Droguerías a medida

Por Emilio García Aguirre

La vinculación entre las obras sociales de los sindicatos, los reintegros del Estado manejados a través de la APE y las droguerías especializadas en medicamentos de alta complejidad. La trama de un negocio armado por afuera de la distribución tradicional de los medicamentos, que sólo en los últimos dos años movió 1.700 millones de pesos.

No es fácil poner una droguería, menos aun administrarla para que dé un margen razonable de ganancia. El negocio de una droguería exige una fuerte inversión en logística (vehículos, depósitos y personal) y sobre todo un aceitado gerenciamiento para que la misma naturaleza del negocio no se termine comiendo al propio negocio: cada día hay que reponer entre una y dos veces a cada una de las farmacias. Como el margen bruto de ganancia de una droguería convencional no supera el 3%, requiere de mucho volumen para poder cubrir los costos y proporcionar ganancia al accionista.

¿Cómo se explica, entonces, que desde 2002 hayan prosperado más de 100 droguerías que sólo se dedicaron a abastecer, cada una, a una o pocas obras sociales, o a filiales de una obra social, como ocurrió con el Pami?

Aunque tienen la misma denominación y comparten la misma oficina de inscripción legal, es más fácil encontrar diferencias que semejanzas entre las tradicionales droguerías Suizo Argentina o del Sud, ambas con casi cien años de existencia con la judicialmente intervenida droguería San Javier de Néstor Lorenzo, el empresario procesado a quien la ex ministra Graciela Ocaña denominó como el Yabrán del negocio de la salud.

 

LA ESTRUCTURA TRADICIONAL
El Vademecum comercial está compuesto por unas 1.300 drogas, de las cuales 600 resultan imprescindibles según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las drogas restantes resumen en una sola pastilla dos o más drogas, algo sumamente útil y necesario para facilitar el tratamiento a los ancianos, que así no se ven obligados a ingerir varios comprimidos cada vez.
Existe un sistema de droguerías tradicional, un negocio con décadas de existencia, que cambió a partir de la década de los ‘90. En esa época comenzaron a tomar contratos como el del Pami, por los cuales algunas droguerías pasaron a manos de los laboratorios y otras fueron directamente creadas por los fabricantes.

Pero el cambio drástico comenzó tras la crisis de 2001 y sobre todo, a partir de 2003. A medida que las obras sociales controladas por los sindicatos fueron mejorando su situación de caja, con acceso a la financiación de medicamentos de alta complejidad, comenzaron a florecer más de 100 droguerías, cada una vinculada exclusivamente con una, a lo sumo dos obras sociales. Este tipo de negocio, dedicado exclusivamente a los medicamentos de alta complejidad que no pasan por la farmacia, llegó al extremo de que hubiera una droguería específica para cada filial del Pami.

San Javier se erigió como el ícono de las droguerías armadas a medida para las obras sociales sindicales. Son las que tienen acceso a la ventanilla de la Administración de Programas Especiales (APE), la polémica oficina que funciona en el ámbito de la Superintendencia de Salud y que fue sindicada como botín de guerra de Hugo Moyano y la mayoría del sindicalismo tradicional.

 

LA VENTANILLA DEL ESTADO: LA APE

Constituida como un fondo solidario, la APE reúne el dinero para financiar los carísimos medicamentos oncológicos y para otros tratamientos de alta complejidad, como la hemofilia, que no pueden ser pagados por los aportes regulares que reciben las obras sociales. Las investigaciones que llevan adelante los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío tienden a establecer si hubo desde la APE desvío de fondos hacia enfermos inexistentes o si, en el caso de la obra social bancaria, muchos de los medicamentos adquiridos eran en realidad adulterados.

Lo cierto es que el reparto de fondos desde la APE resultó lo suficientemente “democrático” como para compensar a decenas de gremios y también de obras sociales privadas los gastos en los que presuntamente incurrieron al otorgar a sus afiliados los carísimos remedios de alta complejidad.

