Tucumán, San Juan, Catamarca y Santiago del Estero.

Una de las cosas que suenan raras y que parece una exageración de mi parte, es pensar que la cordillera de Los Andes, una gran parte de la cordillera, donde estan estas mineras o estan haciendo prospectiva y demás, es como si hubiesemos perdido soberanía allí, ya no son nuestras. De algún modo, ¿Esto es así?

Fiscal Federal: Bueno, es que esto es así. Uno hace analisis de cada uno de los hechos que estamos enfrentando día a día en estas situaciones de las empresas mineras te dan la razón, ¿no? Si vos, por darte un ejemplo el caso de Minera “La Alumbrera”, que tiene una guardia de seguridad privada, que puede llegar a contratar a Gendarmería Nacional para que la custodie donde ella quiere, donde como ella quiera y en los movimientos que hace, si tiene un aeropuerto privado que está exento del control de la Fuerza Aérea Argentina, si además hace exportaciones por los puertos de nuestro país y la Aduana no le controla lo que está llevando, y datos como eso te puedo señalar muchos más. Es decir que creo realmente de que se comporta como un Estado dentro de otro Estado.

GL: Si yo agarro un helicóptero y me voy hasta el río Bis Bis, por ejemplo, que es un río que yo como ciudadano tengo derecho a transitar, debiera poder acceder fácilmente. Pero vamos a suponer que bajo de un helicóptero, y quiero tomar una muestra de agua de ese río: ¿Cuánto tiempo tardan en meterme preso?

FF: Lo que demora en llegar la custodia o la Guardia de Seguridad que están muy atenta a esos movimientos. Ellos son los primero que te detienen, y después te ponen a disposición de la Policía de la Provincia y del Fiscal provincial del lugar.

GL: ¿Pero por qué tengo que estar yo siendo detenido si ese río yo tengo derecho a estar en él?

FF: Bueno, éste es uno de los grandes conflictos que todos estamos peleando todos en la República Argentina. No te olvides que hay lugares de la Patagonia que han sido comprados y cerrados sus caminos, que son públicos, para acceder a áreas de pesca deportiva por ejemplo, y se está peleando justamente para recuperar esos espacios.

GL: Yo conozco un caso de un… o dos casos. Uno donde un comandante de gendarmería va a tomar muestras de agua y es detenido, le sacan las muestra…¿Conocés el caso éste, vos?

FF: Sí, sí. Claro. Lo conozco muy bien.

GL ¿Cómo fue?

FF: En realidad entra por un portón

GL: Sí

FF: Llega al río a través de el paso por la propiedad privada. En ese punto fueron muy astutos, no le imputan el hecho de que estén sobre el río sino el tema de haber ingresado por el portón, y está en discusión una cuestión de prueba concreta y puntual, el eje digamos, la discusión es si el candado del portón estaba roto o lo rompió él, que seguramente no lo rompió él, ése es un portón que ya estaba abierto. Pero es parte de una prueba que es, en ese sentido, conflictiva.

GL: Entiendo. Hubo otro caso donde fueron a hacer un allanamiento y tampoco se lo permitió. Estaban con orden judicial…

FF:Sí, sí. En uno de los casos donde se está investigando la cuestión que tiene que ver con la calidad de los minerales que se están sacando fuera del país, hubo una orden judicial de un Juez Federal, el fiscal Emilio Ferrer llevó la orden en la mano, pero la empresa no le dejó hacer el procedimiento. Tenía que haber ido a recoger muestras en la propia planta de secado que hay en Tucumán y no le dejaron hacer procedimiento, y eso que el Fiscal iba con Gendarmería Nacional acompañándolo.

GL: Pero… La pregunta es, ¿si el Fiscal va con la Gendarmería y hay una orden judicial para llevar adelante el procedimiento, por más que a mí ese señor me diga “Usted no entra”, yo entro igual, por qué no entra él?

FF: Bueno, yo creo que tiene que ver con todo este sistema que tiene implementado la empresa o las empresas mineras en el país donde la voluntad de los jueces y los fiscales se pone en duda claramente. Vuelvo a repetirte: los hechos te dan la razón en tu planteo de esta situación que hace que se estén manejando con autoridades propias incluso con una administración de justicia que es adicta.

GL: Pero entonces cómo se puede luchar contra algo donde, yo para poder demostrar que hay contaminación tengo que tomar muestras de agua, para poder demostrar que esto está… que el dique tiene problemas…

FF: Bueno, yo ahí discrepo un poco con vos. Yo ahí disiento. Porque en realidad acá hay tanta impunidad que si vos vas a los informes de impacto ambiental de Minera La Alumbrera, vas a ver que los niveles de contaminación que ella misma informa, configuran los delitos ambientales, de hecho yo creo …

GL: ¿Vos decís que las propias declaraciones de ellos ya implican la aceptación de un delito?

FF: Absolutamente, absolutamente. Incluso en mis escritos, cuando yo me presento a la Cámara y la propia Cámara Federal cuando lo procesa a Julián Rooney hace hincapié que <a reconocimiento de parte, relevo de pruebas>. Para qué yo voy a ir a tomar una muestra de qué es lo que está contaminando, cuáles son los materiales contaminantes si ella misma te está diciendo, por ejemplo, que está tirando más de 1.200 Kgs de estroncio al año. Y estroncio es un material que ahora se ha puesto de moda con el tema de la planta de Japón, ¿no?

GL: Si vos tendrías que enumerar los delitos que comete Minera la Alumbrera o las mineras en general en la Argentina, ¿cuáles serían eso delitos?

FF: A mí me parece que hay tres o cuatro áreas complicadas en las investigaciones que cometen estas empresas. La primera es la de contaminación ambiental, la ley 24.051 es muy clara, hay niveles de contaminación muy precisos para cada uno de los minerales. Esto está para mí muy claro.

La segunda cuestión importante es que están autorizados por una simple resolución de una Administración de Aduana de los años noventa a exportar sin indicar qué exportan. Lo único que hacen es señalar el tonelaje de una sustancia que se nombra como barros de cobre o molibdeno en algún caso y nada más. Nadie le controla exactamente el grado de pureza, qué otros minerales llevan, etcétera. Entonces también el daño económico del contrabando es un tema que hay que investigar en profundidad.

Otro tema importante es el tema de la estafa, que puede estar cometiéndose al no reconocerse ganancias que si reconocieran deberían repartirse con el Gobierno de Catamarca y con el Sistema Interuniversitario Nacional. Te podría llegar a hablar también en una serie de infracciones que se cometen con ciudadanos comunes, donde les invaden las propiedades, donde se las contaminan para después negociar acuerdos irrisorios de compra de predios, etcétera… Es decir, yo creo que la gama es muy amplia.

GL: Ahora si ellos están sacando metales que no sabemos que sacan ni sabemos cuánto sacan, ellos mismos hacen la declaración jurada a piacere, si el Gobierno Nacional intentase mirar eso, controlarlo ¿Estaría desatendiendo los contratos firmados con esas empresas o no?

FF: No, lo que hace materia aduanera no. Es decir, el Gobierno puede exigir derogar la resolución de la Administración de Aduanas y hacer un control del mineral que se está saliendo por el Puerto de San Lorenzo y que se lleva a China, directamente, lo que en apariencia sería antieconómico, y podría hacer un control preciso sobre esos minerales, y eso permitiría también saber exactamente cuáles son las ganancias que tiene la empresa.

GL: Si se comprobase que el dique de cola que está, según sé, fracturado, filtrando hacia las napas. Si esto se pudiese,claramente, mostrar, ¿se podría pedir que se pare hasta que se resuelva el problema, si es que puede resolverse, la explotación?

FF. SÍ. Sí porque son normas de origen ambiental

GL: Esas normas no pueden ser… digamos, podrían ser aplicadas para frenar la explotación

FF: Exactamente

GL: Es decir que cualquier excusa que en este momento están dando muchos…

FF: El delito ambiental. El delito ambiental que en este momento se está cometiendo. Es como si a vos te estuvieran robando, vos ves que te están robando y dejás que te sigan vaciando la casa. Ésta es la realidad que está pasando, están contaminando es este momento. Vos ves que están contaminando y a pesar de que los procesas y qué sé yo, siguen contaminando. Hay que hacer cesar el delito. Este es el eje de la cuestión.

GL: Ahora, si vos tomás en cuenta la forma en que se ha movido la Justicia en las provincias donde esto está sucediendo. Yo conozco el caso de un juez que decía que estaba mal ese mineraloducto que estaba en el río Bis Bis, que él había dado la orden de sacarlo y que ya no era cuestión de él si lo sacaban o no. Yo lo escuché decir eso al hombre cuando estuvimos ahí, en Andalagá.

FF: Sí, hay muchas resoluciones judiciales que pueden ser discutidas o no, si se cumplen o no. Yo creo que en realidad hay mensajes en este momento un tanto contradictorio si vos querés decirlo. Por ejemplo, la Cámara Federal de Tucumán, donde yo trabajo, donde yo litigo, digamos, lo procesó a Julián Rooney por el delito de contaminación ambiental, y el delito intencional de contaminación ambiental. Ni siquiera negligente o culposo. Entonces, ahí hay un mensaje muy claro de una justicia federal que se muestra claramente independiente.

GL: Por último. ¿Cuál sería entonces la única solución que vos ves como posibilidad para frenar el auge de la minería en la Argentina?

FF: Yo creo que la militancia. La gente, la gente. El ejemplo que dio Andalagá es un ejemplo claro de que ellos pueden parar a una empresa minera, es decir: No dar la licencia social. Creo que el caso de San Jorge en Mendoza donde se juntaron 7.000 personas, me parece que también es otro mensaje claro de que no se da la licencia social. Me parece que es el eje de cualquier discusión, y a eso puede ayudar un Fiscal, un Juez, incluso algún funcionario público que se pare de manos y diga “Bueno por aquí no pasan”, qué sé yo, el administrador en la Aduana Nacional en la República Argentina que diga “Esperen, che, aquí basta. Vamos a empezar a controlar al centímetro qué es lo que se están llevando y van a tener que hacer las declaraciones juradas reales de lo que se están llevando”. Eso sería un obstáculo que seguramente las inversiones mineras se irían del país, porque la ganancia no está en el cobre que se llevan.

GL: Muchísimas gracias.

FF: De nada, nos vemos.