Un repaso por el balance de la APE, disponible en su página web, arroja que en 2009 recibió solicitudes de reintegros por 936,8 millones de pesos por parte de las obras sociales, de los cuales terminó abonando 641,4 millones, un 68% del monto solicitado. Un año más tarde, en 2010, los requerimientos por reintegros se habían disparado a 1.609 millones de pesos. La APE abonó 1.090,3 millones: nuevamente, fueron pagados dos tercios de lo solicitado. Sólo que, de un año para el otro, el monto reintegrado a las obras sociales subió un 70%, en un contexto de inflación creciente, pero que ninguna consultora privada ubicó más allá de 25% para ese año.

 

 

UN REPARTO DEMOCRÁTICO
Lo llamativo es que si bien con el alejamiento de Ocaña la APE quedó bajo el control de un ex abogado de Moyano, los gremios opuestos a la conducción del camionero pudieron percibir importantes reintegros.

De hecho, la obra social que más reintegros percibió fue la de Empleados de Comercio, que encabeza Armando Cavalieri, con 54 millones de pesos en 2009 y 101 millones al año siguiente. Empleados de Comercio es el gremio más numeroso del país, con un millón de afiliados. Pero esa cifra, apabullante, no cambió significativamente entre 2009 y 2010. Los reintegros, en cambio, treparon al doble.

Otro gremio opositor, el de los gastronómicos de Luis Barrionuevo, percibió a través de su obra social reintegros por 18,2 millones de pesos en 2009 y 26,7 millones al año siguiente.

Los camioneros, tal como viene investigando la justicia, estuvieron también entre los más beneficiados por este sistema. En 2009 la obra social de los Choferes de Camiones cobró del APE reintegros por 17,6 millones de pesos, mientras que otra obra social, la de Conductores de Camiones, percibió otros 5,2 millones. Al año siguiente, Choferes cobró en la ventanilla del APE unos 26,7 millones de pesos y la obra social de los conductores, otros 9,2 millones. De un año al otro, los reintegros para la seguridad social de los camioneros subieron casi 60%.

La APE no sólo se encarga de las obras sociales tradicionales, sino que también reintegra gastos a prepagas para personal de dirección. Así, la tradicional OSDE cobró de la APE 20 millones de pesos en 2009 y otros 40 millones en 2010. Otra obra prepaga, Acción Social de Empresarios, percibió de la APE reintegros por 13,6 millones de pesos en 2009, que también se duplicaron ($27,1 millones) al año siguiente.

 

 

DROGUERÍAS “ESPECIALIZADAS”
Fue en ese contexto del reparto de millonarios reintegros que, entre 2004 y 2006, “florecieron” las droguerías especializadas en medicamentos de alta complejidad, que son las encargadas de hacer la gestión administrativa ante el APE, como mandatarias de las obras sociales.

San Javier, la droguería de Néstor Lorenzo que atendía a la obra social de los bancarios fue la que más reintegros por medicamentos de alta complejidad cobró de la ventanilla del APE en 2005. Al año siguiente, el ranking fue encabezado por ABC y le siguió luego Nexo Pharma.

Droguería	Montos Percibidos
	2004	2005	2006	2007	2008	Total
ABC	17.860.951	26.473.479	21.373.474	13.747.133	4.005.464	83.460.501
AMG Farma S.R.L.	0	236.169	146.773	95.650	0	478.592
Asimed	576.522	639.672	233.444	0	0	1.449.638
Cirugía Alemana S.A.	0	458.117	31.170	0	0	489.287
Compañía de Servicios Farmaceuticos	1.061.088	59.331	107.520	0	0	1.277.939
DIAXON S.A.	0	4.541.457	6.219.480	6.734.075	3.047.850	20.542.862
Droguería Eglis S.A.	0	0	558.148	286.443	0	844.591
Droguería Meta S.A.	0	0	3.277.053	1.053.067	0	4.330.120
Droguería Plaza S.A.	0	336.810	754.950	0	0	1.091.760
Droguería Romalá S.R.L.	0	257.152	732.148	1.741	0	991.041
Droguería San Javier	5.107.972	12.343.264	4.152.001	0	0	21.603.237
Droguería Trial Farma S.A.	1.389.698	3.261.595	18.210	0	0	4.669.503
Droguería Unilab S.A.	0	142.220	32.814	0	0	175.034
Farmacia Social Congreso S.A.	0	16.380	274.360	0	0	290.740
Farmanexus	0	0	0	1.080.201	1.027.096	2.107.297
Helios	7.501.092	6.757.587	1.636.297	25.581	0	15.920.557
La Botica de Julio	5.725	0	0	0	0	5.725
Latin Medical Group	0	74.500	2.000	0	0	76.500
Mega Farma S.R.L.	0	0	0	338.016	0	338.016
Prebifarm	2.286.200	0	0	0	0	2.286.200
Prima S.A.	5.900	0	0	0	0	5.900
Proesa S.A.	0	337.020	284.494	0	0	621.514
Sidwick	737.500	0	0	0	0	737.500
Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	0	663.360	0	0	0	663.360
Vita Pharma S.A.	0	0	0	5.456.515	0	5.456.515
Went S.A.	330.603	1.860.657	737.367	0	0	2.928.627

 

Desde 2008 hasta hoy, según fuentes del sector, la más fuerte es Droguería Urbana, la empresa de Marcos Hendler que abastece de medicamentos de alta complejidad al Sindicato de Camioneros y que es investigada por el juez Norberto Oyarbide. En su folleto de presentación, la Droguería Urbana plantea su eje sin mayores rodeos: “Somos una droguería especializada en la distribución de medicamentos oncológicos y terapias especiales”. Para aspirinas, mejor llamar a otro teléfono.

Los negocios de Droguería Urbana llevaron a un fuerte enfrentamiento político entre Hugo Moyano y la ex ministra Ocaña, quien fue la que debió renunciar a su cargo, tras las elecciones legislativas de 2009. Ocaña se había sentado sobre la caja de la APE, en reclamo de una mayor transparencia en la asignación de su generoso presupuesto. Moyano aducía que la gestión de la ex ministra los estaba conduciendo a una crisis financiera y exigía la liberación de aquellos fondos.

Uno de los abogados de Hendler es el ex camarista y ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, quien firmó personalmente una de las presentaciones en defensa del empresario. Pero a la vez, es sabido que Moyano tomó distancia de Hendler, a quien habría reprochado no su comportamiento, sino las numerosas evidencias que fue dejando en el camino.

 

¿OTRA ONCCA?

Cuando el negocio de las droguerías quedó en el centro de la escena a partir del triple crimen de General Rodríguez, el Gobierno comenzó a tomar distancia tan rápidamente como pudo, a pesar de que no pudo detener el procesamiento del ex superintendente de Salud y recaudador de la campaña presidencial para Cristina Fernández, Héctor Capaccioli. Una de las víctimas del triple crimen, Sebastián Forza, se encontraba abocado a la compra de una droguería quebrada, según trascendió pocos días después del asesinato, en el invierno de 2008.

El rumor más reciente es que el Gobierno estaría decidido a eliminar la APE, que cada día aprueba subsidios médicos por 1,5 millones de pesos, si bien su prespuesto es de 10 millones diarios. Las investigaciones que llevan sobre el tema tanto Oyarbide como Bonadío habría llevado a que ningún funcionario quiera quedar comprometido en asignaciones de fondos que podrían terminar en denuncias judiciales por la entrega de troqueles falsos.

De hecho, la fragilidad de los troqueles como elemento de prueba acaba de ser planteada por la defensa de Néstor Lorenzo, que solicitó una pericia para demostrar que no hay forma de establecer si un troquel es verdadero o falso.

Según los abogados de Lorenzo, esos cartoncitos que la obra social presenta como presunta prueba de la compra, en el caso de los medicamentos oncológicos, no llevan fecha ni número de partida.

Administrada por Daniel Russell, un abogado que representó al Sindicato de Camioneros, la APE ejecuta apenas el 10% de su presupuesto y podría seguir el mismo camino de disolución que la Oncca. Por el momento, Russell sigue en su cargo y reporta al ministro de Salud, Juan Manzur.